Juzgado federal libera a 8 militares por caso de los 43 de Ayotzinapa
José Ángel Somera
El juzgado II de distrito de procesos penales federal del II Circuito, modifico la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada contra ocho militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, derivado de la investigación del caso de los 43 desaparecidos de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en septiembre de 2014, por lo que recuperaron su libertad la madrugada de ayer.
Los efectivos militares estaban sujetos a proceso penal por sus supuestos nexos con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, a quien se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, por lo que los efectivos castrenses podrán abandonar el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México, una vez que cubran una garantía de 100 mil pesos que les impuso el juzgado federal, asimismo, el titular del recinto judicial les ordenó acudir a firmar los días 1 y 16 de cada mes al citado juzgado en el Estado de México.
De esta manera, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, se vieron beneficiados con dicha resolución.
En febrero de este año, un juez federal les dictó auto de formal prisión por el probable delito de delincuencia organizada, asimismo, en la nueva causa penal integrada por la FGR contra el personal castrense se basa en los testimonios de los testigos protegidos “Carla” y “Neto”, delincuentes confesos que participaron en diversos delitos, entre ellos, la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, y quienes aseguraron que los soldados probablemente recibían pagos por brindar protección a los integrantes del grupo criminal.
Al respecto, los penalistas Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, exigieron desde aquella fecha la libertad de sus defendidos y aseguraron que este asunto no es más que una “persecución política” de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “estos testigos, Carla y Neto, fueron evidenciados por mentirosos y manipuladores. Por ejemplo, el testigo Carla aportó en su momento mensajes de whastapp para involucrar en su momento a elementos del Ejército mexicano”.
Recordaron, “el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que no era posible garantizar la autenticidad de estos mensajes, por lo que no existía confiabilidad en las imágenes y no podía considerarse prueba digital en la judicialización del caso, se podría tratar de pruebas inconsistentes y carentes de veracidad”.
Apuntó, el propio exsubsecretario Alejandro Encinas quien encabezó la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa reconoció que los chats de WhatsApp no podían verificarse como reales”.
