Procesan a exfuncionario de extinta Sedesol por caso de “Estafa Maestra”
José Ángel Somera
Un juez federal dictó el auto de vinculación a proceso en contra de JoséAntolino Orozco Martínez, quien fuera director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),por ser probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), recordó que a finales del mes pasado, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra de Orozco Martínez, quien en el tiempo en que se suscitaron los hechos fungía como servidor público de la entonces de la extinraSedesol.
Apuntó, posteriormente se llevó a cabo audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso, por hechos consistentes en que esta persona probablemente contrató ilícitamente, servicios con recursos públicos, a una casa de estudios del estado de Morelos. En la audiencia inicial, la defensa particular solicitó el diferimiento de la misma para dar oportunidad de presentar un dictamen pericial, razón por la cual se programó la continuación para los primeros días de octubre.
Indicó, en esta audiencia, el juez de Control resolvió vincular a proceso a José Antolino Orozco, respecto de los hechos imputados por la FGR, decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgando un plazo de investigación complementaria de 60 días naturales.
De acuerdo a la carpeta de investigación Orozco Martínez contrató en 2014, ilícitamente servicios con recursos públicos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 77 millones 847 mil 14 pesos con 40 centavos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación, contraviniendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos subcontrató el 93.98% del importe recibido y además no prestó el servicio.
