CJNG ayudó a Silvano Aureoles a escapar: FGE

En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el que ayudó al ex gobernador Silvano Aureoles a escapar de la justicia.

“El cártel de las cuatro letras facilitó la salida del exmandatario del estado de Jalisco”, dijo el fiscal.

Torres Piña recordó que, durante las investigaciones realizadas los días 1 y 2 de marzo de 2025, se confirmó la participación de integrantes de ese grupo delictivo en el traslado de Aureoles Conejo.

“Quienes le ayudan a salir del estado de Jalisco son integrantes de este grupo delincuencial, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y son quienes lo apoyan para trasladarse al norte del país y, muy probablemente, fuera de él”, indicó.

Mientras que el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que colabore con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para girar fichas rojas en contra del exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, y así lograr su captura.

El mandatario  estatal señaló que ha pedido a la fiscal federal, Ernestina Godoy Ramos, para que se colabore con la Interpol y se detenga a Aureoles Conejo, el cual se presume que abandonó el país y a quien se le acusa de un desfalco millonario a través de la construcción de cuarteles de la Guardia Civil.

Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país, por eso le he solicitado a la fiscal Cristina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países en los que tenemos acuerdos en materia de justicia, para girar la ficha roja.

Al exgobernador del estado también se le ha girado una orden de aprehensión por el delito de homicidio debido a los acontecimientos suscitados el 5 de abril del 2017 cuando dio instrucciones de realizar una represión policiaca en Arantepakua que cobró la vida de cuatro personas.

Según las declaraciones del fiscal del estado, el grupo criminal facilitó su traslado hacia el norte de México y su posterior salida hacia Estados Unidos u otro país que todavía no se tiene identificado a donde pudiera haberse ido a refugiar para evadir la justicia mexicana.

Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1 y 2 de marzo del 2025, quienes le ayudan a salir de Jalisco fue este grupo delincuencial del Cártel Jalisco. Son quienes le ayudan a trasladarse al norte del país y, muy probable, fuera del país.

Quien también cuenta con una orden de aprehensión por su participación en el atentado contra Arantepakua es el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, mismo que tampoco ha sido localizado y se trabaja en lograr su detención.

El gobernador destacó que la reciente orden de aprehensión emitida en contra de Silvano Aureoles fue por un juez penal de Michoacán, la cual está relacionada con la masacre de Arantepacua del 5 de abril de 2027, donde fueron detenidos de manera arbitraria 38 personas y que resultó en la muerte de 4.

Cabe recordar que el  exgobernador ya contaba con una orden de arresto emitida previamente por el fraude de 3 mil 600 millones de pesos durante su administración del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.

Ramírez Bedolla detalló que mantienen coordinación con la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para localizar y detener al exgobernador.

“Esta es una prioridad para nosotros, que se haga justicia a la población de Arantepacua, pero que también se haga justicia a todo el pueblo de Michoacán en el sentido de este fraude millonario. Se está actuando, se está trabajando en coordinación para lograr la detención”, afirmó.

Justo es mencionar que la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por la masacre también fue emitida junto a la de 15 personas más, los cuales eran su exsecretario de Seguridad Estatal, Juan Bernardo Corona, y las 14 restantes corresponden a policías estatales que habrían participado en los hechos.

Los hechos ocurrieron durante un operativo policial el 5 de abril de 2017 que resultó en graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de cuatro pobladores. Este caso se encuentra en investigación luego de que los habitantes exigieron a las autoridades continuar con las indagatorias.

El 5 de abril de 2017, tras una ola de bloqueos carreteros motivada por un conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, elementos estatales, federales y militares intervinieron bajo coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría de Michoacán.

La CNDH señala que el operativo se ordenó después de que 38 representantes indígenas fueron detenidos el 4 de abril después de salir de reuniones con Gobernación.