Padres de normalistas exigen aceptar asistencia técnica internacional

El GIEI ha dado un golpe más al cúmulo de mentiras que el gobierno y en específico Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación han emitido a los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa, al señalar que las capturas de pantalla que revelan lo que supuestamente integrantes de Guerreros Unidos,  hicieron con los 43 normalistas, podrían no ser auténticas, según lo comentó Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El experto comentó que no se puede determinar, mediante el estudio de la meta data de los ficheros, la autenticidad de los mensajes, dado que no es posible verificar la fecha de su creación original.

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, apuntó que es fundamental investigar el por qué se entregaron dichos mensajes, quién los entregó y cómo se obtuvieron.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señalaron que tras el peritaje no fue posible confirmar la veracidad de estos elementos, dados a conocer en agosto pasado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, además de negar la posibilidad de verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurado a la cuenta de WhatsApp en la cual se realizó la copia tipo screen shot o captura de pantalla, objeto de análisis”.

Señalan como inconsistencias el hecho de que, en la versión original de WhatsApp se observa que no se utilizaba, a la fecha, el icono de videollamada.

El screen shot presenta un entorno visual diferente.

El doble check azul de los mensajes capturados mediante screen shot, aparentemente en octubre de 2014, no es coherente, ya que esta funcionalidad fue incorporada a la aplicación el 20 de noviembre del mismo año.

Durante la conferencia de prensa que celebraron en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y tras concluir el mandato este 31 de octubre, los expertos del GIEI anunciaron que propondrán al gobierno la creación de un mecanismo de seguimiento, conformado por dos de los integrantes que han investigado el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde hace siete años: Ángela Buitrago y Carlos Beristain.

En agosto, la comisión presentó un documento que señalaba el posible destino de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, basado parcialmente en 467 capturas de pantalla de intercambios de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo ayer que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes”.

Las capturas de pantalla son, en algunos casos, la forma de escritura de los presuntos criminales, distinta a la que muestran otras evidencias, principalmente el seguimiento al grupo criminal Guerreros Unidos y sus secuaces que realizó la DEA en esos años.

En otros casos, la versión de WhatsApp de las fotos de los mensajes no coincide con la que existía entonces. En otros más, los metadatos de las capturas no coinciden con las fechas de los mensajes.

En su última comparecencia de prensa conjunta, el GIEI, que apuesta ahora por convertirse en un “mecanismo de seguimiento” integrado por dos de sus cuatro expertos, ha insistido en separar el trabajo de la comisión, del que ha realizado estos años la tercera pata investigativa, la unidad especial para el caso de la Fiscalía General de la República (FGR).

El grupo ha insistido en que la unidad no ha usado información del informe de la comisión y que, por tanto, sus detenciones no están en peligro. En el trabajo de la Fiscalía, una de las evidencias más importantes la componen los mensajes intercambiados entre los criminales y autoridades, estos sí verificados, acumulados por la DEA, en su oficina de Chicago en la época.

La diferenciación del trabajo de la Fiscalía y la comisión que ha hecho el GIEI viene a cuento por la confusión generada en las últimas semanas, a partir de la última batería de órdenes de captura obtenidas por la Fiscalía, 83 en total, 20 contra personal del Ejército. Militares detenidos y sus abogados han tratado de difundir la idea de que su detención partía de la informeación de la comisión, en entredicho por la inconsistencia de las 467 capturas de pantalla.

El caso más claro de lo anterior es el del general José Rodríguez. Detenido a mediados de septiembre, la comisión le acusa en su informe de haber ordenado el asesinato de seis de los 43 estudiantes normalistas, que habrían sido mantenidos cautivos después del ataque. Esta acusación se basa en parte de los mensajes que el GIEI ha invalidado este lunes. Su detención responde, sin embargo, a las pruebas que maneja la Fiscalía de su posible colaboración con Guerreros Unidos, principalmente los chats de Chicago.

Los expertos criticaron los movimientos del titular de la FGR estos meses, Alejandro Gertz, que forzaron la salida del titular de la unidad de la dependencia para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. En agosto, el fiscal general desplazó a Gómez Trejo de la unidad, delegando parte de su trabajo en la Fiscalía de Asuntos Internos, que además de abrir una investigación interna -una medida de presión, según el GIEI- canceló parte de las 83 órdenes de captura, la mayoría contra militares.

Hasta hoy, la FGR no ha explicado el motivo de cancelación de las órdenes, pero el GIEI y los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han criticado la intromisión tanto de Gertz como del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuya insistencia en acelerar las investigaciones ha generado desequilibrios y desconfianzas entre los grupos de investigadores. La última consecuencia, la partición del GIEI, como ya ocurrió en el Gobierno anterior.

Uno de los integrantes del GIEI que deja el grupo, el abogado chileno Francisco Cox: “¿Preguntan por qué nos vamos? Primero, no se compartió información con el GIEI”, ha dicho, en referencia a las 467 capturas de pantalla, que la comisión presentó a familias y expertos el mismo día que las hizo públicas, sin verificación alguna.

Cox ha señalado a Gertz. “Otro motivo es la intervención del fiscal general en la UEILCA”, la unidad de la dependencia para el caso Ayotzinapa. “Y luego hubo una reunión para tomar decisiones respecto del caso, como dijo López Obrador”. Así y todo, el GIEI ha suavizado su regaño a la comisión y su encargado, Alejandro Encinas, criticado por columnistas y opinadores en el país, comparado incluso con Tomás Zerón o Jesús Murillo, los dos encargados del caso con Peña Nieto, hoy acusados de diferentes delitos.

El fiasco de los mensajes no tiene que ver con la verdad histórica, ha dicho la guatemalteca Claudia Paz, en referencia a la narrativa de Zerón y Murillo, que señalaba que los 43 fueron quemados en un basurero, relato elaborado mediante la tortura de decenas de detenidos. “Hemos tenido acceso a todos las capturas y gracias a eso hemos podido hacer el peritaje. Es cierto que conocimos tarde los chats, pero luego tuvimos acceso. Y ciertamente no se ha torturado a nadie para fabricar nada”.

Una de las expertas que se queda, la colombiana Ángela Buitrago, ha alertado del retroceso que ha supuesto la salida de Gómez Trejo, que llevaba desde junio de 2019 en el caso, y la llegada de un nuevo titular a la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra, totalmente ajeno a las investigaciones hasta hace dos semanas. A mediados de noviembre, ha dicho, vence el plazo para presentar pruebas adicionales contra detenidos y acusados en agosto, parte del grupo de los 83.

Buitrago ha insistido además en que el Ejército sigue sin entregar información importante para el caso, documentos que reflejan el seguimiento de presuntos integrantes de la red criminal de Iguala en el momento del ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y en días posteriores.