Fracasa política social del Gobierno Federal
El presidente Andrés Manuel López Obrador usa a la pobreza como botín político para construir clientelas electorales en lugar combatir la lacerante desigualdad del país, indicó la senadora Lupita Saldaña Cisneros frente a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
Durante la comparecencia de la funcionaria federal con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno, la legisladora panista sostuvo que los números no mienten: “Según el Coneval, de 2018 a 2020 las personas en condiciones de pobreza aumentaron en casi 4 millones y se estima que en 2022 la cifra sea aún mayor”.
De igual manera, destacó que en materia de pobreza extrema en el mismo periodo pasamos de 8.7 a casi 11 millones y que los hogares más pobres beneficiarios de programas sociales han disminuido: “En 2016 era del 68 por ciento y actualmente sólo es un 52 por ciento, o sea que casi 20 por ciento de los hogares más pobres han quedado desprotegidos por la política social de esta administración”.
Y la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones, lo que significa que hoy en México a casi 30 millones de personas no les alcanza para comer, apuntó.
De ese tamaño es el fracaso de la política social del gobierno de Morena, expresó en tribuna la senadora por Baja California Sur.
Asimismo, remarcó que la razón por la que vamos tan mal en esta asignatura es porque este gobierno desmanteló el sistema de salud, retrocedió en educación, canceló las estancias infantiles, acabó con las escuelas de tiempo completo y con los comedores comunitarios.
En la actualidad, añadió, la población sin servicios de salud aumentó de 2018 a 2020 a 15 millones de personas, y en consecuencia creció 40 por ciento el gasto en salud con atención privada de las familias más vulnerables.
“350 mil mexicanos acuden diariamente a los consultorios anexos a las farmacias”, advirtió.
Mientras se desaparecían decenas de programas de apoyo al campo, se creó Sembrando Vida, que no son empleos ni apoyos productivos, más bien es un programa que ha sembrado pobreza en el campo, asentó.
Asimismo, resaltó que con la eliminación de decenas de programas de apoyo al campo se ha generado mayor dependencia alimentaria, pues hoy importamos más de la mitad de los alimentos que consumimos.
En cuanto a desigualdad refirió que hoy estamos peor que nunca; en cuatro años se han agudizado las condiciones de inequidad y atraso, y a pesar de que se aumentó el salario mínimo, los precios en los productos de la canasta básica se han elevado como no sucedía hace 40 años.
Para ilustrar lo anterior, ejemplificó que en el sexenio pasado el kilo de tortillas costaba 13 pesos en promedio y hoy su costo es de 21 pesos, por lo que cuestionó: ¿Así cómo va a servir el aumento al salario mínimo si en consecuencia no hay un manejo inteligente y responsable de la economía?
También mencionó que, si bien los recursos que reciben las personas adultas mayores han aumentado, este incremento ha beneficiado más a los hogares más ricos.
Por ello consideró que la política social ha sido un fracaso, toda vez que está basada en transferencias monetarias universales sin planeación, sin focalización de necesidades, sin diagnóstico y sin evaluar los indicadores de impacto.
La senadora Lupita Saldaña agregó que “es lamentable que cuando hablamos de política social no podamos dejar de mencionar la palabra corrupción, porque los programas que hoy se leyeron aquí, en su mayoría, no tienen reglas claras y específicas de operación transparente. La propia Auditoría Superior de la Federación lo ha señalado puntualmente”.
Al final de su intervención hizo notar a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que el gobierno maquilla datos y oculta la realidad, y que pasará a la historia como el que promueve la mentira más infame de “primero los pobres”, mentira que sostienen y alimentan con demagogia.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyescompareció ante el Pleno del Senado de la República, con motivo del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.
El senador Gilberto Herrera Ruiz, de la bancada de Morena, destacó que este gobierno sacó, durante su primer año, a todos los adultos mayores del medio rural de la pobreza extrema. Además, subrayó que se aumentó al doble el salario mínimo, por lo que ahora se encuentra sobre la línea de pobreza, ya que se “se trata de una política cercana al pueblo”.
La senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, de Acción Nacional, denunció que, a pesar de la inversión en política social, la cantidad de personas en pobreza va en aumento, lo que se debe a que el objetivo de este Gobierno es “aumentar las clientelas electorales, en lugar de combatir la lacerante desigualdad”.
En tanto, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, subrayó que, durante los primeros tres años de la presente administración, el gasto social fue menor a lo destinado en el gobierno anterior, pero “lo peor es que ni siquiera llegan a los hogares de los más necesitados”, pues sólo 30 por ciento de las familias se beneficia de algún programa social.
La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, aseguró que es necesario replantear la política social del gobierno actual, ya que el programa para personas con discapacidad sólo alcanza al 16 por ciento de la población, por lo que ni es universal ni se puede garantizar este derecho consagrado en la Constitución.
En su oportunidad, la senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, urgió a modificar las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a fin de permitir que la población de 29 años de zonas urbanas se beneficie del mismo, ya que dichas reglas sólo permiten que sea para unos cuantos.
El senador Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, señaló que la política de bienestar no consiste en “dar limosna buscando clientelas electorales”, pues hoy se puede presumir al mundo que en México se consolida un Estado popular de bienestar. “Estamos haciendo realidad el gran principio de primero los pobres”.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano, de Encuentro Social, destacó que 2.5 millones de personas fueron rescatadas de caer en la pobreza, a través de la Pensión Universal de Personas Adultas Mayores y la de personas con discapacidad, junto con las becas Benito Juárez, por lo que “el Estado es hoy y será garante de derechos, los cuales son irrenunciables, universales y de complemento obligatorio”.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, del PRD, señaló que existe información de servidores públicos que pudieran haber recibido dobles pagos o incumplir con la justificación de éstos, ya que, destacó, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, hay personas con dos contratos simultáneos, registrados en la nómina de los denominados Siervos de la Nación, por un monto que asciende a 562 millones de pesos, sin justificar.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, manifestó que, de acuerdo con este informe, la política social del Gobierno federal prioriza los apoyos económicos a los grupos de población en situación de desventaja, y refleja que la cantidad de personas beneficiarias es mayor cada año; sin embargo, “a pesar de estas medidas, no se ha logrado disminuir la cantidad de personas en situación de pobreza en el país”.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que todos los recursos que se destinan a los pobres son bien empleados y desde la Secretaría de Bienestar no se evaden responsabilidades.
Dijo que todos los días se atienden las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación, y “somos de las dependencias más auditadas, porque en el ánimo republicano y de un proyecto de nación, está la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos”.
Destacó que, el programa Prospera, se usó con fines electorales y operaba con una gran opacidad” a través de sus vocales, además de que no combatió la pobreza, ya que el viejo régimen dejó más de 50 millones de pobres.
Nosotros -continuó-, planteamos una política de bienestar que genera un ingreso mínimo para las familias más pobres, “estamos consolidando un Estado que hoy se hace cargo de las desigualdades y las combate de frente, estamos eliminando la burocracia para destinarlo al subsidio directo a los beneficiarios”.
Afirmó que en esta administración hay una política de bienestar que opera a través de un grupo de servidores públicos, sujetos a la ley de responsabilidades administrativas.
Subrayó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Aplicados, en 2020, durante el período de la pandemia, mil 627 municipios del país redujeron su pobreza; mil 425 de ellos redujeron la pobreza extrema, mientras que ingreso de las familias rurales creció en 3.8 por ciento.
Ariadna Montiel también mencionó que, de los 623 municipios con presencia indígena, 424 redujeron su pobreza extrema por primera vez, y resaltó que no hubo recortes a la inversión social en materia de salud y educación, ni tampoco hubo endeudamiento público.
La funcionaria federal dijo que se eliminaron “todos aquellos programas del campo que lo único que hacían era engordar las bolsas de los dirigentes campesinos aprovechándose de la pobreza del medio rural. Tenemos una gran convicción por las transferencias no condicionadas”.
Destacó que actualmente se beneficia a 3.6 millones de personas de comunidades indígenas que viven en municipios pobres, que ahora cuentan con un ingreso que les ha permitido afrontar la pandemia, y que se apoya a 25 millones de familias más pobres de México.
