Exponen ante Segob caso del doctor Fernando Romero investigado por la Fiscalía Edomex

*Piden revisar la reapertura del expediente

*Gremio médico acudirá a instancias federales 

Luego de reabrir un expediente que se originó en 2013 y derivó en una acción penal por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra el médico cirujano plástico Fernando Romero, quien sigue un proceso por homicidio doloso causado por supuesta negligencia médica que presuntamente ocasionó la muerte de Miguel Ángel Zapata Cisneros, entonces director de Seguridad Pública de Metepec, familiares y organizaciones de médicos denunciaron arbitrariedades en la investigación, incongruencias en la elaboración del expediente y abuso de poder del órgano judicial, por lo que presentaron el caso ante la Secretaría de Gobernación (Segob).

El caso en el que Ana María Iglesias Rebollo acusa al doctor Fernando Romero fue presentado ante la Unidad de Apoyo al Sistema Judicial (UPSJ) adscrita a la Segob, en donde fue recibido junto con una exposición de hechos sobre el procedimiento de investigación de los casos relacionados con el acto médico que involucra víctimas y erróneamente se tipifica como delito doloso con violaciones a los derechos humanos.

Con el respaldo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), la Federación Colegiada de Cirugía Plástica de México (FCCPM) y el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER), el caso del doctor Fernando Romero que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue expuesto a un comité de la UPSJ en donde se destacó “evidentes inconsistencias en el proceso judicial en la que se desecharon las pruebas presentadas por la defensa de los implicados en el supuesto delito, lo que representa una afectación a la credibilidad, profesionalismo y profesionalismo de las actividades estéticas de la cirugía plástica en el país”.

Durante la reunión de ambas partes, los funcionarios de la Segob emitieron recomendaciones entre las que destacan presentar demandas judiciales y penales en contra de diversas autoridades del poder judicial del Estado de México involucrados, así como la revisión de la reapertura del expediente del doctor Fernando Romero.

Subrayaron que sus demandas se centrarían en contra de la fiscalía del estado, el juez y demás funcionarios que llevaron y reabrieron el caso en la cual se implicó al doctor Fernando Romero por supuesta negligencia médica, indicó el comité conformado por los abogados Gerardo Garrido, Gerardo Montaño Ramírez, Rodrigo Morales Torres y Fernando Hernández Guzmán.

El comité reconoció que la información presentada es comprobable y está contenida en las carpetas correspondientes, por lo que darán seguimiento y asesoramiento a los denunciantes que en esta ocasión fue un grupo de 30 personas que sólo solicitaron audiencia con la dependencia sin manifestarse o bloquear avenidas.

Por su parte, representantes del doctor consideran “preocupante que la Fiscalía haya permitido la difusión de mantas en Paseo Tollocan y otras avenidas, en las que se señala al doctor como ‘el monstruo de Toluca’ y ‘asesino’, además de emitir un boletín de prensa tendencioso un día antes de la audiencia, dándole difusión a nivel nacional bajo el contexto del 8 de marzo”, puntualizaron.

Asimismo aseguraron que atenderán las recomendaciones de la Segob y entregarán toda la documentación requerida para proceder legalmente conforme a lo sugerido. Y reiteraron que el caso debe ser revisado por una instancia superior.

Familiares del doctor Romero agradecieron la atención de la Segob y expusieron la preocupación del gremio, ya que “cuando un médico enfrenta un proceso penal en condiciones que generan dudas técnicas, lo que está en juego no es solo una persona: es la seguridad jurídica de todo el personal de salud”.

Asimismo la organización ‘Médicos por México’, entregaron un oficio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, para exponer la intranquilidad del gremio sobre irregularidades procesales, tipificación del delito y abuso de poder en el sistema judicial del estado de México.

Por su parte, Ricardo Romero hermano del acusado Fernando Romero, señaló que también se ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el abuso de poder en contra del cirujano plástico y pidió analizar con rigor técnico, peritajes especializados y respeto el debido proceso.

Cabe recordar que el proceso se lleva a cabo en juzgados de Almoloya de Juárez donde familiares, colegas y amigos han realizado diversas manifestaciones con la petición de garantías al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como una revisión imparcial del caso.

El supuesto homicidio

De acuerdo con la recopilación de hechos, en 2013 cuando Fernando Romero realizó una liposucción a Miguel Ángel Zapata Cisneros, entonces director de Seguridad Pública de Metepec, en un Sanatorio de Toluca, de acuerdo al dicho de los familiares, la cirugía no presentó complicaciones iniciales, sin embargo el paciente abandonó el hospital con el apoyo de Ana María Iglesias Rebollo a las seis horas de haber sido intervenido quirúrgicamente y sin alta médica firmada.

Ana María Iglesias Rebollo -la hoy demandante-, salió con su entonces esposo Zapata Cisneros sin alta médica de la clínica donde se realizó la liposucción, por lo que el paciente presentó complicaciones que aunque fueron atendidas por el doctor Romero posteriormente, la querellante negó en su declaración.

Pese a que el doctor recomendó una laparoscopia exploratoria para tratar una anomalía detectada, el paciente Zapata Cisneros se negó y fue llevado por su esposa Iglesias Rebollo al Hospital General de Toluca donde falleció. “Lo que complica y hace absurdo este caso es que no se realizó una necropsia y el cuerpo fue incinerado. Sin estos estudios, no hay prueba que lo exculpe, es cierto, pero tampoco que lo culpe”.

Uno de los puntos críticos señalados por la familia, es que en 2018 la Comisión de Arbitraje Médico emitió un dictamen a favor del cirujano, determinando que actuó conforme a la praxis médica. No obstante, el caso fue reabierto este 2024 y reclasificado como homicidio doloso.