Estabilidad y freno al crimen, retos de Fujimori al llegar a presidencia de Perú
Al asumir este martes la presidencia de Perú por cinco años la conservadora Keiko Fujimori, manifestó que el desafío primordial es alcanzar la estabilidad después de una década de crisis política y frenar la alta criminalidad, juró ante el Congreso peruano donde se comprometió a defender la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de poderes.
En sus despachos la AP destacó que la nueva mandataria resaltó que cumplirá y hará cumplir la Constitución, que respetará las leyes y velará por la integridad física y moral de todos los peruanos, “en especial de los que han sido históricamente postergados”. Después se colocó la banda presidencial de colores rojo y blanco, elaborada con una tela brillante e hilos bañados en oro.
Destacó, la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) -fallecido en 2024 y quien estuvo 16 años preso por corrupción y asesinato-, regresa tras más de 25 años al palacio presidencial donde vivió y fue primera dama tras el divorcio de sus padres en 1994, e imponerse en junio en un reñido balotaje al progresista Roberto Sánchez en su cuarto intento por alcanzar el poder.
Pese a la larga inestabilidad política que antecedió a su victoria en las urnas con ocho presidentes en la última década, la conservadora de 51 años encontrará a un país con una economía estable y en crecimiento favorecida por las exportaciones de minerales. Siendo su principal reto el combate a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2 mil 421 en 2019 a 26 mil 734 en 2025, según estadísticas oficiales.
Este delito golpea la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios, han cobrado la vida de 239 transportistas en 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres, la oposición política peruana a realizado una serie de pedidos a Fujimori, incluida la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento dirigido por el fujimorismo, según los expertos debilitan la lucha contra el crimen organizado.
Las normas eliminan la detención preventiva en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.
Keiko Fujimori prometió en campaña que enfrentará el crimen con “mano dura” siguiendo el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, construirá una cárcel similar a la salvadoreña “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, e implantará jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.
La oposición peruana ha solicitado una Comisión para investigar las muertes de 50 civiles a manos de la fuerza pública durante las manifestaciones de 2022 y 2023 que exigían nuevas elecciones y que surgieron tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022).
Familiares de los fallecidos en las protestas no reconocen a Fujimori como presidenta y protestaron antes de su toma de posesión. Milagros Samillán, hermana de uno de los 50 civiles asesinados, aseveró a la prensa local que consideran a Fujimori responsable de blindar a la entonces mandataria Dina Boluarte -sucesora de Castillo-. También la señalan como la “hija de un dictador” que violó derechos humanos, “la justicia está lejos de nosotros, hoy lavamos la bandera en memoria de esos mártires”.
Milagros Samillán hermana de Marco Samillán estudiante de Medicina asesinado en 2023 por la fuerza pública cuando socorría a manifestantes heridos, enfatizó “Keiko Fujimori no nos representa, no es nuestra presidenta, lavamos la bandera que debería estar limpia, pero sigue manchada de sangre, injusticia, corrupción e impunidad”.
El exjefe de Estado Pedro Castillo fue condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión y un sector de la oposición pide que Fujimori libere al expresidente, Keiko Fujimori no se ha referido a ninguno de los pedidos, aunque dijo a mediados de julio que cree “profundamente en la reconciliación”.
