Plan México, entrampado; carece de estructura
Francisco Javier Vázquez Burgos
El llamado Plan México, presentado como una estrategia para detonar la inversión y el crecimiento económico, enfrenta un entorno adverso que pone seriamente en duda su viabilidad. Más allá de los montos anunciados —que pueden alcanzar uno, dos o hasta tres billones de pesos—, especialistas y analistas financieros coinciden en que el problema central no es la cantidad de recursos, sino la ausencia de condiciones estructurales que garanticen certidumbre, legalidad y seguridad para la inversión privada.
Diversos diagnósticos del sector financiero advierten que, sin reglas claras y estables, cualquier esfuerzo gubernamental corre el riesgo de quedarse en el terreno del discurso. La falta de certeza jurídica, los cambios regulatorios a mitad del camino y el debilitamiento de las instituciones han generado un ambiente en el que los capitales no sólo evitan llegar, sino que continúan saliendo del país. En estas condiciones, señalan analistas, la inversión privada difícilmente se sumará a esquemas de coinversión con el Estado.
Los datos confirman esta tendencia. Estimaciones coincidentes indican que, durante los últimos siete años, México ha registrado una fuga anual de capitales de entre 8 mil y 12 mil millones de dólares, particularmente en instrumentos de deuda. Se trata de capitales de cartera altamente volátiles, que reaccionan de inmediato ante señales de riesgo político, incertidumbre legal o discrecionalidad en la toma de decisiones públicas. Esos recursos que abandonan el país son, paradójicamente, los mismos que el gobierno pretende atraer mediante anuncios de grandes planes de inversión.
Esta salida sostenida de capitales exhibe la fragilidad estructural de la economía mexicana. El país mantiene una alta dependencia de flujos financieros de corto plazo, extremadamente sensibles a cualquier mensaje negativo proveniente del poder político. A ello se suma un crecimiento económico limitado, el estancamiento de la inversión fija bruta y una dependencia creciente de factores externos como las remesas y el desempeño de la economía de Estados Unidos. En este contexto, expertos advierten que anunciar programas multimillonarios sin corregir previamente las causas de la desconfianza incrementa los riesgos financieros y fiscales.
El componente más ambicioso del Plan México es la inversión en infraestructura. Tan sólo en este rubro se contemplan 900 mil millones de pesos, a los que se pretende agregar otros 722 mil millones. Sin embargo, la experiencia reciente en materia de obra pública genera dudas fundadas sobre la eficacia de estos recursos. Proyectos emblemáticos del actual gobierno han enfrentado retrasos, sobrecostos y severos cuestionamientos técnicos. En varios casos, los montos finales duplicaron los presupuestos originales y los resultados han sido calificados como ineficientes o incluso disfuncionales.
Entre los ejemplos más citados se encuentran el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico —señalado por operar con infraestructura ferroviaria obsoleta—, la megafarmacia del sector salud y la empresa estatal LitioMx. Analistas coinciden en que estas obras no cumplieron los objetivos prometidos y que, en los hechos, beneficiaron principalmente a proveedores con vínculos políticos con el grupo en el poder.
Con estos antecedentes, especialistas consideran previsible que una parte relevante de los recursos anunciados para el Plan México enfrente los mismos problemas: costos inflados, retrasos sistemáticos, baja calidad y escasa rentabilidad social y económica. En ausencia de un marco legal sólido y de mecanismos efectivos de supervisión, la inversión pública corre el riesgo de traducirse en mayor endeudamiento sin impacto real en el crecimiento del país.
Pese a este escenario, México aún conserva márgenes de maniobra. Economistas señalan que una revisión profunda de las reglas de inversión permitiría corregir distorsiones históricas y evitar acuerdos desventajosos. La clave es establecer leyes claras, procesos transparentes y esquemas reales de rendición de cuentas que generen confianza y hagan viable la participación del capital privado en proyectos estratégicos.
Existen además coyunturas financieras que podrían aprovecharse mejor. La deuda externa de México ronda los 600 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 245 mil millones corresponden al gobierno federal. La reciente apreciación del peso frente al dólar ha reducido el costo real de esa deuda, lo que abre la posibilidad de evaluar esquemas de conversión de deuda externa a deuda interna. No obstante, este tipo de decisiones exige planeación, seriedad y una conducción responsable de la política económica.
El relevo en la Presidencia representa un punto de inflexión. Claudia Sheinbaum recibe un país con debilidades económicas acumuladas y con una reputación internacional deteriorada por la incertidumbre jurídica, el debilitamiento institucional y la percepción de impunidad. Para modificar este escenario, no bastará con administrar los programas heredados ni con repetir consignas. Deberá asumir un compromiso explícito con la democracia, respetar de manera plena la división de poderes, garantizar la autonomía de las instituciones y revisar de fondo la reforma judicial, hoy cuestionada por su impacto en la independencia de jueces y magistrados y en la certeza jurídica.
En este contexto, la credibilidad del Estado mexicano también se ve erosionada por los señalamientos que pesan sobre diversas figuras políticas. La prensa nacional e internacional ha documentado investigaciones y menciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado. Entre los nombres que han aparecido en reportajes y análisis se encuentran Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos; y Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, hasta hace unos días, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Aunque no se trata de sentencias judiciales, estos señalamientos inciden directamente en la percepción de riesgo país y en la confianza de los inversionistas.
A la par, la nueva administración tendrá que enviar una señal inequívoca de que se terminó la protección política a los llamados narcopolíticos, de que se combatirá al narcotráfico de manera real y no discursiva, y de que no habrá intocables dentro del poder. Sin un Estado de derecho creíble, sin instituciones fuertes y sin una estrategia de seguridad basada en la ley y no en la tolerancia, ningún plan económico puede prosperar.
La decisión que enfrente Claudia Sheinbaum será determinante. Romper con la herencia recibida o administrarla sin cambios marcará el destino del Plan México. De no corregirse las fallas estructurales, advierten especialistas, el programa corre el riesgo de convertirse en una simulación costosa, incapaz de detonar desarrollo y crecimiento sostenido, y de reproducir los mismos errores que han mantenido a la economía mexicana entrampada en los últimos años.
