Recibe FGR doloroso revés jurídico, pierde caso de corrupción del PJF

La Fiscalía General de la República (FGR) acumuló otro doloroso revés jurídico, ahora al perder el juicio del mayor escándalo de corrupción en el Poder Judicial Federal (PJF), donde se acusó en 2011 al exsecretario de acuerdos Esiquio Martínez Hernández de enriquecimiento ilícito y “lavado de dinero”, con una cuenta bancaria de 432 millones de pesos.

De acuerdo al portal de un diario de circulación nacional el 28 de junio de 2021 se dio la sentencia que no se había dado a conocer públicamente del III Tribunal Unitario en materia penal en la Ciudad de México, que absolvió a EsiquioMartínez y ordenó su liberación tras diez años de permanecer recluido en un penal.

En este caso la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en ese entonces a cargo de Maricela Morales Ibáñez, fue vital ya que de no ser así no se habría investigado, en el proceso de éstaparticipó la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien actualmente es consejera y persona cercana a la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Norma Lucía Piña Hernández, por aquella época fungía como secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que le informara si Esiquio “contaba con alguna declaración informativa de salida o de internación al país de dinero”, o si tenía reporte de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes”.

La PGR acusó a Esiquio Martínez de ser probable responsable de un delito de enriquecimiento ilícito, y dos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También procedió en su contra por delincuencia organizada y defraudación fiscal, pero no prosperaron esas acusaciones.

Lo anterior afectó a dos de sus hermanos porque fueron encarcelados, después se les liberó tras ganar amparos, al demostrarse que no había pruebas para acusarlos de parte de la PGR.

Para 2011 estalló el escándalo donde salió a relucir que el exsecretario trabajaba bajo las órdenes de Álvaro Tovilla León juez IX de distrito en materia Administrativa, el fallo que absolvió a Esiquio Martínez fue dado por el III Tribunal Unitario en materia penal en la Ciudad de México y fue dictada el 28 de junio de 2021, misma que no se había dado a conocer públicamente.

Antes de la sentencia, el exservidor público federal envió un escrito al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en ese momento titular de la SCJN, donde denunció irregularidades en su proceso y solicitó su intervención porque ya llevaba nueve años cinco meses en la cárcel y pedía que se dictara sentencia.

En el expediente se refiere que Miguel Francisco González Canudas, entonces director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del CJF, pidió a la PGR investigar al exsecretario por inconsistencias en su patrimonio. La magistrada Lilia Mónica López Benítez pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que le notificará si Esiquio “contaba con alguna declaración informativa de salida o de internación al país de dinero”, o si tenía reporte de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.

En la misiva enviada al ministro Arturo Zaldívar, el exsecretario resaltó que todo se originó por una llamada telefónica de una persona que solo se identificó como integrante de “Los Zetas”, quien supuestamente le depositó diversas cantidades de dinero. El 27 de mayo de 2011Esiquio Martínez fue detenido en el edificio de los juzgados de distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y fue trasladado al Reclusorio Norte.

Relató que un secretario del juzgado III de distrito de procesos penales Federales le confió que el asunto fue radicado en dicho órgano por instrucciones del consejero de la Judicatura Federal, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, por tratarse de un asunto relevante. El juzgado era presidido por el juez Ricardo Delgado Quiroz, quien se había desempeñado como agente del Ministerio Público cuando Cabeza de Vaca fue titular de la PGR.

El caso se le desmoronó a la FGR debido a que el Ministerio Público Federal adscrito al caso recabó sus estados de cuenta sin orden de un juez, violando con ello el secreto bancario.