20 días de huelga en el Monte de Piedad
Fernando Fuentes
A 20 días, que estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad, el sindicato y las autoridades del NMP, fueron citados para el próximo 22 de octubre, para llevar una audiencia con la Juez de Distrito Adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, en la que se fijará fecha para realizar un recuento de los trabajadores que a través de una votación presencial, libre, directa y secreta decidan si su huelga continúa, como se espera que así sea.
Lo anterior en razón a que las autoridades del Monte de Piedad y el sindicato patronal, aseguran que los trabajadores sindicalistas no quieren la huelga, sin embargo el sindicato democrático de los trabajadores del NMP, que ostentan la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), están de acuerdo a que se haga el recuento a través de un sistema de 81 casillas de votación distribuidas en los 32 estados de la República Mexicana.
El abogado Arturo Zayún, secretario general de los trabajadores del NMP, manifestó que “si estamos de acuerdo a que se realice la votación porqué si contamos con la mayoría de los trabajadores, para que la empresa, el sindicato charro y el Tribunal, sepan que los trabajadores del Monte de Piedad, están convencidos del estallamiento de la huelga por las violaciones al CCT”
Por lo anterior continuaran cerradas 302 sucursales del país, afectando con ello a miles de personas que acuden a empeñar un objeto personal o el pago de su boleta para no perder parte de su patrimonio, de dicha institución que ha venido perdiendo el sentido social para la cual fue creada hace 250 años.
Ante el ataque sistemático permanente al Contrato Colectivo de los trabajadores por parte de las autoridades administrativas financieras y del Patronato (órgano supremo integrado por 7 financieros que deciden el futuro de esta emblemática institución del país) el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (NMP), con más de 1800 empleados, se vio obligado en estallar la huelga en el primer minuto del mes de octubre del presente año.
Con un modelo laboral de conflicto permanente diseñado por las autoridades administrativas financieras y los abogados del Nacional Monte de Piedad (NMP), de violaciones constantes al CCT y de acoso a su sindicato de trabajadores, ponen en riesgo nuevamente la viabilidad de la histórica institución.
En las últimas semanas, las autoridades administrativas, plantearon una demanda sin precedentes en la historia labora del país, la cancelación de todas las cláusulas colectivas y de convenio que benefician al sindicato alegando que llevan a cabo una administración inadecuada a juicio de la institución.
Además de eso, como una provocación extrema impusieron unilateralmente una promoción escalafonaria al personal, básicamente favorable, aquellos que apoyarán a la empresa, buscando con ello excluir al sindicato legítimo, contraviniendo al CCT.
La huelga exhibe el verdadero rostro de esta institución que por su naturaleza social y el subsidio público vía exención fiscal que recibe de parte del Gobierno mexicano, debería conducirse con transparencia, con apego a la verdad y respeto a sus trabajadores, que al parecer la intención es acabar con el CCT y su sindicato que lo representa, es para llevar a esta institución a otros intereses particulares distintos para lo que realmente fue creado, de beneficencia pública en apoyo a los más pobres de México, pero ese tema ya no es su tema para los del Patronato.
Es inexplicable que la secrecía con la que oculta datos fundamentales de su operación como los salarios de sus ejecutivos y los gastos gigantescos que realiza en viáticos, bonos, honorarios, costos de instalaciones suntuosas cuyo símbolo grotesco es la renta para las oficinas de sus directivos en Antara Polanco porque no quiere ocupar las del zócalo, las cuales prefiere rentar a terceros.
El hecho es que el Monte de Piedad vive una contradicción entre su carácter social con el manejo privado como si se tratara de un negocio para beneficio de un pequeño grupo de personas, especialmente siete, seis de las cuales son altos ejecutivos de la iniciativa privada que manejan a la institución, sin admitir un solo miembro del sector social al que se deben, la prueba máxima de su contradicción es que tan solo dedican 2.6 por ciento de sus ingresos a la beneficencia pública.
