Organizaciones civiles se manifiestan contra cierre de escuelas de tiempo completo

Tras la oficialización por parte de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, del cierre de las escuelas de tiempo completo, organizaciones civiles expresaron su rechazo a esta medida que afecta a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, así como a padres de familia y docentes de más de 27,000 escuelas.

La organización Reinserta emitió un comunicado señalando: ‘La eliminación de las escuelas de tiempo completo es un atentado a los derechos la niñez (…) estas escuelas han mostrado resultados, aumentando las oportunidades de aprendizaje, reduciendo el rezago escolar, beneficiando a estudiantes con desventajas económicas y aportando a disminuir las brechas de desigualdad’, señaló.

La organización indicó que en los últimos años, la niñez en México ha sido objeto de mayor violencia debido a la expansión de grupos de la delincuencia organizada.

Alertó que la mayoría de niñas, niños y adolescentes renuncia a sus estudios antes de ingresar a la delincuencia organizada por circunstancias relacionadas con la educación, pobreza y falta de políticas públicas. ‘En suma, las escuelas funcionan como un factor protector, pues son espacios de contención y de cuidado para aquellos quienes viven en condiciones de marginación (…) son aporte que fortalece la prevención y aleja a las y los estudiantes del crimen y la violencia’, expuso.

Además, agregó, estos espacios han permitido a las mujeres y hombres seguir con sus actividades laborales, mientras cuentan con espacios seguros y alejados de la violencia para sus hijas e hijos.

De acuerdo con la Redim, en 2021 se contabilizaron 728 homicidios con arma de fuego en niñas, niñas y adolescentes, mientras que 2,918 menores fueron atendidos en hospitales por violencia familiar. También, cada día se reportó la desaparición de 12 menores de edad.

Por lo anterior urgió a la SEP y al gobierno federal salvar las escuelas de tiempo completo y echar atrás el acuerdo en el que se confirma su extinción.

Ante la publicación del acuerdo, la organización civil Mexicanos Primero acusó que la SEP y el gobierno federal no solo incumplen el mandato judicial, sino la promesa hecha al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 de mantener los objetivos de las escuelas de tiempo completo.

‘En el contexto de regreso a clases presenciales, las escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición, así como la recuperación de aprendizajes académicos y la salud socioemocional de niñas, niños y adolescentes’, lamentó la organización en un pronunciamiento.

Mientras que en el Senado se pidió a la SEP informes sobre la infraestructura de las escuelas del país, ante el regreso presencial a clases.

Ante el regreso presencial a clases, la infraestructura escolar y su mantenimiento deben ser una prioridad para el Poder Ejecutivo Federal, por la importancia que ésta tiene para la continuidad de la educación y la recuperación de aprendizajes para las y los estudiantes del país, aseguró el senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano.

Por tal motivo, el legislador, a través de un punto de acuerdo, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que informe sobre el diagnóstico de la infraestructura física educativa a nivel nacional.

Dicho informe, expresó, debe contar con información sobre el estado físico de los muebles e inmuebles y de los servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación.

Asimismo, la propuesta, que fue enviada a la Comisión de Educación, plantea que la Secretaría informe sobre las acciones que implementará en materia de mantenimiento de la infraestructura física educativa a nivel nacional, así como de prevención en materia de seguridad y protección civil.

De igual forma, se busca hacer un llamado a la SEP, para que emita los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio de educación.

Ortíz Salinas expresó que es necesario que el Gobierno Federal elabore un diagnóstico integral de la infraestructura educativa y lo envíe al Senado, a efecto de conocer el estado actual que guardan las escuelas.