La corrupción e impunidad inundan al IPN, en la 4T ha ido en aumento

* Hay denuncias en proceso en la FGR contra el mismo director del IPN Arturo Sandoval de parte de organizaciones civiles politécnicas

* Se espera que ahora Ernestina Godoy Ramos al frente de la dependencia ahora las CI se concluyan y se ejercite acción penal contra los responsables

* Las quejas siguen fluyendo en los planteles guinda y blanco, las autoridades se desentienden de ellas y hacen “oídos sordos”

La comunidad politécnica continúa con su legítimo derecho de defender sus beneficios y denunciar la ola de corrupción que sigue imperando en una de las dos máximas casas de estudios del país, cada vez es más frecuente que salgan a la luz pública expedientes de desvíos de recursos, tráfico de influencias, abusos laborales, entre otros.

En diciembre del año pasado vía X el usuario Reyzar publicó que el Bloque democrático del “@IPN_MXexigiendo lo que les corresponde por derecho y denunciando la corrupción que se vive con la administración de @ArturoReyesS_, @Claudiashein @ClaraBrugadaM”.

Asimismo, ante la Fiscalía General de la República (FGR) La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentran carpetas de investigación iniciadas por presuntos actos de corrupción, peculado y tráfico de influencias en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que involucran a altos funcionarios actuales y anteriores.

Entre las principales investigaciones recientes incluyen denuncias contra el director del IPN Arturo Reyes Sandoval de parte de la Fundación Politécnico A.C. tanto en el ámbito penal como civil, por supuestos ilícitos de peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. Se le acusa de intentar usurpar las funciones de la Fundación a través de una nueva asociación («Corazón Guinda y Blanco») y de ordenar la terminación unilateral del convenio con la Fundación, afectando la entrega de becas.

También la dependencia ahora a cargo de Ernestina Godoy Ramos se inició una carpeta de investigación en contra de Javier Tapia Santoyo actual secretario de Administración del IPN (quien fue suspendido temporalmente de su cargo mientras se realizan las investigaciones de la FGR y otras autoridades), por presunto enriquecimiento ilícito y por otorgar contratos millonarios a empresas consideradas «fantasma» o fachada. Las denuncias, algunas presentadas por la organización TOJIL, señalan un posible desvío de recursos públicos por más de 3 mil 600 millones de pesos, provenientes de presupuestos de salud cuando Tapia era tesorero del ISSSTE, y también de contratos en el IPN.

Las indagatorias de la dependencia federal siguen en curso y buscan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables en caso de encontrar delitos federales.

Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), esperando que ahora si la FGR consiga pruebas sólidas y lleve a los Tribunales a los responsables y a su vez se den las sanciones correspondientes, no quede solamente en buenas intenciones y pasen a empolvarse en la reserva durmiendo “el sueño de los justos”.

Recientemente en X se publicó un comunicado de la sección XI del SNTE-CNTE en lo referente al pago a los trabajadores de la segunda parte del aguinaldo del 7 de enero, donde a decir de los empleados del Politécnico que manifiestas que “este comunicado intenta normalizar pagos que son nuestros derechos laborales, mientras el IPN enfrenta una crisis de credibilidad por los señalamientos de corrupción, enriquecimiento de funcionarios, desvío de recursos y uso discrecional del presupuesto. Hoy el problema del IPN no es la dispersión de una quincena, sino la falta de transparencia, el silencio de las autoridades y la ausencia de rendición de cuentas, en contraste con carencias en escuelas, personal y condiciones laborales. La comunidad politécnica exige claridad y justicia, no solo comunicados administrativos”.

En las redes se divulgó que “a la par la Sección 60 del SNTE emite el siguiente comunicado. ´Se necesita ser muy cara dura o muy arrastrados con la administración para pretender que se les crea que realizaron una negociación. el aguinaldo y demás pagos son derechos de los trabajadores, no requieren de ninguna negociación con la SHCP. y el bono es una prestación por derechos adquiridos esta dependencia, nunca la va a autorizar porque tendría que hacerlo a todo el sector educativo, por eso es el IPN quien lo ha pagado desde hace más de 25 años. Compañeros no se dejen engañar por este sindicato lame botas y mucho menos por Ratabello. Por indicaciones de nuestro secretario general, Carlos Gómez Rodríguez, se informa que se ha alcanzado un acuerdo con la administración para el pago de los conceptos que se encontraban pendientes, mismos que se estarán cubriendo… Los conceptos considerados son: segunda parte de aguinaldo, retroactivo de la beca EDD y SNII, estímulo de fin de año al personal docente, y campos clínicos”.

En Facebook aparecen publicaciones como “Corrupción con Color Guinda, ´El saqueo brutal´, desde el 2019, hemos sido testigos de un saqueo sin precedentes. Tanto el IPN como la DGETI han sido exprimidos brutalmente bajo el cobijo de la impunidad. Mientras que en el Politécnico ya han comenzado las labores para limpiar el ´cochinero´, en la DGETI la mugre sigue acumulándose en los bolsillos de López Saldaña y sus cómplices. ¿Por qué la SEP sigue sorda y muda ante las denuncias? La evidencia es ABRUMADORA y el cinismo de las

autoridades es una bofetada para los trabajadores y estudiantes”.

El reciente escándalo que sacudió lo cimientos de la casa de estudios ocurrió en los últimos días del año pasado, donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo actual secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante su gestión en esa institución y anteriormente en el ISSSTE.

Dicho señalamiento enfoca principalmente sobre un contrato plurianual de servicio integral de limpieza asignado a la empresa Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V., por un monto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos, con vigencia de 2025 a 2028. La adjudicación ha sido cuestionada debido a que presuntamente se otorgó de manera directa, limitando la transparencia y la competencia entre otras empresas del sector.

En la denuncia correspondiente se asienta que la firma beneficiada ha sido relacionada con otras corporaciones que serían parte del llamado “Cártel de la Limpieza”, un entramado de empresas señaladas por obtener contratos públicos mediante prácticas irregulares, tráfico de influencias y uso de documentación apócrifa.

Los señalamientos contra Tapia Santoyo no son nuevas, previamente, mientras ocupaba cargos administrativos en el ISSSTE, fue señalado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por adjudicar contratos a empresas fantasma, varias de ellas identificadas por el Servicio de Administración Tributaria como inexistentes. Los señalamientos incluyen posibles delitos como cohecho, evasión fiscal, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos, fraude en contrataciones y tráfico de influencias.

Asimismo, trabajadores vinculados a los servicios subcontratados han denunciado que no fueron registrados correctamente ante el IMSS, lo que implica una posible evasión millonaria en cuotas obrero-patronales y una afectación directa a sus derechos laborales y prestaciones de seguridad social.

Debido a la gravedad de los hechos, la Secretaría Anticorrupción solicitó no solo su separación del cargo, sino también el bloqueo de su acceso a correos institucionales y sistemas internos del IPN, como medida preventiva para evitar la alteración de información o el entorpecimiento de las investigaciones.

La FGR y otras autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los involucrados. De confirmarse las irregularidades, el caso podría derivar en procesos judiciales por corrupción, desvío de recursos públicos y abuso de funciones.

Lo anterior ha generado preocupación dentro de la comunidad académica y entre organizaciones de transparencia, al evidenciar nuevamente los riesgos de opacidad en la asignación de contratos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia en las instituciones del Estado.

Pero, los escándalos no solamente son dentro de las instalaciones politécnicas, sino también fuera de ellas, en una entrevista radiofónica Miguel Alfonso Meza periodista independiente, colaborador de Tojil y coautor de la investigación sobre el administrador y vocero del IPN, implicados en una red de presuntos desvíos en salud y enriquecimiento ilícito habló sobre esta denuncia.

Meza refirió que tras varias investigaciones se logró identificar a una red profesional que sabe administrar empresas “fantasma”, incluso hay hospitales donde se ha identificado el desabasto, “la investigación no inició con Javier Tapia en sí, sino data de dos años por Interacción Biomédica que fue identificada como la empresa ´fantasma´ más grande del país en el sector salud, por sí sola recibió más de mil 600 millones de pesos, hace algunos años se presentó una denuncia en su contra, y eso permitió que se tuviera acceso a otras investigaciones de las autoridades y se conocieron todas las transaccione que tenía con otra firma ´fantasmas´, se comenzó a investigar a un par de socios a partir de ahí se detectó la red con una participación de 84 socios al compartir la información y encadenarla, a partir de ahí se logró conocer que en un principio participaban 127 empresas solamente que a algunas no se les pudo vincular con las irregularidades”.

Las empresas en conjunto recibieron 333 millones de pesos de hospitales públicos, de instituciones de salud, de la FGR, Secretaría de la Defensa Nacional, y del mismo IPN, “es una red criminal que ha ido evolucionando con los años no se habla de un caso de corrupción de un año, sexenio, hablamos de una década

También la comunidad politécnica ha denunciados casos en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del IPN, donde a decir de los politécnicos, “muchos en la ESCA Santo Tomás meten a sus familiares en los exámenes de oposición, doctor Arturo Reyes Sandoval investigue los actos en el CEC y T número 19 Leona Vicario en Tecámac por los casos de cambio de turno, y los conflictos de intereses que se pueden estar manejando, así como también las becas que por segundo año se están negando a los alumnos. solicitamos se investigue”.

Cabe señalar que en este plantel se registró el caso de Diego “N” alumno de este plantel educativo que fue detenido y llevado a juicio por la FGJCDMX por delitos sexuales, en dos caso salió absuelto, por lo que alumnas del Politécnico cuyas fotografías fueron modificadas sexualmente por Diego “N” se manifestaron al exterior de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás para exigirle a los directivos del plantel que no acepten el reingreso del agresor una vez que fue absuelto, acusan que en casos anteriores de violencia, a los atacantes solamente los cambian de plantel. Además, exigen que las autoridades politécnicas cumplan el pliego petitorio en el que piden la reparación del daño en cuanto a las pérdidas académicas, asignaturas reprobadas por ocupar su tiempo para la atención del caso, así como programas integrales que aseguren que ningún agresor digital continuará inscrito o como académico en el IPN. Así las cosas en esta casa de estudios donde se olvida el lema de su nacimiento “La técnica al servicio de la patria”.