Gobiernos estatales deben aclarar 22,797.6 millones de pesos
- Los municipios 15,835.1 millones, y los poderes judiciales locales, 122 millones
Emilio Barriga, auditor especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, dio a conocer que un gran porcentaje de las adquisiciones y adjudicaciones de obra pública que llevan a cabo los gobiernos estatales y municipales, se realizan de manera directa con contratos a empresas creadas con días de anticipación al inicio de una nueva administración.
Puntualizó que han encontrado que hasta el 85% de los contratos han sido adjudicados de manera directa y sin licitación de por medio, lo que se ha convertido en un “foco amarillo”.
“Hemos encontrado casos donde entra en funciones un funcionario estatal o un funcionario municipal, o una administración estatal y una administración municipal, y contratan empresas que se crearon, literalmente, tenemos casos, con días de anticipación a que entrara en funciones la administración estatal y/o municipal”, expuso.
Como ejemplo de estas irregularidades, Emilio Barriga mencionó la información que cargaron 422 municipios con alrededor de 25 mil contratos por más de 16 mil millones de pesos, detectando datos alarmantes en cuanto al manejo de los recursos públicos.
Mientras, 9 por ciento (2 mil 151 contratos) fueron por invitación restringida, y sólo 6 por ciento (mil 511 contratos) se hicieron mediante licitación pública. Aunque dichos resultados corresponden a las auditorías a los municipios, el funcionario aclaró que esa tendencia también se replica en los gobiernos estatales.
“Y aquí está ese patrón que decíamos, el 85% de los contratos fueron por adjudicación directa un número muy reducido por invitación restringida y también por licitación pública. Treinta y siete contratos por empresas no localizadas por el SAT, esto ya es un foco amarillo tirándole a foco rojo, un contrato con una empresa facturera; 172 contratos con empresas de reciente creación, este es un patrón que se repite de manera sistemática, tanto a nivel estatal como a nivel municipal”, expresó.
Aunque no especificó concretamente en que estados y municipios se han detectado estas presuntas irregularidades, el auditor especial reveló que se hallaron 373 contratos con pagos mayores a lo contratado; mil 221 contratos con vigencia de hasta 15 días, u otros casos en los que se “contrata hoy y se está pagando mañana, que a lo mejor no es una irregularidad en sí mismo, pero no deja de ser focos amarillos que nos dan insumos para hacer trabajos de auditoria”.
Durante el ejercicio de los recursos asignados por la Federación durante 2023, los gobiernos estatales y municipales asignaron 85 por ciento de contratos de servicios y obras públicas mediante adjudicación directa, explicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los diputados federales.
Al exponer el comportamiento del gasto federalizado de los últimos 23 años, Barriga Delgado declaró que el monto de 2023 fue el más bajo de ese lapso en comparación con el total del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que representó 29.4 por ciento. En cambio, dijo, en años previos el promedio fue de 32 por ciento.
Sobre la cuenta pública 2023, reiteró las cifras presentadas por la ASF hace un mes, en las que se indica que el monto por aclarar respecto al gasto federalizado fue de 40 mil 801.6 millones de pesos.
Detalló que los gobiernos estatales tienen un monto por aclarar de 22 mil 797.6 millones de pesos; los municipios, de 15 mil 835.1 millones, y los poderes judiciales locales, 122 millones.
El estado con mayor monto por aclarar es Baja California Sur, con 9.9 por ciento de la muestra auditada; seguido de Morelos, con 8 por ciento, y Nayarit, con 2.3 por ciento.
Además, sostuvo que gracias al uso de nuevas herramientas tecnológicas para los procesos de fiscalización, de 2018 a la fecha se han registrado recuperaciones operadas por 27 mil 231 millones 829 mil 800 pesos, que corresponde a los recursos que reintegran las entidades fiscalizadas durante los procesos de auditoría. Casi 65 por ciento de esa cantidad corresponde al gasto federalizado.