El Fiscal “Inquisidor” de la IV T Gertz Manero, con más fallas que logros
La administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) en diversos sectores de la sociedad es vista como “la del inquisidor” al servicio del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que por mucho dista de la promesa que hizo este al asumir la presidencia de la República, haciendo uso de los recursos de la dependencia económicos y humanos en someter y perseguir a quienes no compaginan con la ideología y principios de la tan pregonada IV Transformación.
Los grupos parlamentarios de oposición en diversas ocasiones han cuestionado el actuar de la FGR, especialmente en el rubro de la austeridad republicana muchas veces tocada en sus discursos por el titular del Ejecutivo federal, en este caso por los excesivos gastos médicos por alrededor de 350 millones de pesos, para brindar la atención a 11 mil 948 trabajadores, y 5 mil 41 esposas o cónyuges, así como a 11 mil 471 hijos esto en contraste con los millones de mexicanos que no cuentan con seguridad médica, lo que es una grave ofensa a la inteligencia de los mexicanos con el doble discurso del inquilino de Palacio Nacional.
En su momento el senador del PAN Víctor Fuentes Solís quien recriminó que el fiscal Gertz Manero es autónomo, solamente cuando le conviene, “cuando se une a la persecución política y gasta a su antojo”, dejando a un lado la austeridad republicana de la IV T.
Gertz Manero ha sido funcionario en administraciones del PRI, PAN, PRD y ahora Morena, no se le considera que sea parte de un partido, es considerado como un servidor público que trabaja a favor del gobierno en turno, incluso se dijo en su momento que ya quería jubilarse, pero fue convencido por López Obrador para continuar en el gobierno, y logro ganar la carrera para asumir la titularidad de la entonces PGR antes de cambiar a Fiscalía, teniendo un balance negativo en casos importantes resueltos, así como la recuperación de la confianza ciudadana.
Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero ha participado en una serie de escándalos, pocas veces aparece en público, solamente se le ve en raras ocasiones y eso según la necesidad de los asuntos como las conferencias mañaneras o comparecencias en las Cámaras de Diputados o Senadores, recientemente la bancada de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, le exigió no dejar el caso de las denuncias del exsubsecretario de Promoción de la Salud de la SSA, Hugo López Gatell Ramírez, por su actuar ante la pandemia del Coronavirus que costó miles de vidas.
Entre los casos que no ha podido cristalizar han sido el de la “Estafa Maestra” donde María del Rosario Robles Berlanga extitular de la desparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de acuerdo a las investigaciones fue considerada la principal responsable salió ya de prisión, otro de los involucrados Ramón Sosamontes Herrera-Moro lleva el proceso en libertad.
Otro doloroso revés jurídico de la FGR fue el expediente que consignó a un juez federal del Estado de México solicitando órdenes de aprehensión contra de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes se les acusó de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero- y delincuencia organizada, esto redituó en una ola de críticas contra el actuar de la FGR, sobre todo entre miembros de la clase política.
El juez federal rechazó en dos ocasiones conceder los mandamientos judiciales solicitados por la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero, la representación Social de la Federación que llevó el caso insistió en la solicitud y que los acusados fueran trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano” de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentran personajes de alta peligrosidad desde líderes del narcotráfico, miembros de grupos delictivos dedicados a diversos rubros delictivos como narcomenudeo, extorsión, asalto hasta unexlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI-CDMX).
Hace ya más de tres años, el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, propuso a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, aprobará la expedición de un código penal único para todo el país, así como eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando que el Ministerio Público tiene dificultades para acreditar este delito, por lo que propuso redefinirlo como una agravante del homicidio.
Gertz Manero reiteró que sería más conveniente, en términos de procuración de justicia, mantener en la legislación penal el delito de homicidio y enlistar una agravante con los elementos correspondientes al feminicidio.Pero como el planteamiento ocurrió a puerta cerrada, las legisladoras morenistas hicieron público su rechazo a la propuesta del fiscal, lo que desató una polémica durante semanas.
La negativa del partido morenista fue apoyada por otras legisladoras de las diversas fracciones partidistas representadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como de la clase política en general y de la sociedad civil, quienes resaltaron que la tipificación del feminicidio era una conquista ganada durante años, por lo que la propuesta del fiscalGertz Manero era un retroceso legal y en los derechos de las mujeres, ante el aumento de oposición a la propuesta, llevó al titular de la FGR dejar su intento.
Proceso de Procuraduría a Fiscalía General sin tiempo necesario
Tras el paso de Procuraduría a Fiscalía General de la República y sin el tiempo necesario para desarrollar la institución, Alejandro Gertz Manero presentó la iniciativa para reformar su estructura, lo que generó de nueva cuenta polémica, y estuvo por meses en debate, aunque finalmente, en marzo de 2021, el Senado de la República aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República, en donde se establece la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, uno de los puntos que más rechazo generó entre colectivos y organizaciones de Derechos Humanos, incluso de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda.
Con esa norma la FGR ya no tendrá la obligación de apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas, dejando en total indefensión a los familiares de las víctimas.En el Sistema Nacional de Búsqueda, participan las Fiscalías estatales, la secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano, y hasta ese momento, la FGR.
Otro punto relevante de esto fue que la FGR estaba encargada de bases de datos como el Registro Nacional de Fosas, el Registro Nacional de Personas no Identificadas o bases de datos forenses. Con la aprobación de la Ley, la FGR abandonó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas y el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros sistemas de coordinación.
Lo anterior tomando en cuenta que la FGR lleva las investigaciones de caso de alto impacto como la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” deAyotzinapa o investigaciones en las están involucrados personal de la Sedena o de la Marina, eso implica que la FGR ya no participe en la coordinación con las otras instituciones.
A mediados del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, por lo que desde ese momento entró en vigor.
Los casos Odebrecht y Agronitrogenados otros de los dolores de Gertz
Teniendo en cuenta que una de las banderas y promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a castigar a los políticos que estuvieran involucrados en casos de corrupción. En ese sentido uno de los principales expedientes fue el de la entrega de sobornos presuntamente pagados por la constructora brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, a cambio de concesiones, los recursos fueron usados para sobornar a diputados de la oposición (PAN y PRD) para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La FGR acusó a Emiilio Ricardo Lozoya Austin de haber comprado la planta chatarra de Agronitrogenados a un sobreprecio, que habría causado un boquete en las finanzas de Pemex, esto trajo que el exdirector de la paraestatal saliera de México, por lo que tras meses de búsqueda, fue detenido en un fraccionamiento de lujo ubicado en Málaga, España, en febrero de 2020.
Después de cinco meses en una cárcel española, y luego de que el papá de Emilio Lozoya negociará con Alejandro Gertz Manero su extradición como testigo colaborador a cambio de delatar a los responsables de los casos de corrupción, el exdirector de Pemex llegó al país el 17 de julio de 2020 en medio de un show orquestado por la FGR, en el que se utilizó a un doble de Lozoya Austin para distraer a la prensa, que esperaba el arribo del exfuncionario al Reclusorio Norte.
Todo lo anterior con el argumento de que tenía problemas de salud, Lozoya Austin fue llevado a un hospital privado, desde donde rindió su declaración ministerial por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, responsabilizando de todo al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, al segundo se le trató de imputar y procesarlo, pero la FGR de Gertz Manero fracasó en su intento.
A finales del 2020en medios de circulación nacional se difundió que la FGR acusó a Peña Nieto de “traición a la patria y cohecho” con relación al caso Odebrecht, señaló al expresidente de ser el “autor mediato” de dichos delitos, utilizando a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya para delinquir no solo para beneficio personal, sino también en beneficio de la empresa Odebrecht.
Así como los casos como el del extitular de la Sedena en el sexenio pasado Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos de América, acusado de varios cargos de narcotráfico, entre ellos, ayudar al cártel del “H-2” a cambio de sobornos según pruebas e investigaciones de la DEA, aunque las presiones del instituto armado llevaron a López Obrador pedir al entonces presidente Donald Trump, su ayuda para liberar al general retirado, la Fiscalía estadounidense desistió de juzgar a Salvador Cienfuegos por narcotráfico.
El exsecretario de Estado fue liberado y enviado a México, bajo la promesa del gobierno de López Obrador de investigar las acusaciones las cuales llevó la FGR, las conclusiones de la dependencia a cargo de Gertz Manero cerró el caso del general Cienfuegos, al asegurar que el acusado “nunca” tuvo encuentro o comunicación con organizaciones de la delincuencia organizada, como lo señalaban las autoridades de Estado Unidos.
Otro de los asuntos donde se puso en entredicho el fiscal Gertz Manero fue el de Alejandra Cuevas Morán, quien fue encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de homicidio por omisión de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario de la 4T, Alejandra hija de Laura Morán, quien actualmente tiene 94 años de edad y durante 50 años fue la pareja sentimental de Federico Gertz, quien falleció a los 82 años tras una enfermedad.
Alejandro Gertz Manero arremetió contra la que fuera pareja de su hermano y la demandó, junto con sus hijas Laura y Alejandra Cuevas de homicidio por omisión de cuidados hacia Federico. Pero las hijas de Laura Morán no vivían con ellos, por lo que no jugaban un rol establecido en la rutina de cuidados del hermano del fiscal. La denuncia fue archivada en dos ocasiones por la justicia de la Ciudad de México debido a que no había elementos que evidenciaran las responsabilidades de ambas mujeres en la muerte de Federico Gertz Manero, aunque su caso fue analizado por el PJF y recuperó su libertad, así ha sido el paso de Alejandro Gertz Manero en la FGR.