Desfalcos e irregularidades arroja informe de la ASF
David Rogelio Colmenares, Auditor Superior de la Federación realizó la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, mismos que arrojan posibles desfalcos y serias irregularidades por parte de varias instituciones como son: el Instituto Nacional de Migración, el Insabi y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la administración del hoy gobernador, Alfonso Durazo.
Considerando los cierres de las auditorías se realizaron en consuno y conocimiento de sus contenidos por parte de cada uno de ellos, de manera que se señalan probables daños al patrimonio federal por 5,751.3 millones de pesos, así como montos por aclarar por 6,501.6 millones de pesos. Arrojando un total de 12,153 millones de pesos de recursos públicos sin aclarar.
De acuerdo con las cuentas, el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, generó daños al erario por 143 millones 251 mil 249.84 pesos, derivado de la adquisición de cuatro contratos con diversas empresas del ramo tecnológico, algunas de ellas con indicios de ser fantasmas, y que fueron pagados a sobre precio.
Por lo que respecta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a cargo de Alfonso Durazo Montaño, se registraron múltiples irregularidades e incumplimientos con las políticas de austeridad republicana, al rebasar su presupuesto para “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”, en un 101%, lo que significó un total de 581.2 millones de pesos.
También se encontraron deficiencias en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, como haber entregado apoyos económicos a fallecidos y dar 7,068 mil pesos a padres y niños que no se identificaron.Secretaria de Bienestar otorgó en 2019 y 2020 pagos por 66,000 pesos a 19 personas que estaban muertas.
Además se entregaron 8,000 pesos a un niño, dirante el año 2020, siendo que este infante había fallecido en el 2018, al igual que dos mujeres y un menor que reibieron 16,000 pesos en 2020, pero fallecieron en 2019.
David Colmenaras señaló que desde el ámbito de incidencia de la ASF, el fin institucional es salvaguardar la correcta ejecución de los recursos públicos. Ello tiene repercusiones positivas directas en el buen funcionamiento de los entes públicos y, por ende, en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, y en la calidad de los bienes y servicios que se proveen en los tres órdenes de gobierno.
Cuando se subraya el carácter técnico de la fiscalización, podría interpretarse que se trata de un ejercicio paralelo o tecnocrático a la realidad cotidiana de las y los ciudadanos. No es así, porque los efectos de la fiscalización superior inciden positivamente en el correcto uso de los recursos públicos.
En este sentido, es importante destacar que la definición de nuestro Programa Anual de Auditorías obedece a una valoración multifactorial, que permite focalizar las revisiones en asuntos clave del gasto público.
Los economistas solemos usar el término “costo de oportunidad” para explicar que cada decisión tiene un costo específico, como resultado del resto de alternativas que finalmente no son consideradas.
Para la ASF, la retroalimentación de los legisladores es un importante insumo para la determinación de las auditorías que se programarán en el Programa Anual de Auditorías; de ahí la relevancia de las actividades de coordinación que sostenemos con la Comisión de Vigilancia.
En el caso de las revisiones al Gasto Federalizado, que constituyen un hito relevante de nuestras auditorías, hemos adoptado un enfoque novedoso que nos está permitiendo gradualmente que las revisiones no sólo comprendan muestras, sino la totalidad de los montos asignados a fondos y programas. Se trata de una apuesta basada en el aprovechamiento de la tecnología, pero sobre todo en la experiencia y especialización de nuestros auditores, para que la muestra fiscalizada sea del cien por ciento.
Otro cambio positivo que deseo enfatizar se refiere a la revisión continua del Programa Anual de Auditorías en el marco legal que lo rige.
Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 teníamos previstas 1,523 auditorías. En agosto de este año añadimos 100 revisiones, es decir, la programación vigente consta de 1,623 auditorías.
Del total de auditorías programadas, hoy presentamos 625 revisiones concluidas que se suman a las 125 presentadas el 30 de junio, con lo cual se totalizan 750 auditorías, que equivalen a más de 46% con respecto al total incluido en el
Programa Anual, del cual se dará cuenta en su totalidad en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior en febrero próximo.
Estas 625 auditorías están distribuidas entre las de Gasto Federalizado -que incluye a los Estados y municipios-, las de Cumplimiento Financiero y las de Desempeño.
En cuanto al tipo de entes, se practicaron 143 revisiones a instancias federales, de las cuales una corresponde al Poder Judicial, 135 al Poder Ejecutivo, 3 a Órganos Autónomos y 4 a universidades autónomas.
Por su parte, las revisiones a instancias locales suman 482, distribuidas de la siguiente forma:
230 a Entidades Federativas
101 a Municipios y Alcaldías de la CDMX
67 a Universidades Estatales (Tecnológicas y Politécnicas)
84 a Otras Entidades Locales (32 a Congresos Estatales; 12 a Poderes Judiciales Locales; 27 a los Colegios de Bachilleres Estatales,12 a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales y una al Organismo Público Descentralizado local denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México).
