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Vinculan a proceso a alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves

Una juez de Control del Reclusorio Norte dictó el auto de vinculación a proceso en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves y tres de sus colaboradores por su probable participación en los delitos de robo calificado y abuso de autoridad; en el caso de la alcaldesa, también por la probable comisión del delito de discriminación.

En mensaje de medios el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México  Ulises Lara López, recordó que este caso se derivó de la denuncia de los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes señalaron haber sido agraviados con conductas al margen de la Ley cometidas por Cuevas Nieves y sus subordinados, tales como agresiones verbales y físicas en repetidas ocasiones, además de ser despojados de sus radios de transmisión y ser videograbados.

Indicó, al acreditarse la posible comisión de los delitos señalados, la autoridad judicial determinó iniciarles proceso, fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria dos meses que se cumplen el próximo 17 de mayo, y ordenó girar oficio para reiterar las medidas cautelares, impuestas el pasado lunes, consistentes en:suspensión temporal del cargo, tanto para la alcaldesa, como para los otros tres servidores públicos imputados, la prohibición para salir del país sin autorización, la prohibición para acercarse, comunicarse o concurrir a donde se pudieran presentar las víctimas, y la obligación para presentarse a firmar de manera periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Recalcó, “la autoridad judicial ordenó la suspensión temporal del cargo, más no la destitución del mismo. Esta medida cautelar aplica solamente en el caso de servidores públicos, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas cautelares, como la propia Ley lo señala permiten asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso, garantizar la seguridad de las partes y evitar la obstaculización del procedimiento”.

Aseveró, “en este caso delitos como abuso de autoridad, robo y discriminación, posiblemente cometidos por servidoras y servidores públicos, quienes están obligados a poner el ejemplo y hacer cumplir la Ley, no a infringirla. El uso de cualquier tipo de violencia física, verbal, psicológica o institucional, generada por la propia autoridad, es contrario al principio de responsabilidad constitucional que tenemos las y los servidores públicos.Atentar contra la dignidad de las personas bajo el amparo del poder que otorga un cargo público, es inadmisible”.