Presupuesto 2023 perfila recorte de más de 4,000 mdp para el INE

De acuerdo con las cifras señaladas en el presupuesto 2023, la Cámara de Diputados perfila un recorte presupuestal de 6,437.5 millones de pesos para distintas dependencias y organismos autónomos.De este monto, 4,475.5 millones corresponden solamente al presupuesto del INE.

La propuesta del Presupuesto de Egresos que envió el gobierno del presidente López Obrador para el próximo año planteaba una asignación de 24,696 millones de pesos para el INE, pero la Cámara de Diputados prevé reducirlo a 20,221 millones de pesos en medio del debate público sobre la reforma electoral del gobierno.

El Poder Judicial tiene recorte presupuestal de 1,425.1 millones de pesos y de 466.6 millones de pesos para el Poder Legislativo, según el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos Distribuido por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a sus integrantes para iniciar el análisis y discusión de la propuesta presupuestal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También se contempla reducción presupuestal a la Comisión Federal de Competencia Económica de 33.5 millones de pesos; para el INAI podría llegar un recorte de 18.6 millones y para el Instituto Federal de Telecomunicaciones de 17.9 millones de pesos.

Gran parte de este recurso se reasignará a la Secretaría del Bienestar, en el orden de 3,841.9 millones de pesos, para la pensión para adultos mayores, uno de los programas sociales estrella del gobierno de López Obrador.

Se contempla también un incremento de 47.5 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Gobernación: 19.5 millones para el programa de apoyo a Refugios para Mujeres Víctimas de la Violencia: 14.4 millones para el programa de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, y 13.4 millones, para el programa de apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

La mayoría de los diputados de Morena junto con sus aliados aprobaron cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además que una de las modificaciones permitirá a Hacienda traspasar activos financieros del sector público al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).

“El problema es que lo aprobado el viernes no especifica qué tipo de activos se podrán pasar al FEIP y Hacienda estima que el gobierno tiene activos financieros por más de 6 billones de pesos”, advirtió Héctor Saúl Téllez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

“Los activos financieros son fondos de ahorro y de pensiones, bonos de pensiones del ISSSTE, los fondos de vivienda, las inversiones que hace el gobierno en alguna empresa, las acciones que pueda tener el Estado en empresas particulares, los rendimientos que puedan generar inversiones que hace el gobierno en alguna empresa, etcétera, todo ese dinero que podría superar los 6 billones de pesos, podrían tomarse”, subrayó.

El panista Téllez Hernández agregó que los fondos de estabilización han sido manoseados completamente durante los últimos cuatro años. Dijo que recibieron fondos con casi 360 mil millones de pesos de FEIP y el FEIEF y prácticamente succionaron el 85 por ciento de los fondos para dejarlos en los niveles más bajos en la historia de 20 años de ahorros de los mexicanos en estos fondos.

“Ahora quieren abrir la puerta para echar mano de los recursos de los activos financieros y de los supuestos ahorros que se generen del costo financiero de la deuda, hasta ahí todo parecería bien; sin embargo, no hay reglas de transparencia, no tenemos ninguna garantía de que este recurso se vaya a utilizar para beneficio de los mexicanos, hemos visto sobrecostos, en las obras por más de 500 mil millones de pesos, observaciones de la ASF, al menos en el 2020 por más de 60 mil millones de pesos”, dijo.

“Esta reforma tiene un sentido centralista, patrimonialista y de control de las finanzas exclusivamente de control desde la oficina de presidencia”, recalcó Téllez.

Mientras que el diputado José Francisco Yunes, integrante de la Comisión de Presupuesto, expuso que su bancada del PRI votó en contra del Dictamen “porque no se pueden utilizar abiertamente los activos financieros del país para tratar de completar el presupuesto y cumplir con las metas de gasto”.

Advirtió que no se precisó en la Ley de dónde provendrán los activos financieros por lo que hay el riesgo de que se afecten ahorros de los trabajadores, se pueden afectar las reservas actuariales del ISSSTE o del IMSS… “¿en qué parte del dictamen se establece que eso no puede ser considerado? ¿por qué abrir esa puerta?”, cuestionó.

“Por qué no ponemos con claridad cuáles son los activos financieros que pueden ser susceptibles de utilización para llevarlos a los fondos, y no abrir la puerta a que quien sea pueda utilizarlos de manera ventajosa, simple y llanamente para cumplir demagógicamente con sus compromisos de gasto”, recalcó Yunes.

“Nadie podría estar en contra de que se fortalezcan los fondos de estabilización, pero el que no nos definan qué activos y el que se haya ya usado la ruta de sobreestimación de ingresos y que luego se vacíen para gasto presupuestal los fondos de estabilización, nos genera muchas dudas que no nos pudieron despejar y no nos dicen qué activos”, abundó.

“Entonces, exigimos que el dinero no solo vaya al FEIP sino que también le dieran al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que ya sería un recurso que saldría del manejo discrecional de este gobierno”.

El Decreto aprobado en San Lázaro, también establece que en caso de que se genere un ahorro o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal, durante el ejercicio fiscal correspondiente, se podrán realizar las adecuaciones presupuestarias compensadas, para destinar los recursos de dichos ahorros o economías al FEIP, conforme lo determine la SHCP.

En sus artículos transitorios del Decreto establece que el Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de conformidad con lo previsto en este Decreto, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.