Se detendrá y llevará a proceso a quienes atenten contra mujeres en la CDMX
José Ángel Somera
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Ernestina Godoy Ramos aseveró que en la dependencia a su cargo “no se tolerará ni permitirá que una persona crea que puede asesinar a una mujer, y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia, es parte de un pasado que no regresará”.
En el marco del Informe Mensual de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México, Godoy Ramos sostuvo que “ningún crimen cometido en agravio de las mujeres quedará impune. Sobre el homicidio de la semana pasada en un restaurante “Suntory” de la colonia del Valle en la alcaldía Benito Juárez, donde el abogado Jesús Hernández Alcocer posiblemente privó de la vida a la cantante regional YrmaLydya”.
Recalcó, “nuestro compromiso es investigar objetiva y científicamente para conocer la verdad y lograr acceso a la justicia para las víctimas, sin importar la relevancia política, económica o social de las personas relacionadas con estos delitos”.
En su informe la titular de la FGJCDMX informó que las muertes violentas de mujeres han disminuido en 34 por ciento en la Ciudad de México, “estoincluye los casos considerados como feminicidios y los casos de homicidios dolosos en los que las víctimas son mujeres. De enero a junio de 2020, se registraron 85 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado 56 casos. En su gran mayoría se ha detenido o ubicado al probable responsable”.
Comentó, entre enero y junio de 2022, se puede observar una disminución de 25 por ciento en los casos de feminicidio, con respecto al mismo período de 2020, asimismo, ha disminuido la incidencia, se ha logrado un aumento de 42 por ciento en el número agresores llevados ante los jueces. Entre enero y junio de este año, se ha conseguido la vinculación a proceso de 37 personas imputadas por el delito de feminicidio.
Apuntó, se ha conseguido aumentar en 171 por ciento el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, “gracias a una política de persecución penal que se refleja en los hechos. Hay que combatir la impunidad y enviar un mensaje muy claro a toda la sociedad: Quien le arrebate la vida a una mujer, será detenido y llevado a juicio para que reciba la más alta condena por su delito».
Destacó la transformación institucional que ha impulsado la Declaratoria de Alerta, y gracias a la confianza de las víctimas en la FGJCDMX para denunciar, ha sido posible mejorar la capacidad de ofrecer verdad y justicia a las mujeres, “de enero de 2019 a junio del presente año, se han vinculado a proceso a 8 mil 69 agresores de mujeres y se pasó de imputar un promedio de 139 agresores al mes en 2019, a 210 en 2022, lo que significa un aumento de 51 por ciento, incluye los casos de todo tipo de violencia de género, que van de violencia familiar hasta el feminicidio, acoso y abuso”.
Godoy Ramos indicó que continúa el proceso de certificación del Banco de ADN, para lograr su reconocimiento pleno para que los dictámenes que de ahí se emitan, sean pruebas irrefutables y consideradas como pruebas científicas.
En tanto, Ingrid Gómez Saracíbartitular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, apuntó que una de las acciones que contempla la emisión de la Alerta de Género es el Registro Público de Personas Agresoras, que a la fecha tiene a 199 casos inscritos, con sentencias en firme 119 por abuso sexual, 34 por violación calificada, 15 por violación equiparada, 26 por violación simple y cuatro por tentativa de violación.
Resaltó la coordinación que se tiene con la FGJCDMX, como integradora de carpetas de investigación, pero también con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que derivado de las sentencias dictadas desde este órgano, se logra la inscripción de personas agresoras de mujeres y niñas.
En su oportunidad el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez refirió que se han emitido medidas de protección en favor de la mujer, esto es prohibirles a las personas agresoras acercarse o comunicarse con la víctima, asistir o acercarse su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente; desocupación inmediata por parte del agresor de la víctima, independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, entre otras.
