Fiscalía de Bolivia cita a declarar al expresidente Evo Morales por abuso sexual

La Fiscalía de Bolivia envió un citatorio al expresidente Evo Morales Ayma para que acuda a declarar a esta institución en torno a una investigación en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de estupro, trata y tráfico de personas, “se ha dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso: el señor Evo Morales, los padres de la víctima, para el día jueves 10 de octubre en la Fiscalía para que presenten su declaración informativa” en el departamento de Tarija.

El jefe del Ministerio Público de la Fiscalía boliviana Juan Lanchipa, recordó que el caso contra Evo Morales radica del año 2015 cuando aún era presidente. En ese entonces, el mandatario boliviano se involucró con una joven de 15 años de edad, con quien tuvo una hija en 2016.

El exmandatario sudamericano de 64 años de edad, a través de su cuenta de X se defendió de las acusaciones, aduciendo ser víctima de “lawfare” -persecución policial-, y que esta acción proviene de una “traición” de Luis Arce actual presidente y exministro en su administración.

Morales recordó “nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión”, sin referirse al citatorio que recibió de la Fiscalía de su país.

De acuerdo a la agencia británica de noticias Reuters, el escándalo que involucra al exmandatario boliviano se remonta a 2015, cuando era jefe de Estado, en ese año, según las investigaciones de la Fiscalía sudamericana Morales Ayma se involucró con una menor de 15 años de edad con quien tuvo una hija en 2016.

El expediente judicial fue abierto por Sandra Gutiérrez fiscal del departamento de Tarija, quien tras reunir los elementos de prueba contra Evo Morales, solicitó a un juez orden de captura contra el expresidente el 26 de septiembre de 2024, pero otro juez canceló la orden el 2 de octubre debido a que aceptó un recurso judicial de Morales Ayma.

Aunado a lo anterior la fiscal Sandra Gutiérrez fue removida de su cargo, por “conducta negligente”, aunque después fue restituida en el cargo por el actual gobierno, y quedó de nueva cuenta a cargo del caso y será quien tomará la declaración de Evo Morales, confirmó el jefe del Ministerio Público.

La Fiscalía de Bolivia imputa a Evo Morales los cargos de estupro, sostener relaciones sexuales menores de 14 a 18 años, trata y tráfico de personas. En la indagatoria los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor”.

En este país sudamericano su sistema judicial no acumula penas por varios delitos, por lo que en caso de ser encontrado responsable de los delitos que le imputan Evo Morales Ayma en un eventual juicio, sería sentenciado a 20 años de prisión, que es la que fijan como máxima las leyes bolivianas para el delito más grave en este caso que es el de la trata de personas.

Mientras que en el Viejo Continente, el Parlamento Europeo solicitó a Jean-Marine Le Pen, exdiputado reintegre más de 300 mil euros que utilizó de su presupuesto para comprar artículos como botellas de vino, corbatas y lentes de realidad virtual.

Esto tras una decisión emitida el 8 de julo de 2024 -no pública- donde el secretario general del Parlamento Europeo notificó a Le Pen el reclamo de 303 mil 200.99 euros por gastos facturados indebidamente a la institución.

La agencia AFP difundió que Jean-Marie Le Pen, conocido por liderar el partido de derecha Frente Nacional y padre de líder ultraderechista Marine Le Pen presentó un recurso contra esta decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, confirmó su abogado François Wagner.

Entre 2009 y 2018, Jean-Marie Le Pen usó ese presupuesto para pagar línea tarjetas de visita, corbatas, paraguas, básculas de cocina, relojes de sobremesa, pulseras conectadas, lentes de realidad virtual y 129 botellas de vino, según un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Lo anterior se suma al hecho de que un Tribunal de París juzga a Marine Le Pen, su partido Agrupación Nacional (RN) y otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016.