Autoriza TEPJF al INE continuar investigación contra Pío López Obrador

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó al Instituto Nacional Electoral (INE)a continuar la investigación contra Pío López Obrador, por presuntos delitos electorales.

Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior estimaron necesario que el INE concluya la integración del proceso sancionador y determine si López Obrador es o no merecedor de sanción.

La mayoría de los magistrados votó en contra de la propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, quien pidió exonerar, de manera lisa y llana, a Pío López Obrador.

Según la propuesta del magistrado Vargas Valdez los delitos por los que se pretende sancionar a Pío López Obrador prescribieron desde 2018, por lo que no es procedente la indagatoria.

No obstante, la mayoría de los magistrados estimó que la investigación debe continuar en el INE y que sea dicha instancia si hay o no delito que perseguir.

“La única vía en la que se puede llegar a tener certeza sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados, así como de la fecha en que se consumó algún ilícito en materia electoral, es permitiéndole justamente al INE desplegar su facultad investigadora”, dice Janine Otalora.

Negaron que dicha investigación cause actos de molestia, viole la seguridad jurídica o los derechos de debido proceso y presunción de inocencia en agravio del hermano del presidente de la República.

La decisión implicó que quedaran firmes las sanciones a 14 concesionarias y las vistas al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine la sanción a los funcionarios involucrados.

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada en la que atribuyó de responsabilidad y sancionó a diversas concesionarias y funcionarios públicos como consecuencia de la difusión del evento denominado “Primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno”.

En su momento, el Partido de la Revolución Democrática presentó una denuncia contra el presidente de la República, tras argumentar que el evento referido difundiría logros del gobierno federal y, a su vez, posicionaría su imagen y promocionaría al partido Morena en el marco de los procesos federales y locales.

En un primer momento, la Sala Regional Especializada determinó que las infracciones eran inexistentes. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF revocó esa decisión y sostuvo que el evento sí constituía propaganda prohibida en materia electoral por lo que ordenó el deslinde de responsabilidades. Posteriormente, la Sala Regional Especializada consideró que 14 concesionarias y diversos servidores públicos adscritos a la Presidencia de la República cometieron infracciones por la difusión de propaganda en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos.

Derivado de esa resolución, las concesionarias sancionadas y los servidores públicos impugnaron la decisión tras alegar, entre otras cuestiones, que la Sala Regional Especializada no podía conocer los actos denunciados porque el evento se realizó en la Ciudad de México; no había pruebas que acreditaran la responsabilidad de los servidores; la inconvencionalidad del artículo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por la falta de congruencia de esa Sala al juzgar el caso, por la supuesta inobservancia al principio de obediencia jerárquica y la indebida individualización de las sanciones.

La Sala Superior desestimó sus planteamientos y, en consecuencia, determinó que los razonamientos de la Sala Especializada fueron adecuados, pues además de que la Sala sí tenía competencia para estudiar el evento denunciado, porque el proceso electoral federal ya había iniciado, los hechos denunciados involucraban al presidente y se dio la difusión en radio y TV; se precisó que los servidores públicos no están exentos del cumplimiento de los límites previstos en la Constitución y que las concesionarias tienen la obligación de no difundir propaganda gubernamental contraria a la normativa electoral (SUP-REP 358/2021 y acumulados).