FGR imputa a ex subprocurador Felipe de Jesús Muñoz
El exsubprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, enfrentaría nuevas investigaciones en su contra aunado a los escándalos de tortura, encubrimiento del expresidente Enrique Peña Nieto y exsecretario de Hacienda y Crédito Público y Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, por el caso del “lavado de dinero” de la Fundación Mary Street Jenkins por un monto de alrededor de 720 millones de dólares, ya que hace un mes el I Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca canceló las órdenes de aprehensión y la carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información de un conocido rotativo nacional, el Tribunal federal sobreseyó -cierre- del caso del presunto lavado de 720 millones de dólares, supuestamente sustraídos de la “Fundación Jenkins”, de parte de cinco integrantes de la familia Jenkins y dos de sus abogados, porque la indagatoria fue reabierta ilegalmente por la FGR.
La resolución del Tribunal federal con alcance de sentencia absolutoria se dictó en favor de Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, quienes demandar al exfuncionario federal. Con esta resolución, las nueve personas que fueron perseguidas por este asunto han librado en forma definitiva la imputación, y con ello se pondría en entredicho las investigaciones de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, dejando entrever un caso de consigna.
El Tribunal federal consideró que este asunto se vino abajo es que tanto el juez de la causa como el Tribunal concluyeron que la carpeta de investigación ya había sido archivada por la FGR en mayo de 2018 y fue reabierta ilegalmente el 12 de junio de 2020, lo que hace sospechar que hubo algo turbio en la reapertura de las investigaciones del caso a cargo de entonces de Muñoz Vázquez.
El órgano jurisdiccional consideró que la ilegalidad radica en que la indagatoria se reabrió por una instrucción de la FGR y no por una resolución de un juez de Control, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y esto en gran parte recae la responsabilidad de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, por lo que en consecuencia, las órdenes de aprehensión que en 2021 fueron libradas contra nueve presuntos implicados, así como las vinculaciones a proceso dictadas a dos de ellos quedaron sin efecto, al derivar de un acto inconstitucional. De esta manera la imputación contra el exsubprocurador de Delitos Federales de la PGR Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quedó cerrada por supuestamente archivar en forma ilegal el caso del presunto lavado de 720 millones de dólares en la Fundación Mary Street Jenkins.
Los antecedentes del caso refieren que en 2014, Guillermo Jenkins de Landa el primogénito, inició una denuncia en la Junta de Puebla y el SAT en contra de sus hermanos, a quienes acusó de apropiarse del patrimonio de la fundación creada por su bisabuelo en 1954.
Cabe recordar que desde hace años, Felipe de Jesús MuñozVázquez exsubprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la extinta PGR entre marzo de 2015 y junio de 2019, continúa a la espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejercite acción penal en su contra por presuntos actos de tortura, en agravio de 19 personas, hecho por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019, así como una indagatoria donde no se le admitió una prueba pericial en materia de contabilidad.
Los antecedentes del caso refieren que en julio de 2022 el exfuncionario federal fue señalado por no actuar sólo en las torturas ejercidas entre 2010-2014, asimismo, se resaltó que Carlos Lozano de la Torre como su superior, también es responsable porque no actuó en consecuencia para sancionar, al contrario, encubrió, como lo hicieron otros entes gubernamentales y personas relacionadas en dichos actos.
En 2019 se emitió dicha recomendación de parte de la 17VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “hay impunidad porque nadie ha sido llamado a rendir cuentas”, mientras en conferencia de prensa Guillermo Fernández-Maldonado Castro, entonces representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), acompañado de algunas de las víctimas y sus familiares, manifestó que a partir de ese momento se les debía respetar su situación para no ser expuestos si ellos no lo desean, ya que además del sufrimiento físico y psicológico que sufrieron también se les trató mediáticamente como delincuentes sin serlo.
Detalló en uno de los salones del hotel Francia que el informe “Hasta Perder el Sentido”, se confirma que encontraron “hallazgos públicos y reconocemos la tortura, por eso hago un exhorto a que se respete la identidad de las víctimas porque es un tema delicado, son valientes las víctimas que decidieron hablar y permitir que ONU-DH documentara sus casos y en retribución se les debe regresar su dignidad como sobrevivientes de los actos de tortura a los que fueron sometidos”…
Insistió que la ONU-DH pretende contribuir con el informe “Hasta Perder el Sentido” a “quitar los obstáculos para emprender los desafíos para todas las personas de la función pública que brinden el apoyo que marcan los protocolos internaciones a las víctimas de tortura y un firme recordatorio de manifestar que con esos hechos se transgrede la dignidad, integridad física y mental con dolores y sufrimientos graves, en ocasiones irreversibles; por ello, debe de haber prohibición absoluta en todo el mundo porque no hay ninguna razón que justifique en México, y en este caso de Aguascalientes -donde Muñoz Vásquez fue procurador-, el acceso a la verdad y la justicia a los sobrevivientes de tortura”.
La CNDH en su recomendación documentó sólo a 19 víctimas, pero la ONU-DH lo realizó en 40 expedientes, de ellos los de 33 hombres y siete mujeres que fueron sometidos a todo tipo de vejaciones y maltratos en el periodo de 2010-2014 “ocurridos y sin ser atendidos debidamente dejando afectaciones serias y los responsables no han rendido cuentas ante la justicia. Las víctimas no han recibido la reparación integral y el tiempo transcurrido no resta relevancia a estos casos, lo que hace más preocupante que no hayan recibido la atención inmediata de las autoridades de Aguascalientes, especialmente cuando existe una recomendación y en todos los casos hubo impunidad y ninguno de los perpetradores ha sido llamado a rendir cuentas”.
La ONU en sus investigaciones encontró que en el periodo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez al frente de la Procuraduría de Aguascalientes, sin nombrarlo a él o a otros funcionarios de la dependencia, “facilitaron la tortura de manera sistemática para destacar la procuración de justicia incompatible con los derechos humanos ante el ejecutivo federal en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada con la acusación de corrupción y coaptación de elementos de las policías municipales y estatales, como parte de promover como necesaria la mano dura. Es claro que así no se combate la inseguridad ni abonan a que haya mayor confianza en las instituciones”.
Manifestó, “pero aún la falta de controles de rendición de cuentas de la Procuraduría de Aguascalientes con esto extendió un cheque en blanco al procurador Muñoz Vásquez para que lograra resultados en el combate a la delincuencia a cualquier costo, pasando por encima de todos los derechos y expresión de dignidad de las personas detenidas causándoles sufrimiento excesivo con el arraigo para ocultar la tortura”.
Detalló, “la tortura se hacía de forma sistemática a docenas de detenidos para obligarlos a confesar delitos que no cometieron y exhibirlos en medios de comunicación vulnerando el principio de presunción de inocencia, condición muy seria que Aguascalientes hasta últimas fechas mantiene. Y es una doble injusticia porque sufren graves abusos de parte de los funcionarios que torturaron por delitos que no cometieron las víctimas y por eso tienen derecho a que rindan cuenta ante la justicia y no fabriquen culpables”.
El también exprocurador de Colima estuvo a cargo de decenas de investigaciones relevantes de la extinta PGR, contra integrantes de la delincuencia organizada, así como en el caso en contra del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
La carpeta de investigación iniciada en su contra quedó radicada en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR, la cual se extendió a los agentes del Ministerio Público Federal, María Genoveva Calderón Monterrosas y Juan Manuel Valencia Paredez.
