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Diputados aprueban la Ley de extorsión

La Cámara de Diputados aprobó la minuta devuelta por el Senado que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con penas que alcanzan hasta los 42 años.

El dictamen aprobado por el Congreso endurece las sanciones: ahora la ley establece una pena de prisión de al menos quince años como mínimo y hasta veinticinco años como máximo para quienes sean declarados culpables de este delito.

Esta decisión eleva considerablemente los umbrales propuestos originalmente, que preveían sanciones de seis a quince años de cárcel.

Las modificaciones afectan únicamente al primer artículo del decreto, correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Uno de los argumentos expuestos por los senadores es que las penas iniciales podrían beneficiar a personas actualmente condenadas por extorsión, lo que motivó el endurecimiento de las sanciones previstas.

La reforma no se reduce a los tiempos de cárcel. Por primera vez, el texto del proyecto obliga a que las autoridades responsables actúen “con pleno respeto a los derechos humanos”, una disposición que no figuraba en la minuta proveniente de la colegisladora.

Para fortalecer la investigación y persecución de este ilícito, se establece que las fiscalías, tanto federales como locales, deben contar con unidades especializadas, personal ministerial y policial capacitado, evaluado y certificado en delitos de extorsión.

En tanto se ponen en operación estas nuevas unidades, las encargadas del combate al secuestro asumirán provisionalmente la investigación de los casos de extorsión.

La iniciativa contempla incrementos de penas en situaciones agravantes. Cuando el acto de extorsión es facilitado por servidores públicos o por autoridades penitenciarias que consientan las condiciones o medios para que se perpetren estos crímenes, la sentencia se eleva: se añade un castigo extra de tres a cinco años, además del rango general de quince a veinticinco años de prisión.

La ley busca atacar un delito que este año ha alcanzado cifras récord con un incremento interanual del 7% en los primeros seis meses para llegar a 5,887 víctimas registradas. Según cifras oficiales, 2025 es el año con más extorsiones desde que hay registro.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó también reformas con el fin de unificar la definición del delito de extorsión en todo el país y homologar las sanciones aplicables. Hasta ahora, este crimen se tipifica, investiga y castiga de manera diferente en cada estado.

La ley de extorsión y las modificaciones aprobadas el martes establecen que el delito y los actos vinculados “se investiguen y persigan de oficio”, por lo que ya no será indispensable que las víctimas presenten una denuncia para que las autoridades actúen. Asimismo, se permitirá que cualquier persona reporte de forma anónima.

Así, se busca revertir las bajas tasas de denuncia. Según cifras oficiales, el 96.7% de los casos de extorsiones no se reportan debido a la desconfianza en las instituciones encargadas de la impartición de justicia.

La nueva normativa, que deberá ser aprobada por la mayoría de congresos locales del país para entrar en vigor, establece penas que van de 15 a 42 años de prisión.

Además, incluye sanciones de entre 10 y 20 años de cárcel para los funcionarios que no denuncien la extorsión. Y las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan la extorsión enfrentarán una pena de 15 a 25 años de prisión.

«La extorsión es el delito que más crece en México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo. Hoy millones de mujeres y hombres en este país que tienen que pagar un impuesto ilegal, y se lo pagan a los extorsionadores, a los delincuentes», dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, la opositora Kenia López.

Además, se sancionará a los reos que usen dispositivos electrónicos con una pena de seis a 12 años, que se aplicará también a los funcionarios y demás personal de los centros penitenciarios que permitan la entrada de celulares y otros medios.