Presenta Sheinbaum ‘Plan B’ electoral

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una nueva iniciativa legal al Senado de la República, denominada «Plan B», la cual al no ser constitucional como la anterior sólo requiere de mayoría simple para su aprobación.

Este proyecto, que cuenta con el respaldo de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se centra en la reorientación del gasto público y la eliminación de privilegios en los tres niveles de gobierno.

Uno de los pilares más ambiciosos de su planteamiento, es la intervención en las finanzas de los órganos legislativos estatales.

La iniciativa plantea establecer un tope presupuestal estricto de 0.70% del gasto total de cada entidad federativa para el funcionamiento de sus congresos locales.

Según explicó la mandataria este martes en su “mañanera”, actualmente existen disparidades excesivas donde algunos legislativos operan con presupuestos significativamente más altos que otros sin una justificación clara de servicios.

Mientras que en el ámbito municipal, el “Plan B” busca compactar las estructuras administrativas para generar ahorros directos.

Las medidas incluyen:

• Reducción de regidurías: Se propone un límite de entre 7 y un máximo de 15 de estas personas por ayuntamiento.
• Sindicatura única: Los municipios deberán limitar su estructura a una sola de estas posiciones.
• Eliminación de beneficios: Se prohibirá el uso de recursos públicos para el pago de bonos extraordinarios, seguros médicos privados, vehículos de lujo o personal de apoyo excesivo para funcionarios locales.

Al tomar la palabra en el salón Tesorería en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que la reforma busca tirar la política de «gobierno rico con pueblo pobre» en las instituciones electorales.

Bajo este esquema, subrayó que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrado o alto funcionario podrá percibir una remuneración superior a la de la Presidencia de la República, quien percibe 134 mil pesos mensuales.

Además, se proyecta una disminución progresiva de 15% en el gasto del Senado de la República y ajustes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para fiscalizar en tiempo real las finanzas de los partidos políticos mediante sistemas bancarizados.

Sheinbaum Pardo enfatizó que continuará insistiendo en la necesidad de reducir el financiamiento público a las fuerzas políticas y la eliminación de legisladores plurinominales.

El proyecto también introduce cambios técnicos para agilizar la entrega de resultados. Se propone que los cómputos distritales comiencen de manera inmediata al cierre de las casillas, conforme se reciban los primeros paquetes electorales, tanto en procesos federales como locales.

En cuanto a la democracia directa, se busca fortalecer la revocación de mandato. Por ello, la nueva normativa permitiría que este ejercicio se realice el primer domingo de junio, ya sea en el tercer o cuarto año del sexenio, dependiendo de la fecha en que la ciudadanía lo solicite.

Por otro lado, el Ejecutivo federal sostiene que el objetivo final de estas medidas no es centralizar el dinero, sino garantizar que los recursos liberados se queden en los estados y municipios.

Además, según las autoridades, la intención es que el capital ahorrado en burocracia se asigne directamente a obra pública e infraestructura básica, tales como pavimentación (bacheo), sistemas de agua potable y drenaje.

Pese a las críticas de la oposición sobre el posible impacto en la operatividad de las instituciones, el gobierno federal confía en que este reacomodo modernizará el sistema y permitirá una distribución más justa del presupuesto público a través de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se espera que la discusión en la Cámara Alta inicie de manera inmediata tras la recepción formal del documento este martes.

En otro orden de ideas, Sheinbaum Pardo mencionó que la elección judicial continuará programada para 2027, a fin de que ocurra el mismo año que las elecciones intermedias en el país.

«Y hay también algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 27. Aprovechar la elección del 27 para atender todo, de una vez», remató.