La Reforma Electoral, una vacilada: Abraham Bagdadi

La llamada Reforma Electoral impulsada por Claudia Sheinbaum es una vacilada, nace en el peor contexto posible: violencia creciente, polarización política, ruptura con la oposición y una deliberada ausencia de diálogo. No hay construcción de consensos, no hay diálogo con las voces disidentes. Lo que hay es imposición. Y cuando una reforma que toca el centro del sistema democrático se procesa desde una sola visión, sin acuerdos amplios, deja de ser política y deja de ser democracia. Es, simple y llanamente, un proyecto de poder, afirmó el dos veces exdiputado federal, Abraham Bagdadi.

La sola forma en que se ha construido debería bastar para desecharla. Pero aun si se analiza en frío, el contenido confirma las sospechas: ambigüedades, trampas técnicas, regresiones institucionales y un diseño que favorece a la mayoría gobernante. No hay un punto que fortalezca la pluralidad o mejore la representación. Todo apunta al control.

Uno de los aspectos más delicados es otorgar mayores facultades al Instituto Nacional Electoral para regular redes sociales y determinar qué es falso. El antecedente es peligroso. En el pasado, denuncias ciudadanas sobre el huachicol fueron calificadas como falsas y, tiempo después, se comprobó que eran ciertas. ¿Quién decide la verdad? Las instituciones no pueden ser juez y parte. Aunque la intención se disfrace de combate a la desinformación, el riesgo es evidente: censura selectiva. La libertad de expresión no puede depender del humor del poder. La verdad se debate y se aclara, no se decreta desde el Estado, afirmó Bagdadi Estrella.

En la Cámara de Diputados se plantea mantener 500 curules, pero con una redistribución que esconde la trampa. Con las normas actuales se evita la sobrerrepresentación —aunque Morena encontró la forma de romper eso y se apropió a la mala de las posiciones pluris en San Lázaro—, y con la reforma se crea un sistema para que sea legal ese abuso.

Ahora pretenden que 97 lugares serían para los más votados dentro de su partido, es decir, para segundos lugares, y el resto por circunscripción. Los segundos lugares dejan fuera a las minorías; la idea de las pluris es que las minorías tengan voz, no simular un sistema democrático en el que, si no ganan los grandes partidos pero quedan en segundo lugar, se queden con la pluri. Eso no es proporcionalidad, eso es farsa.

Sobre el tema de la circunscripción de pluris, es otra vacilada. En la práctica, el ciudadano votaría entre decenas de nombres, generando elecciones tipo “acordeón”, como las que vimos en la renovación del Poder Judicial. El elector no tendría claridad. No se respetaría el porcentaje de votación para los partidos; sería una especie de otra elección. Es una vacilada que pretende dejar fuera a las minorías, a las voces incómodas. La gente no entiende lo grave de esto. El pretexto es el costo, pero caro es no tener contrapesos.

Eso no es fortalecer la democracia, es afinar el control. Y se rompe con la proporcionalidad. La idea es que el partido tenga el número de pluris de acuerdo con el porcentaje que reciba de votos. Además, cuando esto se implementó, Reyes Heroles también pensaba en la presencia de todas las voces, en calmar a los grupos enojados, que encontraban en las tribunas los caminos para luchar por sus causas; dejarlos fuera hasta podría generar violencia, aunque México está lleno de ella y ya no se notaría.

Las ocho curules para mexicanos en el extranjero también generan polémica. No se trata de negar derechos, sino de debatir su proporcionalidad y su impacto. Quienes no viven la inseguridad, la inflación o la crisis de servicios públicos en el territorio nacional terminan decidiendo sobre realidades que no padecen cotidianamente. La representación debe equilibrarse con la responsabilidad de vivir las consecuencias. Esos que desde lejos aplauden las locuras no las viven, huyeron de ellas.

El esquema propuesto además reduce la verdadera representación de minorías. Los segundos lugares absorberían espacios que deberían garantizar pluralidad. Distinto sería que los más votados de cada partido integraran una lista plurinominal ordenada por prelación, de mayor a menor votación, y así se contendiera por las pluris, premiando esfuerzo y reflejando diversidad. Pero no: el modelo actual permitiría que, incluso quedando en segundo lugar, un partido como Morena conserve una alta proporción de plurinominales. Reforma a modo.

En el Senado se reduciría el número total a 96: 64 por mayoría y 32 por primera minoría, desapareciendo la lista nacional. Hay recorte, sí, pero también concentración. Menos voces, menos contrapesos. Mejor disminuir salarios en el Senado, pero dejar a mayor número de representantes. Pueden ahorrar evitando el robo en la obra pública, si eso es lo que quieren.

La reducción del 25% en recursos a partidos y al INE suena popular, pero puede traducirse en precarización institucional. Se plantea desaparecer los OPLE y los tribunales electorales locales, así como las 300 juntas distritales federales que operan directamente cada proceso. Menos estructura significa menos capacidad logística, menos supervisión y mayor margen para errores o manipulaciones.

Los partidos con menos recursos no tendrían manera de tener presencia en territorio, de hacer trabajo. Es evidente que quieren debilitar y desaparecer a la oposición; quieren un partido único tipo Cuba. Con esta medida pretenden desaparecer al PT y al Verde, y es que Morena no los soporta, dicen que salen muy caros y que aportan muy poco.

En fiscalización se insiste en que el INE tendría acceso total a operaciones financieras y se prohibirían aportaciones en efectivo, apoyándose en inteligencia artificial para rastrear recursos. El problema no es la herramienta, sino la voluntad política. Ya existían facultades similares y poco pasaba. Sin autonomía real, cualquier mecanismo es letra muerta. Todos vieron los malos manejos de Morena en los procesos pasados y nunca se actuó, y en sus tiempos se vieron los abusos y excesos y el órgano electoral tampoco actuaba.

Se rinden al poder y al dinero los organizadores. La verdad es que deben dar más libertades. Los que han estado en partidos saben que hay numerosos gastos pequeños que son difíciles de comprobar, como la movilidad de la gente a regiones donde el transporte es precario. Ni comidas, ni boletos ni hospedaje se pueden documentar.

La reducción de tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos por emisora limita la difusión de propuestas, favoreciendo a quien ya tiene posicionamiento y recursos paralelos. Ya se ha dicho que pobre es una democracia si los partidos no tienen manera de difundir sus propuestas, mientras que los partidos afines del gobierno tienen todo el tiempo que quieren en medios.

Además, los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral y desaparecería el PREP, mecanismo que ha dado certeza preliminar durante décadas. Sin PREP, la opacidad crece. Quieren manipular los resultados y que los partidos no tengan conocimiento del desarrollo de los resultados. Opacidad y descaro.

Se incorporan medidas como la prohibición del nepotismo y la eliminación de la reelección inmediata. Suenan bien en discurso, pero eliminan herramientas que permitían premiar o castigar desempeño en las urnas. Sin reelección, el incentivo es obedecer al partido, no al ciudadano.

Es curioso que en esto que no pueden controlar quieran meter control, pero en el gobierno federal, que sí tienen el control total, el nepotismo esté muy presente: familias enteras se benefician, los Batres, los hijos de Taddei del INE, los Monreal, la familia de AMLO, la familia de Rosa Icela, por citar algunas. Es una hipocresía; son familias enteras que forman parte de esa rapiña y control.

Dice Claudia que esas propuestas responden al “sentimiento del pueblo”, pero la democracia no se reforma desde la sospecha ni desde la ventaja. Se reforma con consensos, con apertura y con reglas que generen confianza para todos. Cuando solo una fuerza define el juego, la reforma deja de ser democrática y se convierte en estrategia de permanencia. Y eso, en un país herido por la violencia y la desconfianza, es una apuesta demasiado riesgosa.

Una reforma electoral debe ampliar derechos, fortalecer autonomía y generar confianza compartida. Esta hace lo contrario. No perfecciona la democracia: la condiciona. No equilibra el juego: lo inclina. Y cuando el árbitro es presionado, el financiamiento es desigual y la estructura territorial se desmonta, lo que queda no es competencia; es manipulación del resultado.

Por eso, sostengo que no hay un solo punto que valga la pena aprobar. Es una mala reforma porque parte de una mala premisa: que la democracia estorba cuando no garantiza la victoria. Pero el capricho de AMLO sigue amenazando a la democracia.