Plantea Rosa Icela Rodríguez siete reformas en materia de seguridad
Durante el segundo día de la Reunión Plenaria de Morena, en el Senado encabezada por el senador Ricardo Monreal, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, planteó a la bancada impulsar siete reformas en la materia, entre las que destaca que miles de millones de pesos podrían ser utilizados para el equipamiento de policías, lo cual, aseguró, podría hacer una gran diferencia al momento de enfrentar el crímen.
Aunque hay muchos avances importantes en estos tres años, hoy quiero compartir que para 2022 nos hemos planteado lo siguiente:
Pacificar las zonas del país donde aún persiste la violencia.
Promover la capacitación y equipamiento de policías estatales y municipales.
Apoyar el mejoramiento de los Centros Penitenciarios Estatales.
Contribuir al fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas.
Coadyuvar en la mejora de los procesos de judicialización de los delitos cibernéticos y, por supuesto prioritario atender la violencia contra las mujeres y las niñas, y no permitir la impunidad.
Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, seguiremos trabajando con un único esfuerzo: pacificar al país. Para lograrlo, esta Secretaría cuenta con distintas áreas especializadas, como la Policía Científica, la Policía Cibernética, el Centro Nacional de Inteligencia, Plataforma México, la Coordinación Nacional Antisecuestro y el Servicio de Protección Federal.
Nos encargamos también de administrar los Centros Penitenciarios Federales, de coordinar la atención de las emergencias y desastres naturales, así como la distribución de recursos a las entidades federativas para fortalecer a las instituciones policiales y la coordinación con las Secretarías Estatales de Seguridad. Y, por supuesto, el trabajo de la Guardia Nacional comandado por el General Luis Rodríguez Bucio.
Reiterar la disposición de la Secretaría a mi cargo para trabajar juntos en la consolidación del andamiaje legal que permita seguir fortaleciendo la labor del gobierno de México en materia de seguridad y protección ciudadana.
En este sentido, un asunto relevante es la reforma constitucional para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y un tema pendiente que sería importante incorporar a la agenda legislativa y que respetuosamente les pido, es revisar el destino de las cuentas bancarias incautadas al crimen.
¿Qué les parece? Utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se podrían ocupar en el equipamiento de nuestras policías, porque el uso del chaleco a veces hace la diferencia a la hora de enfrentar al crimen.
Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podría destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios.
Tal vez es momento de pensar nuevos esquemas para el aprovechamiento de estos recursos para el beneficio colectivo.
Para este tema, sin duda, se requiere revisar el marco legal que permita la coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, las instituciones del Sistema Bancario y demás instancias involucradas, a fin de contar con el mecanismo legal para el aprovechamiento social de estos recursos.
Sabemos que existe una necesidad real de equipar a los policías, quienes son el primer respondiente ante el delito.
Los podemos capacitar y profesionalizar, pero si no cuentan con las herramientas necesarias, su efectividad y desempeño será menor.
En otro tema, señalar que las innovaciones en la tecnología nos demandan también ajustes al marco legal, sobre todo para proteger la seguridad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que proponemos realizar reformas en materia penal para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen apología de la violencia y el delito, así como aquellos que tengan contenido sobre consumo de drogas.
También existe un vacío legal en la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado a través de las redes sociales, plataformas digitales y los videojuegos para dañar su integridad o involucrarlos en actividades ilícitas.
