No quieren más funcionarios “patito” en la administración y procuración de justicia
Leonardo Juárez R.
La bancada de Acción Nacional en el recinto Legislativo de Donceles y Allende, promovió ayer una iniciativa que tiene el objetivo de sancionar y evitar que los servidores públicos se ostenten con la profesión, para la que no tienen la capacidad técnica en el desempeño de un cargo, en concordancia al mandato Constitucional al derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente.
Al respecto, el legislador Luis Chávez García expuso que los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas están sujetos a procesos de selección de méritos personales, en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas, “no como Ulises Lara López que no es abogado y logró un título en Derecho gracias a su cuñado Martí Batres y el tráfico de influencias en el GCDMX”.
Recalcó, “en los hechos algunos nombramientos suelen ser a beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares, o de grupo en perjuicio del bienestar público. Como sucede con la corrupción de Morena en la capital y Ernestina Godoy Ramos buscó proteger hasta el último día de su gestión al frente de la FGJCDMX”.
Enfatizó, “el relevo de la exfiscal Ernestina Godoy, Ulises Lara López quien se desempeñaba como vocero de la Fiscalía, en su último día en el cargo Godoy lo nombró Coordinador General de Investigación Territorial, hecho que le permitió quedarse al frente de la dependencia encargada de procurar justicia en la metrópoli”.
Insistió, “el nombramiento de Lara López fue más una maniobra política que una designación basada en méritos, en este caso la lealtad fue más importante, como dice el presidente López Obrador. Para el gobierno de la 4T la preparación académica no interesa, no se requiere capacidad alguna y la deshonestidad se desborda significativamente. Los métodos utilizados por Ulises Lara para obtener un título y una cedula profesional son cuestionables”.
Apuntó, “para perseguir delitos y tratar con las víctimas se requiere experiencia, preparación, capacitación, méritos y no recomendaciones políticas. Se trata de mejorar la profesionalización y los valores éticos”.
Por lo anterior, el GPPAN presentó ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el código penal del Distrito Federal con un artículo de nueva creación el 259 BIS capítulo II Ejercicio Ilegal y Abandono del servicio público.
Dicho artículo refiere que “… Comete el delito de servicio público fraudulento, la persona que labora en la administración pública, en los Órganos de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía General de Justicia o en el Poder Judicial de la Ciudad de México, sin contar con los conocimientos para el servicio público, o bien se ostente con un grado de estudios que no posee. De igual manera comete este delito, el servidor público que de manera ostensible y en plazos de tiempo reducidos, presenta documentos que lo acreditan con un grado de estudios que no poseía y para los que en la práctica se requieren protocolos de tiempo amplios.
Se impondrá prisión de dos a seis años, al servidor público que teniendo conocimiento de no contar con los estudios y conocimientos que el servicio público requiere, ostenta el cargo de servidor público en la Administración Pública, en Órganos de Seguridad Ciudadana, en Órganos de Procuración de Justicia, en la Fiscalía General de Justicia o en el Poder Judicial de la Ciudad de México”.
