Escala problema entre Samuel García y priistas

Después que legisladores y alcaldes del PRI y PAN de Nuevo León acusaran al gobernador Samuel García de realizar presuntos actos de persecución y ejercer violencia política, el mandatario estatal obtuvo un amparo para evitar la posibilidad de que autoridades de dicho estado giren órdenes de aprehensión en su contra.

La reciente suspensión provisional aprobada por el juez séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, responde a actos que podría ejecutar el juez primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León.

Según se dio a conocer, el recurso legal protege a García, a su padre, madre y sus dos hermanas, Silvia Catalina y Ana Cecilia, además de la pareja sentimental de una de ellas.

También apunta que García ha sido víctima de dichos actos porque buscan obstaculizar y acabar con sus aspiraciones políticas; hecho que podría estar vinculado con sus constantes declaraciones relacionadas a la posible búsqueda de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

“Venimos a esta reunión importante para reiterar nuestro apoyo y nuestro respaldo ante esta clara persecución política por parte del gobernador de Nuevo León. Esto es una persecución inadmisible que, aparte, quiere ser aprovechada en una campaña ilegal para posicionar a un personaje que avergüenza a la política”, dijo en su momento, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Alcaldes y diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Diputados federales, locales y alcaldes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) denunciaron el acoso político y violencia de género ejercida por el gobernador del Nuevo León, Samuel García, con un sistemático “terrorismo” en contra de ellos y sus familiares, a fin de lograr hacerse de una mayoría y tener el control del Congreso estatal.

En conferencia de prensa, con la presencia de diputados federales de las bancadas del PRI, PAN y PRD, la legisladora Carolina Viggiano Austria condenó la actitud autoritaria del gobernador de Nuevo León. “Levantamos la voz desde la Cámara de Diputados ante el acoso contra la oposición y sus familias. Usar el aparato del Estado para presionar a legisladores y en especial a legisladoras, para que pidan licencia o renuncien; es ilegal, autoritario y cobarde”, subrayó.

La también secretaria General del PRI recalcó que el mandatario tiene que entender que vivimos en una democracia y no en una monarquía ni dictadura. “¡Las diputadas y los diputados de Nuevo León no están solos! No nos vamos a doblegar ante las amenazas y actos de intimidación de un gobierno vendido a morena”, resaltó.

En su oportunidad, la diputada local del PRI, Perla Villarreal mencionó que han aprobado en el Congreso diversas reformas a fin de prevenir el excesivo abuso del poder por parte del gobernador y dar equilibrio a diferentes funciones públicas. Ante las agresiones que ha recibido, sostuvo que su voluntad no se vende ni su lealtad y por ello seguirá representando a los vecinos que la eligieron como diputada priista.

A su vez, la legisladora priista Lorena de la Garza indicó que desde el mes de noviembre del año pasado ha sufrido hostigamiento porque el pecado de ellas, además de militar en otros partidos políticos, ha sido señalar la larga lista de faltas y omisiones del gobierno emecista. Recalcó que una persona violenta no puede ser gobernador cuando no respeta la división de Poderes ni a las mujeres.

En su intervención, la diputada local del PAN, Cecilia Robledo denunció que fue víctima de violencia política de género por parte del Estado y de la bancada de MC por desconocerla como diputada y acusándola públicamente de cometer un delito. Advirtió que ese partido y el Gobierno del estado quieren la mayoría del Congreso Local y por eso han estado persiguiendo y amenazando a diputados de oposición.

Por su parte, la representante local panista, Myrna Grimaldo mencionó el “terrorismo político” que está llevando a cabo el Gobierno del estado, “estamos sufriendo acoso, cierre de negocios, oficinas, en mi caso particular así fue, un despacho que tengo desde hace más de 20 años lo clausuraron la semana pasada, pusieron reductores de agua en la casa de mis padres, personas de 80 años, despidieron a familiares en espacios que tenían en empresas”, narró la diputada del blanquiazul.

En su momento de hacer uso de la voz, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, refrendó el apoyo de su gobierno municipal hacia las diputadas hostigadas, porque, anotó, “no están solas, tienen a sus presidentes municipales, a sus alcaldes y a sus alcaldesas”. A su vez, la alcaldesa priista Cristina Díaz resaltó la importancia de que se escuche esta situación.

“Se busca, presionar al quejoso para que abandone sus aspiraciones políticas, ello a través de la persecución de sus familiares aquí quejosos”, se específica.