Mario Mata es un empresario disfrazado de funcionario: Librado Tarango

No existe —y si existe nadie lo conoce— un estudio técnico-financiero serio que explique por qué resulta indispensable cobrar el servicio de agua a las escuelas públicas para sostener el sistema en la entidad. No hay dictamen público ni diagnóstico social que respalde la medida. En esas condiciones, nada justifica la intención del empresario disfrazado de funcionario, Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, de imponer cobros a planteles educativos, sostuvo el presidente estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza en Chihuahua, Librado Tarango Meraz.

Para Tarango, la trayectoria política de Mata Carrasco arrastra cuestionamientos que nunca han sido aclarados. Afirma que su actuación responde más a intereses empresariales y venganzas políticas que a una visión de servicio público. No existe suficiente transparencia sobre los manejos financieros en los cargos que ha desempeñado, y esa opacidad alimenta interpretaciones que él está obligado a despejar.

Cuando fue alcalde de Delicias, de 2010 a 2013, dejó interrogantes abiertas. ¿Cuánta deuda recibió y cuánta dejó? Tampoco está claro el manejo del proyecto de luminarias, un negocio millonario del que poco se conoce. No hay información pública suficiente que permita evaluar si disminuyeron las fallas, si mejoró la eficiencia energética o si hubo modernización real. Lo cierto es que al término de su gestión quedaron 27 millones de pesos pendientes de pago, sin que se conozca con precisión su tratamiento financiero. Cuando la información se esconde, la sospecha crece.

Tarango sostiene que la propuesta de cobrar el agua a escuelas públicas tiene un evidente tufo político. Surge justo cuando el Ayuntamiento de Juárez, de filiación morenista, reclamó al PAN más de nueve millones de pesos por concepto de predial adeudado. Acto seguido, desde la Junta Central de Agua emerge la intención de cobrar a primarias y en un tema particularmente sensible, sobre todo en municipios pobres.

La pregunta es obligada: ¿cómo se manejaban antes los esquemas de cobro? ¿Existen convenios con la Federación, el Estado o los municipios? ¿Había cuotas preferenciales o exenciones? ¿Se trata de un cobro general o selectivo? Sin claridad en estos puntos, la medida parece más una reacción política que una política pública responsable.

El agua no es un lujo, es un derecho humano. Las escuelas no son empresas ni pueden tratarse como clientes morosos. Las instituciones públicas tienen un sentido social que no puede subordinarse a lógicas de rentabilidad. Cuando el Estado pretende lucrar con servicios esenciales, desnaturaliza su función.

Pero el problema de fondo es más amplio. Chihuahua necesita con urgencia un cambio de gobierno, uno que conozca verdaderamente el estado, que lo recorra, que entienda su complejidad territorial y su diversidad cultural. Se requiere una administración que comprenda las necesidades específicas de cada región y diseñe políticas diferenciadas, no decisiones generales dictadas desde un escritorio.

Tarango acusó también una contradicción: autoridades educativas que en foros internacionales hablan del acceso al agua como condición indispensable para la higiene y el aprendizaje, pero que en lo local toleran medidas que podrían derivar en el corte del suministro a planteles escolares. El debate es claro: o se gobierna con sentido social o se administra con cálculo político. Y el agua, en las escuelas, no puede convertirse en instrumento de presión partidista.

Finalmente dijo que ellos se preocupan por cobrar el agua a las escuelas pero no los vemos preocupados por pagar a Pensiones Civiles del Estado, -que es donde se atienden los empleados del agua en temas de salud, farmacia y pago de pensiones. deben más de 100 millones de pesos. Mario es bueno para cobrar, pero no para pagar.