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Morena mantiene ataques contra el Poder Judicial

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propone que, con únicamente cuatro votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se declare en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto que propone la modificación de los artículos 42, 43 y 72de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, en materia de efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales.

El documento de la Comisión de justicia especifica que “en aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la SCJN declarará desestimadas dichas controversias y consecuentemente la validez de las normas impugnadas, contra las que no procederá juicio o recurso alguno. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente”.

Se apunta que “las autoridades jurisdiccionales no podrán invocar las razones justificativas de sentencias no aprobadas para invalidar, anular o desaplicar actos o normas generales, ni para admitir demandas de amparo, juicio o recurso alguno“.

“Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos.

En el documento apunta que “si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada, declarará la validez de las normas impugnadas, contra las que no procederá juicio o recurso alguno y ordenará el archivo del asunto”.

“Permitir que un tribunal inferior a la SCJN haga caso omiso de sus sentencias, o interprete esas sentencias en su conjunto o alguna de sus consideraciones para justificar una declaratoria de inconstitucionalidad no asumida por la propia Suprema Corte, implica un desdén de la estructura y competencias de los tribunales judiciales federales, de su jerarquía y diseñados funcionales. Esto subvierte el orden constitucional”, abunda en su iniciativa el diputado morenista.

En otro orden de ideas, como es sabido, el presidente mantiene sus ataques diarios al Poder Judicial y durante la mañanera de ayer reafirmó que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial —enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados— fomentará la participación del pueblo en la elección de sus representantes, limpiará la corrupción y ayudará a resolver problemas estructurales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tribunales.

“El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar”, subrayó al encabezar la conferencia de prensa matutina.

“Algo que ayuda mucho es que no se mantengan los poderes de élite, sino que se vaya purificando la vida pública con la participación de todos; que se termine con el elitismo, con la idea de que la política es asunto de los políticos, de las élites. No. Que le preguntemos siempre al pueblo para no equivocarnos, mandar obedeciendo al pueblo y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar porque vivimos en una democracia”, agregó.

El mandatario indicó que “el pueblo tiene, además, de ser muy inteligente, un instinto certero, sabe quién es recto, quién no; sabe quién es honesto, quién no; sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia”.

Para que la reforma en esta materia sea una realidad, recordó, debe contar con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la votación de legisladoras y legisladores en las cámaras de Diputados y de Senadores.

“Por eso es muy importante la elección próxima. Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México. La verdad, la verdad, es excepcional y ahora más porque se está empoderando”, mencionó el jefe del Ejecutivo.

La secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la modificación a la Carta Magna afianza, entre otros aspectos, la elección de ministros, magistrados y jueces con el propósito de legitimar a través de la democracia a las y los impartidores de justicia.

En caso de aprobarse la iniciativa de reforma, en 2025 se celebrará una elección extraordinaria a fin de renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en la boleta en igualdad de condiciones. Posteriormente, este proceso electoral se empatará junto con las elecciones ordinarias intermedias y presidenciales.

Las candidaturas de las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito deberán ser elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias a partir de seis candidaturas paritarias por cargo, dos por cada Poder de la Unión.

El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizará la elección. Este organismo sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral.

Las elecciones para cargos en el Poder Judicial se caracterizarán por campañas con duración de 60 días y no habrá etapa de precampañas.