Corrupción y huachicol: La doble crisis que sacude a la Secretaría de Transporte de Jalisco
La Secretaría de Transporte de Jalisco, encabezada por Diego Monraz Villaseñor, enfrenta una doble crisis de corrupción. Una auditoría de la Contraloría del Estado reveló que entre enero y septiembre de 2023 se eliminaron irregularmente 114,323 multas vehiculares, lo que representó una pérdida de 106 millones de pesos para el estado. Estas sanciones fueron canceladas sin justificación legal mediante un mecanismo distinto al juicio de nulidad, lo que sugiere un esquema sistemático para beneficiar a particulares y transportistas. Aunque las denuncias iniciales apuntan a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Transporte es la responsable de administrar y supervisar el sistema de sanciones viales, lo que la coloca en el centro del escándalo.
A esto se suma una investigación federal por presunto almacenamiento ilegal de combustible. En marzo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó 31,000 litros de diésel en el patio sur del Peribús en Tonalá, donde la empresa responsable no tenía permisos para operar. La investigación se encuentra en la carpeta FED/JAL/GDL/0003480/2024, y aunque no se ha confirmado el origen ilícito del combustible, el caso ha puesto bajo la lupa a los Hermanos Higareda, concesionarios del Peribús y propietarios de empresas relacionadas con la venta de diésel, quienes han recibido más de 2,500 millones de pesos en subsidios estatales. La Secretaría de Transporte, a cargo de Monraz, es la encargada de supervisar a estos concesionarios, lo que genera dudas sobre la falta de control en sus operaciones.
Estos hechos se suman a otros señalamientos previos contra Diego Monraz, como el manejo opaco de subsidios, su relación con la Alianza de Camioneros, la falta de regulación del transporte público y la cancelación irregular de multas. A pesar de las denuncias, Monraz ha logrado mantenerse en el cargo durante dos administraciones y fue ratificado en la actual gestión de Pablo Lemus, lo que sugiere un blindaje político. Sin embargo, la combinación de la eliminación masiva de multas y la investigación por huachicol podría poner en riesgo su continuidad al frente de la Secretaría.
Hasta ahora, no hay responsables sancionados ni medidas correctivas anunciadas. El gobierno de Jalisco enfrenta la presión de esclarecer estos casos y demostrar que no existe impunidad en el manejo de sanciones y recursos públicos dentro del sector transporte.
