Se suicida capitán implicado en red de “huachicol fiscal”
Ayer por la mañana se dio a conocer el fallecimiento del capitán de la Secretaría de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, implicado en el caso de la red de “huachicol fiscal”, aunque se comentaron causas desconocidas, posteriormente se manejó la versión de un suicidio.
La Marina institución, lamentó el deceso, envió sus condolencias a familiares y ofreció su colaboración para esclarecer el los hechos.
La primera versión afirma que Abraham Jeremías Pérez Ramírez, fue hallado muerto en sus oficinas durante el 8 de septiembre luego de que dicho hombre fuera mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico por presuntos sobornos en una red de huachicol fiscal.
Los hechos fueron informados por diversos medios de comunicación a través de redes sociales.
Aunque posteriomente, versiones de medios locales de Tamaulipas afirman que fue encontrado en un coche.
La Secretaría de Marina (Semar) compartió un comunicado poco antes de las 3:00 de la tarde en el que confirma el fallecimiento de uno de los elementos de la institución sin dar más detalles sobre las causas del mismo.
“La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden“, es parte del informe de la dependencia.
Aunque el integrante de la Semar había sido implicado en posibles sobornos, todavía no había una orden oficial de captura en su contra.
Un testimonio del caso, al que accedió el medio Milenio, señalaba a Abraham Jeremías Pérez como una de las personas que habría recibido sobornos por parte de quien ahora colabora con las autoridades y quien era colaborador de una estructura denominada Los Primos.
La muerte de Pérez Ramírez sucede luego de que apenas el 7 de septiembre pasado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) diera detalles sobre la detención de 14 personas, entre los que hay empresarios y funcionarios de la Marina, por su presunta relación en una red de huachicol fiscal.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada en su conferencia matutina sobre el caso. Aseguró que el almirante Rafael Ojeda, exsecretario de la Semar, fue el que denunció posibles irregularidades.
“Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto, de todas maneras, la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día”, comentó la mandataria.
Sheinbaum detalló que se le conoce como huachicol fiscal porque se trata de sustancias que no pagaban impuestos, pues se argumentaba que entraban al país de manera temporal para poder ser procesadas y luego exportarlas.
La carta de la institución:
“@SEMAR_mx La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, publicó la dependencia.
Cabe recordar, que el domingo, el gabinete de seguridad del gobierno federal anunció la detención de 14 personas implicados en la red de huachicol fiscal, entre ellos cinco marinos en activo y uno en retiro, entre los que destaca Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que hay más órdenes de aprehensión por cumplirse relacionadas al caso. El capitán que hoy falleció está señalado por un testigo protegido de la fiscalía de ser parte de una cadena de funcionarios que recibían sobornos a cambio de dejar pasar buques con millones de litros de combustible no declarado ante las autoridades mexicanas.
En cumplimiento de los principios que caracterizan a la presente administración para combatir la corrupción y la impunidad, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible.
Lo anterior se informó en conferencia de prensa por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
El secretario García Harfuch explicó que, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en marzo de este año en el puerto de Tampico —uno de los más grandes en la historia reciente—, se llevaron a cabo durante varios meses labores de investigación e inteligencia que permitieron revelar la existencia de una estructura criminal. Dichas indagatorias también hicieron posible identificar su logística de operaciones, basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, en el que participaron empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos.
A partir de estas labores se integraron carpetas de investigación y con la FGR se generaron los mandamientos judiciales correspondientes, resultado de esto se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Destacó que estas personas participaron en la red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos, por lo cual, quedaron a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente, a fin de avanzar en respeto al debido proceso y determinar responsabilidades.
El secretario García Harfuch también resaltó que para desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores, situaciones incongruentes con el perfil de las personas investigadas.
También se integró a 20 objetivos en la Lista de Personas Bloqueadas: personas físicas y morales relacionadas directamente con la red criminal.
Agregó que la investigación sigue en proceso, a fin de detener a todos los involucrados en este delito.
“Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración para combatir la corrupción y la impunidad”, subrayó.
En su turno, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, afirmó que el activo más valioso de la institución es su personal, por lo que mantienen mecanismos permanentes para detectar y sancionar malas prácticas conforme a derecho. “En la Marina no hay espacio para la impunidad”, dijo.
Agregó que se honra a la gran mayoría de mujeres y hombres navales que se conducen bajo los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, y se fortalecen los controles internos y procedimientos disciplinarios para salvaguardar el prestigio institucional que ha prevalecido por más de 200 años. Sostuvo que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es clara: cero tolerancia a la corrupción y defensa irrestricta del honor de la Secretaría de Marina.
Por su parte, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, apuntó que la fortaleza de la República está en el combate a la corrupción.
Recordó que, hace dos años, el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, presentó ante la Fiscalía una denuncia sobre diversas irregularidades detectadas en distintas áreas. A partir de esa acción, se emprendieron investigaciones que permitieron identificar conductas que rebasaban el ámbito de las funciones institucionales y que estaban vinculadas con actividades delictivas.
