Tribunal Supremo americano da “luz verde” a captura de migrantes en LA
El Supremo Tribunal de la Unión Americana concedió este lunes a los agentes de inmigración detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, al suspender un fallo temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.
La agencia EFE reportó que con una votación de seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal americano dio la razón al gobierno del presidente Donald Trump, quien apeló el fallo de un juez federal que detuvo temporalmente en julio pasado las redadas migratorias en Los Ángeles, basadas simplemente en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o el trabajo que realizan.
Manifestó, el dictamen representa un duro revés para los inmigrantes del sur de California afectados por las redadas masivas, en tanto, Pedro Vásquez Perdomo, el inmigrante que encabeza la demanda judicial contra la Casa Blanca, aseveró “cuando ICE me detuvo, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Es racismo con placa”.
La EFE recalcó que la decisión del Supremo Tribunal bloquea la orden de la jueza Maame Frimpong, del Distrito Central de California, que en julio pasado prohibió temporalmente las redadas migratorias indiscriminadas en la zona metropolitana de Los Ángeles y otros dos condados, y que fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones.
La resolución de la magistrada se dio en respuesta a una demanda presentada por inmigrantes y ciudadanos americanos afectados por las redadas, y por organizaciones defensoras de derechos humanos que denunciaron que en los operativos masivos iniciados el pasado 6 de enero se han cometido múltiples violaciones constitucionales y discriminación racial.
Aunque el juez del Tribunal Supremo Brett M. Kavanaugh detalló en el fallo de este lunes que la ley federal establece que las detenciones migratorias basadas en sospechas razonables de presencia ilegal, «han sido un componente importante de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos durante décadas», a lo largo de varias administraciones presidenciales.
El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos John Roberts y la jueza asociada de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, refieren que antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense Joe Biden, en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., el 7 de marzo de 2024.
Mientras que la jueza de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor, destacó a nombre de los tres miembros liberales del Supremo que votaron en contra que «innumerables personas» en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o el trabajo, por lo que la decisión de hoy del Tribunal refleja un «grave abuso» en los fallos de emergencia.
En tanto, Mark Rosenbaum asesor legal de Public Counsel y uno de los abogados demandantes, recalcó que la decisión de hoy permite a la Administración Trump «reanudar las redadas racialmente discriminatorias en Los Ángeles», lo que otorga a los agentes federales la facultad de detener a personas sin pruebas ni el debido proceso simplemente por el color de su piel, el idioma que hablan o el trabajo que desempeña.
Asimismo, Teresa Romero presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) que también forma parte de la demanda, alertó que fallo de la Corte Suprema americana pone a los trabajadores agrícolas, y a todo californiano que parezca o suene como si pudiera ser inmigrante «en mayor peligro”. La decisión del máximo tribunal estadounidense representa una victoria significativa para la Casa Blanca que impulsa su política de deportaciones masivas y había puesto como uno de sus principales objetivos Los Ángeles, y puede crear un precedente para operativos en grandes ciudades con gran concentración de inmigrantes.
Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles han generado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes federales, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el gobierno del magnate presidente Donald Trump.
De esta manera la Corte Suprema de los Estados Unidos despejó el camino para que los agentes federales llevaran a cabo amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles, el último triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump en el alto tribunal. La mayoría conservadora levantó una orden de restricción de una jueza que determinó que las «patrullas itinerantes» estaban realizando arrestos indiscriminados en Los Ángeles. La orden había prohibido a los agentes detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.
El gobierno republicano de Trump argumentó que la orden restringía incorrectamente a los agentes que llevaban a cabo su amplia represión de la inmigración ilegal. La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también intensifican la aplicación de la ley en Washington en medio de la toma federal sin precedentes de la capital americana por parte de Trump y el despliegue de la Guardia Nacional.
En un fuerte desacuerdo al que se unieron sus dos colegas liberales la jueza Sonia Sotomayor advirtió: «Incontables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, sus acentos y el hecho de que se ganan la vida haciendo trabajo manual. Hoy, la Corte innecesariamente somete a muchas más a estas mismas indignidades».
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que los oficiales de inmigración apuntan a personas basándose en su presencia ilegal en el país, no en el color de piel, raza o etnia. Aun así, el Departamento de Justicia argumentó que la orden restringía incorrectamente los factores que los agentes de ICE pueden usar al decidir a quién detener.
La administración de Donald Trump dio inicio esta semana nuevos operativos en Boston y Chicago, dos ciudades lideradas por los demócratas y que tienen en pie políticas para proteger a las comunidades migrantes, el aumento en la presencia de agentes federales en ambas ciudades llega a la vez que el mandatario ha amenazado con desplegar también a la Guardia Nacional, y a efectivos militares. Los gobiernos locales han rechazado fuertemente una acción de este tipo, que ha sido calificada por expertos legales como «ilegal». El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el operativo estará centrado en detener a «extranjeros criminales ilegales» que han «acudido en masa» a Chicago porque saben que el «gobernador y sus políticas de santuario los protegerá y permitirá estar libres en las calles de Estados Unidos».
