No hay elementos que demuestren que helicóptero fue derribado con un arma

José Ángel Somera

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tras el accidente aéreo del helicóptero propiedad del gobierno de Aguascalientes, la delegación de la dependencia en esa entidad inició una carpeta de investigación por los posibles delitos mencionados en los artículos 170 y 399 del código penal federal, las investigaciones no han arrojado que algún arma haya provocado el percance.

La FGR indicó que en colaboración con la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes, se han realizado los peritajes en materia de aeronáutica civil, criminalística de campo, incendios, seguridad, genética, balística, así como el procesamiento del lugar de los hechos; las entrevistas con testigos y la obtención de videos del C-5 y C-4 correspondientes a dicho territorio.

Apuntó, los primeros peritajes indican que no se han encontrado, “hasta el momento, vestigios de algún impacto producido por arma de fuego en los restos de la aeronave.Conforme se vayan obteniendo pruebas e información que puedan ser difundidas, esta institución las dará a conocer de manera inmediata”.

Como se recordará la mañana del viernes pasado se desplomó la aeronave en la que viajaba el secretario de Seguridad de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez,el piloto Olegario Andrade Zamorano, el capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, y los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero. El helicóptero con indicativo “Águila 1” cayó muy cerca del hospital regional número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se incendió tras el desplome.

Sánchez Mendoza ocupó cargos en diferentes instancias de seguridad, laboró en la desaparecida Policía Federal en el régimen de Felipe Calderón Hinojosa, fue jefe de Departamento de Investigación Policial de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en la extinta PGR, subdirector de Investigación Policial.

En el periodo de 2007 a 2010 fue director de Operaciones Encubiertas de la Policía Federal, director general de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal, coordinador de Investigación Técnica y Operación, y coordinador de investigación de campo para casos de secuestro.

Del año 2014 y hasta 2018 se desempeñó como director de situaciones tácticas en la Coordinación de Operaciones Especiales en la División de Fuerzas Especiales de la Policía Federal, participó en la AFI y después de la Policía Federal en la época que Luis Cárdenas Palomino fue jefe de Inteligencia, En junio de 2018 rindió protesta ante el entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco y desde ese momento era secretario de Seguridad de Pública del estado.

En su momento, la Fiscalía General de la República (FGR) le detuvo en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.

Un juez federal le dictó auto de formal prisión, siendo traslado al Reclusorio Norte, pero fue absuelto de los delitos que le habían sido imputados.  La investigación comenzó en 2016, tras una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la apertura a trámite de una petición realizada por una víctima.

En tanto, la gobernadora de la entidad Teresa Jiménez dio a conocer que  Manuel Alonso García, quien fungía como titular de la Agencia de Investigación Criminal asumirá momentáneamente la SSP de la entidad.