Seguridad

Dan a conocer avances de desaparecidos en bar de Azcapotzalco en 2020

José Ángel Somera

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer ayer los avances en la investigación con relación a la desaparición de dos jóvenes, ocurrida en 2020, en el bar “El Bar Quito” de la alcaldía Azcapotzalco, así como la actualización que guardan las indagatorias sobre el caso de posibles irregularidades de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.

En mensaje de medios el vocero de la FGJCDMX Ulises Lara López indicó que en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de desaparición cometida por particulares agravado, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Alfonso “N” (a) “El Yiyo”, por su probable participación en la desaparición, quienes fueron vistos por última vez en el establecimiento mercantil ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

Refirió, “El Yiyo” fue capturado en calles de la colonia Providencia, tras descartar homonimia, los detectives le notificaron del mandamiento judicial en su contra, y lo trasladaron al Reclusorio Norte, donde quedó a disposición del juez de control.

Mencionó, las investigaciones señalan que el 29 de agosto de 2020, varios sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego en el interior del establecimiento, por lo que los asistentes corrieron en distintas direcciones y hasta el momento se desconoce el paradero de los dos jóvenes.

Dijo, como parte de las diligencias, se conoció que Alfonso “N”es persona de confianza de Saúl “N”, dueño del bar y encargado de la administración de un panteón ubicado en dicha alcaldía, lugar en el que laboraba como administrativo   con las funciones de asignación y control de las fosas. Hasta el momento se han aprehendido al menos 10 personas,las cuales se han presentado ante un juez de Control.

En cuanto al caso de posibles actos de corrupción en el sector de bienes raíces ocurridos en la alcaldía Benito Juárez, Lara López informó que se continúa con la integración de mayores datos para ahondar en el modus operandi del Cártel Inmobiliario, las cuales han repercutido no solo en la calidad de vida y patrimonial de las y los vecinos de dicha demarcación, sino en la ciudadanía en general por los efectos medioambientales y hacia la confianza en sus servidores públicos.

Resaltó, gracias a las numerosas denuncias que las y los habitantes de la demarcación que se han visto directamente afectadas y afectados por este mecanismo delincuencial, las investigaciones se han robustecido considerablemente. “Hasta el día de hoy, el personal ministerial ha registrado 99 inmuebles posiblemente irregulares que corresponden a las características de este modus operandi”.

Indicó, la mayoría de estos inmuebles están ubicados en las colonias de mayor plusvalía como la Del Valle, Narvarte, Nápoles, San José Insurgentes y Nochebuena, “se han documentado que esta serie de posibles irregularidades van desde el otorgamiento de escrituras públicas con inconsistencias sobre niveles, áreas comunes e indivisos, incumplimiento en los servicios prometidos por la desarrolladora; venta de áreas comunes, e incumplimiento con la densidad de los espacios de propiedad exclusiva, entre otros”.

Aseveró, “el objetivo es que exista certeza jurídica para las personas afectadas, cuyo patrimonio puede encontrarse en riesgo y que se garantice que las investigaciones serán presentadas ante las autoridades judiciales competentes para que tomen en cuenta lo conducente.Además, gracias al avance en las investigaciones, han surgido otros nombres de personas posiblemente involucradas que con distintos niveles de intervención en la operación de este esquema delictivo y cuyas relaciones se enmarcan en lo familiar, político o económico”.

Manifestó, “se alista los datos de prueba para demostrar su probable participación en los hechos que la Ley señala como delito y en su momento se darán a conocer los pormenores a la ciudadanía, estaremos atentos a los resultados obtenidos en la Mesa Interinstitucional, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el objetivo de otorgar asistencia jurídica a quien lo requiera”.