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Informan a Sedena sobre mandamientos judiciales contra jefes militares

José Ángel Somera

La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de las 20 órdenes de aprehensión libradas por el juzgado II de procesos penales federales con residencia en Toluca, Estado de México en contra de mandos y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala, Guerrero, a quienes se les relaciona con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa los días 26 y 27 septiembre de 2014, así como de fechas posteriores.

El informe al área jurídica de la Sedena tiene la finalidad de que se proceda a ubicar al personal castrense que ha sido rotado desde septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos en Iguala a la fecha, para indicarles del requerimiento.

La FGR explicó que el personal militar requerido enfrentará proceso en penal en el fuero común y no en el Militar, de tal manera que  una vez que sean localizados y requeridos por el instituto armado sean presentados ante el juez mexiquense. En este caso, ya fue detenido y vinculado a prisión preventiva oficiosa el exprocurador General de la República quien se encuentra interno en el Reclusorio Norte.

El juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, le decretó el sábado pasado prisión preventiva justificada,  su defensa solicitó la ampliación del término constitucional por lo que se espera que se le defina si se le vincula o no a proceso penal el próximo miércoles 24 de agosto, enfrenta los cargos de tortura, desaparición forzosa y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

En este caso la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó y obtuvo al citado juzgado mexiquense 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en Iguala, cinco autoridades administrativas y judiciales deGuerrero, a 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

La FGR en sus investigaciones los relaciona con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores, los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.