Van por auditoría al área de comunicación social de Sheinbaum Pardo

Leonardo Juárez R.

El grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso capitalino solicitó a las autoridades fiscalizadoras verificar si estas empresas de comunicación no figuran en una red de corrupción, con el objeto de identificar si los gobernadores morenistas que apoyan a ClaudiaSheinbaum Pardo puedan tener contratos y lleven a cabo desvío de recursos para avivar la campaña de ella.

El GPPAN mencionó que “por el uso indiscriminado de recursos públicos para la imagen personal y propaganda nacional, que a la vista es ilegal por parte de Claudia Sheinbaum, se exige iniciar una auditoria amplia y focalizada en el gasto que ha ejecutado el área de comunicación en los últimos años”.

Recalcó, “la jefa de Gobierno se ha promovido más allá del gasto superfluo en comunicación social que para este año fue de 753 millones de pesos, con recursos públicos para costear posiblemente bardas, espectaculares y viajes a otras entidades, en las cuales, también la acompaña un staff de foto y video, además de asistentes”.

Asimismo, Sheinbaum en su ambición por ser candidata y ganar la encuesta de Morena “desde 2019 contrató a empresas mediante adjudicaciones directas para promover sus logros y posicionarse personalmente. Por ejemplo, a la empresa Cacomixtle Medios Digitales S.A. de C.V., le pagó en este 2023, alrededor de dos millones 625 mil pesos bajo un convenio por asignación directa, a pesar de que tiene un procedimiento en un Tribunal Electoral por difusión prohibida”.

Refirió, durante el gobierno de Sheinbaum se ha evidenciado un aumento significativo y anual para el área de comunicación social, otorgando un incremento de más de 200 millones de pesos para el año 2023.Es un presupuesto sumamente elevado con relación a lo aprobado para el 2022, sin que se justifique el gasto como una necesidad primordial para efectos de beneficio a la población, inclusive reduciendo presupuesto en materias necesarias para la vida de las y los capitalinos, como lo es la reducción al Fondo de Atención a Peatones y Ciclistas o como el decremento al presupuesto asignado a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México”.

Manifestó, con la inminente llegada de los periodos electorales, así como el “destape” de la jefa de Gobierno con sus aspiraciones a ser la candidata a la Presidencia por parte de Morena, se incrementaron las bardas pintadas, anuncios espectaculares y medios de publicidad en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Recordó, el Tribunal Electoral del PJF ha sentenciado en diversas ocasiones a la jefa de Gobierno, por su responsabilidad en infracciones electorales de forma reiterada. “Pero en el Congreso CDMX, Morena aprovechando su mayoría no ha querido sancionar, a pesar de que ya existe un mandato judicial”.

Aseveró, “es importante mencionar que Claudia Sheinbaum cuenta hasta este momento con 137 procedimientos abiertos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por actos anticipados de campaña y violación sistemática de los principios democráticos, además de uso indebido de recursos públicos, materiales, humanosy económicos en beneficio personal y electoral”.

Anunció, se va a presentar un punto de acuerdo al Congreso, con la finalidad de que las autoridades fiscalizadoras verifiquen si estas empresas de comunicación no figuran en una red de corrupción, con el objeto de identificar si los distintos gobernadores morenistas que apoyan a Claudia puedan tener contratos y lleven a cabo desvío de recursos para avivar la campaña de Sheinbaum.

Subrayó, “el gasto y la presencia de Claudia Sheinbaum en publicidad exterior y medios de comunicación recientemente, ha sido grotescamente exorbitante.Sólo se explica, por un dispendio obsceno de dinero en donde maniobrando bajo la ley Sheinbaum y la discrecionalidad que le da el presupuesto para gastar indiscriminadamente en ese rubro, o peor aún, con aportaciones y manejo ilegal al margen del presupuesto del GCDMX para contratar esos espacios”.

Añadió, “por ello es necesario que se investigue y se audite, para deslindar responsabilidades para saber si eso viene desde un posible desvió de recursos de nuestro presupuesto capitalino o si viene de aportaciones de contratistas del gobierno capitalino”.