AMLO mantiene ataques contra el Poder Judicial

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó al Poder Judicial calificándolos como “chuecos”, específicamente a la juez María del Carmen Sánchez por presuntamente beneficiar a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, tras otorgarle una suspensión para evitar que fuera extraditado a Estados Unidos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que dicho recurso judicial otorgado al líder delincuencial es “chueco a todas luces”.

¿Qué es eso? Si esto no es corrupción que me digan los ministros y ¡ah! el Consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados”, dijo.

En la sección “Cero Impunidad“, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) evidenció a Sánchez Cisneros, quien es jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

El mandatario mexicano también criticó a los colegios de abogados y al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM por guardar silencio con respecto a presuntos temas de corrupción en el Poder Judicial.

“Ojalá y algún día estos colegios de abogados y el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM llamara a conferencia de prensa y denunciara todo esto, se quedan callados, no dicen nada, es un silencio cómplice”, refirió.

“Por eso estamos planteando que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, que se integre el Poder Judicial con jueces, ministros íntegros, honestos, incorruptibles, realmente al servicio de los ciudadanos, del pueblo, de la sociedad, no al servicio de la delincuencia de cuello blanco o de la organizada”, puntualizó.

Entonces, sí se necesita la reforma, sin enojarse, sin insultos, sin nada, no, no, no. Ellos mismos deberían de atender esto, que era mi propósito, nada más que no pude. Pero sí se puede, aunque quede como tarea para adelante, pero ya irlo discutiendo, ventilando para que, si no podemos nosotros, los que vengan detrás puedan llevarlo a cabo.

Dicen algunos filósofos asiáticos que un problema bien planteado es un problema medio resuelto; entonces, si llegamos a plantear al problema, pues ya avanzamos, ¿no?, ya tenemos claro.

Ahora, si esto que vemos no es cierto, si no hay corrupción, si son excepciones, si no es algo generalizado, si los jueces, magistrados, ministros son personas íntegras, incorruptibles, pues también hay que fundarlo y decir: ‘No hace falta ninguna reforma, está muy bien’. Yo sostengo que no es así.

El subsecretario de la SSPC señaló que el mismo día de la detención de El Nini, la jueza ordenó la suspensión en favor del detenido.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, benefició a Néstor Isidro “N”, alias “El Nini”, para no ser extraditado a Estados Unidos.

Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes en esta ocasión. El primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y el caso de Lucía ‘N’, hermana de Juan ‘N’. El 15 noviembre de este año el juez Medina Gaona otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía ‘N’, quien promovió un amparo buscapiés contra posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad. De acuerdo con el juez de no otorgar esta suspensión, Lucía ‘N’ se le podría causar daños y perjuicios de muy difícil reparación. Cabe recordar que su hermano, Juan ‘N’, ha sido beneficiado por jueces federales en proceso que enfrenta por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio ‘N’, y aquí es la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio ‘N’ por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. La jueza refirió que a Emilio ‘N’ no le aplicaba la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012. Esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República ante el inaceptable criterio de la jueza, ya que es contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la ley en la materia, y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal.

El último es el caso de Néstor Isidro ‘N’. Y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, el mismo día de la detención de Néstor Isidro ‘N’, el día 22 de noviembre de manera inmediata le otorgó una suspensión de plano en favor del detenido para evitar sea extraditado a los Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación; sin embargo, el 23 de noviembre, un día después, el actuario de juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido malos tratos.

Al respecto, el presidente López Obrador pidió que se mostraran nuevamente los nombres de los jueces señalados de favorecer a presuntos delincuentes y dijo que ojalá, en algún momento se organice una rueda de prensa para dar a conocer estos casos.

De igual manera, expresó que para limpiar al Poder Judicial de corrupción se debe implementar un método democrático donde la sociedad elija a jueces y magistrados por voto universal, como lo plantea su iniciativa de reforma que presentará en septiembre del próximo año al Congreso.

En otro orden de ideas, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadanía (SSPC), reveló que un total de 7 mil 732 personas se han beneficiado de los esquemas de preliberación y amnistía implementados por el gobierno.

Según Rodríguez Velázquez, entre octubre y el actual mes de noviembre se ha concedido la libertad anticipada a 365 personas a través del primer mecanismo de preliberación, y seis personas más se han beneficiado del segundo mecanismo, que implica amnistías.

«Del 3 de octubre al 27 de noviembre han sido liberadas 365 personas, seis de ellas en prelibertad mediante amnistías. Entre estos beneficiarios, tres son hombres y mujeres en situación de extrema pobreza y discapacidad», enfatizó el secretario.

Rodríguez Velázquez precisó además que estas estadísticas, presentadas el martes 28 de noviembre en Palacio Nacional, fueron resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y diversos organismos de seguridad locales.

Para concluir, el titular de la SSPC agregó que tanto las preliberaciones como las amnistías se han otorgado a personas que no cometieron delitos graves y no recibieron representación legal adecuada. Este enfoque refleja el compromiso del gobierno mexicano de avanzar en la creación de una sociedad más humana, equitativa y justa.