Niñez tras las rejas; ¿feliz día del niño?

Francisco Javier Vázquez Burgos

En México, hay una realidad que incomoda tanto, que la hemos preferido ocultar tras los muros de las prisiones: niñas y niños que nacen y crecen tras las rejas junto a sus madres privadas de la libertad. Son infancias invisibles, abandonadas por el sistema, atrapadas en espacios diseñados para castigar y no para proteger.

Así que no todos festejan el día del niño de la manera en que quisieran o de la mejor manera, pues tras las rejas, no es felicidad.

Por eso, cuando el senador Pablo Angulo presentó una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y crear protocolos de protección para estos menores en caso de motines o situaciones de violencia dentro de las cárceles, parecía que por fin alguien en el Senado estaba dispuesto a verlos.

La propuesta es, sin duda, una buena intención. Pero es también una solución limitada y profundamente equivocada, que parte de una premisa falsa: que es posible hacer “segura” una cárcel para la niñez.

La realidad es que ninguna prisión es segura para un niño. No importa cuántos protocolos de emergencia se diseñen, ni cuántas áreas infantiles improvisadas se pinten de colores. Mientras el Estado acepte que niñas y niños crezcan tras las rejas, está violando sus derechos más elementales: el derecho a la protección, al desarrollo integral, al juego, a la salud, a la educación y, sobre todo, a no vivir expuestos a violencia estructural desde la cuna.

La diputada Noemí Luna trae nuevamente el tema de los menores de edad que nacieron en la cárcel y viven en ella, sin conocer el mundo exterior, sufriendo la hacinación, malos tratos y desconocimiento total de la convivencia familiar.

Hasta el 2023, el censo nacional del sistema penitenciario federal y estatal contabilizaban 343 mujeres en reclusión conviviendo con sus hijos menores de seis años y 282 mujeres embarazadas.

La iniciativa busca modificar y adicionar fracciones del artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dicta lo siguiente: “Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados  internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos: a) Atención médica y psicológica; b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia.

De igual forma, la diputada Verónica Martínez afirma que es necesario modificar la mencionada ley para proporcionarles las mejores condiciones de desarrollo a los niños que nazcan mientras sus madres están en prisión, y eliminar todo riesgo que amenace su futuro.

Lo urgente es sacarlos de ahí

El verdadero debate que México necesita no es cómo proteger a los niños dentro de las cárceles, sino cómo evitar que estén ahí. Existen alternativas probadas en otros países, como los programas de arresto domiciliario vigilado, casas de transición o centros alternativos especializados, donde madres en proceso penal pueden cumplir sus condenas junto a sus hijos pequeños, pero en condiciones dignas, seguras y con un enfoque de reintegración social.

En países como España y Chile, este tipo de medidas son la norma para mujeres embarazadas o con hijos menores de seis años. La prisión es el último recurso, reservado solo para los delitos más graves y los casos de extrema peligrosidad. En México, en cambio, seguimos pensando que el único destino posible para cualquier mujer procesada es la cárcel. Y con ella, su hijo.

La propuesta de Angulo es limitada por otro motivo igual de grave: reduce la protección de estos menores a un protocolo de emergencia. Es decir, el Estado les ofrece un plan de acción en caso de motín, como si fueran pasajeros de un avión en turbulencia. Pero nadie habla de su derecho a un espacio digno, seguro y diseñado para su desarrollo integral desde el primer día que pisan un penal.

Actualmente, la mayoría de las cárceles mexicanas no tienen espacios adecuados para niñas y niños. De acuerdo con organizaciones como Reinserta, solo 37 de los 360 centros penitenciarios del país cuentan con áreas infantiles más o menos funcionales. Y aún en esos casos, lo que existe son espacios improvisados, sin personal capacitado ni programas de desarrollo infantil adecuados.

Proteger a estas infancias implica mucho más que ponerles un chaleco antibalas durante un motín. Implica garantizarles acceso a educación, salud, juego y alimentación adecuada. Significa crear programas integrales de atención para que no crezcan con miedo, con hambre o con el mensaje implícito de que ellos también merecen estar encarcelados.

Si el senador Angulo realmente quiere proteger a estas niñas y niños, debería comenzar por reconocer que no son reclusos, que no son parte del sistema penitenciario y que su lugar no está tras las rejas. El enfoque debe ser infancia primero. Y eso exige algo mucho más ambicioso que un protocolo: exige un Programa Nacional de Atención a Infancias en Contexto de Reclusión, con reglas claras, presupuesto específico y un mecanismo permanente de evaluación y rendición de cuentas.

Además, esta política pública no puede nacer desde un escritorio en el Senado. Debe construirse escuchando a quienes viven esta realidad todos los días: las madres en prisión, los niños que crecieron entre barrotes, las organizaciones que trabajan directamente con ellos y los defensores de derechos humanos que han documentado por años esta vergüenza nacional.

Sin esa escucha activa, lo que tendremos será una reforma desconectada de la realidad, que solo sirva para llenar boletines, pero no para cambiar vidas.

Finalmente, cualquier esfuerzo serio para proteger a estas infancias debe incluir transparencia y monitoreo independiente. Proponemos la creación de un Observatorio Ciudadano de Infancias en Reclusión, conformado por sociedad civil, academia y organismos de derechos humanos, que vigile el cumplimiento de cualquier reforma o programa en la materia, y que emita informes públicos periódicos para evitar la simulación.

La propuesta de Angulo parte de una buena intención, pero nace pequeña, insuficiente y resignada al status quo. México no necesita niños “seguros” dentro de las cárceles. Necesita niños fuera de las cárceles. Y eso implica replantear desde el origen cómo tratamos a las mujeres privadas de la libertad y cómo entendemos su derecho a maternar sin condenar la infancia de sus hijos.

Esa es la verdadera discusión que deberíamos estar dando. Todo lo demás es simulación.