Seguridad

Recopilan más información contra el “Cártel Inmobiliario” de la Benito Juárez

José Ángel Somera

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Ulises Lara López dio a conocer ayer en mensaje de medios en relación a la organización enfocada en el sector bienes raíces, relacionada a actos de corrupción ocurridos en la alcaldía Benito Juárez, “que la investigación avanza progresivamente, gracias a que diversos elementos de gran valor han sido aportados a las indagatorias”.

Lara López indicó quea partir de la información recabada por elementos de la Policía de Investigación, se logró asegurar equipo de cómputo producto de las diligencias de cateo recientemente realizadas a un total de 42 inmuebles, posiblemente relacionados a Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano -amparado- y Luis Vizcaíno exdirector Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

Resaltó, “el avance con el que cuenta la indagatoria también ha sido posible gracias a las denuncias y a la información que han proporcionado la gran cantidad de vecinas y vecinos que han sido afectados por las prácticas en las que probablemente incurrió este grupo de empresarios y exservidores públicos”.

Señaló, “en la medida en que avanzan las indagatorias ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Tan es así, que hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía”.

Refirió, “se ha detectado que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas carpetas de Investigación.A estas indagatorias se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los exservidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento”.

Recalcó, “de igual forma descubrimos que en estos inmuebles el común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados.Así lo hizo de conocimiento en su oportunidad la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, quien dirigió recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las Delegaciones respecto a inmuebles ya construidos”.

Indicó, “en su informe la PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción.Entre los resolutivos se recomendó al entonces jefe Delegacional Jorge Romero Herrera, iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas o penales en contra del Director Responsable de Obra o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento”.

Comentó, “por ejemplo, en la calle de José María Ibarragán, San José Insurgentes, el programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles. Lo mismo ocurre en la calle de San Francisco, Actipan, se permite un máximo de cuatro niveles, pero cuenta con seis niveles de construcción. Otro caso es el de la calle Capuchinas, en San José Insurgentes. Se le permite un máximo de tres niveles, pero hay edificaciones que cuentan con seis niveles de construcción”.