Feminicidio, extorsiones y delitos cibernéticos, a la alza

El Observatorio  Nacional  Ciudadano  de  Seguridad,  Justicia  y  Legalidad  (ONC),   presentó   el   “Análisis   de   la   Incidencia   Delictiva   en   2021”,   que   demuestra que este año ha sido el más violento contra las mujeres, durante el cual se acumuló el mayor número de víctimas de feminicidio y carpetas de investigación por violación y violencia familiar desde que se tiene registro.

El documento advierte que la extorsión presenta una tendencia nacional al alza,  delito que  creció 11.3% respecto a 2020 y que la tasa alcanzó su segundo pico más alto en 2021 desde que se tiene registro.

El director del ONC, Francisco Rivas, lamentó que el gobierno federal haga oídos sordos de las críticas en detrimento de la seguridad de la ciudadanía pese a los múltiples llamados a corregir el rumbo y presuma descenso de todos los delitos con gráficas que muestran comparativas absurdas desde todo punto de vista metodológico, cuando en realidad los datos oficiales cuentan otra historia.

La insuficiencia y la ejecución deficiente del gasto público en seguridad, sostuvo,  son una de las causas por las cuales no se observan mejoras sustantivas tras la primera mitad del sexenio.

Francisco Rivas destacó que las víctimas de feminicidio aumentaron 2.7%; las de  homicidio culposo 6.5%; las de extorsión 12.3%; las carpetas de investigación por  robos transeúnte 10.2%; las de robo en transporte público 15%; las de violación  28.1%; las de trata de personas 12.3%;  las de narcomenudeo 7.2%;  las de  violencia familiar un 15.3%, y las lesiones dolosas 7.8%.

“En el caso en que estos datos no fuesen suficientes para exhibir la manera en  la que el gobierno federal emite declaraciones falsas y relativiza el problema de la violencia de nuestro país, puede ser útil comparar las tasas de ocurrencia de estos delitos contra los datos oficiales de 1997 a la fecha para ver el conjunto de récords negativos acumulados el año pasado.

“2021 concluyó como el peor año de la historia en víctimas de feminicidio, de extorsión, carpetas de investigación de trata de personas, de lesiones dolosas,   de violaciones y de violencia familiar; cuarto peor  año en homicidio doloso y en homicidio culposo; sexto peor en robo a negocio.

Estos lamentables datos, dijo el director del Observatorio Nacional Ciudadano, son efecto de una serie de errores que la actual administración federal mantuvo de sus antecesores y, otros tantos, de gran gravedad se derivan de la actual estrategia de seguridad.

La narrativa de la “transformación” no pasó el examen de la coherencia de políticas públicas.

Las políticas de prevención y reacción al delito de este gobierno siguen siendo las mismas de sus dos antecesores.

La  definición  de  la  política  de  seguridad  sigue  siendo  deficiente, evidencia de ello es que el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana carece de los elementos que permitan entender con claridad a qué se refiere la política de “abrazos y no balazos” puesto que los 5 programas sectoriales que debían haber sido publicados hace más de dos años, aún no se han publicado.

Lejos  de cumplir la promesa de desmilitarizar la seguridad, este gobierno ha  dado todos los poderes  y recursos al  ejército, al  tiempo  que abandonó la policías civiles de todo el país.

Con la creación de la Guardia  Nacional (GN) como una institución que  sigue  la  formación, régimen disciplinario y mando militar, el presidente López privó a los  mexicanos de una institución civil federal de seguridad.

Pese a ello y a una mayor presencia en el territorio nacional de las fuerzas federales los delitos siguen creciendo y es evidente que la delincuencia organizada controla cada vez más el territorio nacional.

Si  bien  los  datos  de  incidencia  de  secuestros  parecen  alentadores,  la  estadística  oficial muestra  evidencias de manipulación en registros.

Asímismo, en esta administración se desmanteló el control de calidad de  las  Unidades  Especializadas  en  Combate  a  los  Secuestros  como  efecto  de  transformar  la  Comisión  Nacional  Antisecuestros en una  oficina operativa al servicio de la GN.

Desde el inicio de esta administración López y su gobierno prometieron ir  tras  los  activos  de  la  delincuencia  como una forma más  efectiva de combate a la  delincuencia y si bien este  gobierno bloquea miles de cuentas bancarias, no logra judicializar los casos y termina devolviendo los activos.

Los desvíos del presupuesto de seguridad hacia los programas insignia de esta administración -el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas- acentuaron la erosión institucional y mermaron la  capacidad  de  policías  y  fiscalías locales  en  prevenir, reaccionar  y perseguir delitos como la violencia de género, los robos y las extorsiones.El análisis de la incidencia delictiva en 2021, elaborado por el ONC, destaca que los fracasos de esta administración incluyen el aumento de los delitos cibernéticos, de  delitos  electorales  y  de  violaciones  graves  a  derechos  humanos;  el  aumento  de  comunidades  desplazadas  por  la  violencia;  la  caída  en  detenciones  y  sentencias  condenatorias;  el  aumento  del  120%  de personas desaparecidas, que pasaron de 41 mil a 92 mil en apenas en 3 años.

Francisco Rivas condenó la falta de planes sectoriales y de una estrategia clara, verificable, anclada a indicadores objetivos, lo que hace suponer, dijo, que en 2022 y hasta el final del sexenio la violencia seguirá creciendo de la mano con la falta de gobernabilidad y el debilitamiento del Estado de Derecho.Fue más allá al señalar que el despliegue de las fuerzas federales solo brinda resultados  marginales.  El  país,  dijo,  ya  no  se  puede  militarizar  más  (no  hay cómo ni con qué), a menos que el gobierno federal ponga a personal administrativo a patrullar calles, carreteras o vigilar aduanas.