Laynez blinda los fideicomisos del Poder Judicial
El Ministro Javier Laynez admitió dos acciones de inconstitucionalidad de legisladores de derecha en rebeldía contra extinción de fideicomisos aprobado, para de esta forma suspender la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que, los 15 mil millones de pesos de dichos fondos no podrán ser utilizados para otros fines que no sean los establecidos por el máximo tribunal del país.
“Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión”.
Esto, “en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, sentenció Laynez Potisek.
El ministro precisó que “la medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”.
Laynez Potisek admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 214/2023 que interpusieron senadores, así como la 220/2023, de diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Para ello, el decreto agrega un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Y es que se estipula que los recursos de los fideicomisos extintos del Poder Judicial de la Federación serán entregados a la Tesorería de la Federación.
Asimismo, dice que se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a “programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo”.
“En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales”, señala la publicación.
Finalmente, se indica que los órganos responsables de los fideicomisos extintos cuentan con un plazo máximo de 120 días hábiles para trámites de eliminación.
Esto es, se trata de “los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado”.
Otra medida es que se estableció un plazo máximo de siete días hábiles para publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento eliminado.
Además, “en el que se indiquen los montos devueltos “en observancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública”.
Lo anterior, conforme a lo aprobado por la mayoría Morena en la Cámara de Senadores y Diputados.
