ONU pide a México investigar desapariciones forzadas
Después de mostrar preocupación por las supuestas interferencias que han padecido los padres y madres buscadoras en México, especialistas y relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitaron a las autoridades mexicanas realizar investigaciones imparciales.
De acuerdo con el organismo internacional, el estado mexicano les ha causado preocupación por este tema. “Nos preocupa la información relacionada con episodios en los que familias que buscan a sus seres queridos habrían sufrido interferencias al levantar sus voces pacíficamente durante uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, declararon los seis expertos independientes.
Los expertos subrayaron que la celebración de competencias internacionales de gran escala nunca debe justificar la restricción del espacio cívico ni el menoscabo de los derechos de las víctimas.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias señaló que diversos activistas enfrentaron actos de intimidación, acoso digital y cercos policiales mientras intentaban distribuir fichas de búsqueda o realizar actos simbólicos.
También abundó que en algunos reportes, se detalló cómo fuerzas de seguridad rodearon a manifestantes pacíficos para limitar su alcance público.
Dicha situación ocurre mientras el país registra oficialmente desde 2006 a cerca 130 mil personas desaparecidas, una cifra que organismos internacionales llegan a calificar como un «crimen contra la humanidad» debido a su magnitud y persistencia.
Los colectivos de familias y buscadoras en Jalisco alertan sobre un alarmante aumento en las desapariciones de mujeres y menores conforme avanzó el torneo.
Organizaciones como el colectivo «Luz de Esperanza» reportaron que, sólo en Guadalajara y su zona conurbada, se registraron 43 desapariciones en apenas cinco días de mayo, de las que, una parte significativa, corresponde a niñas y adolescentes
Los familiares sostienen que este repunte no es casual y podría estar estrechamente vinculado a redes de trata de personas y explotación sexual que habrían operado con mayor intensidad durante el Mundial.
Según datos de plataformas locales, Jalisco pasó de tener 19 casos de menores desaparecidos en abril a 51 reportes en mayo, lo que refuerza la exigencia de las familias por una estrategia de seguridad que no priorice el espectáculo sobre la protección de la ciudadanía.
Cabe señalar que ya en ocasiones anteriores el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado al secretario general de Naciones Unidas, que remita urgentemente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México. El objetivo es que el plenario de la organización considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este tipo de crimen.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha emitido un comunicado en el que rechaza firmemente el informe, al que califica de “parcial y sesgado” por “omitir los esfuerzos institucionales”, mientras la crisis de desaparecidos en el país se acerca a los 133.000 casos sin resolver.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha registrado cómo en México se cometen desapariciones con apoyo directo o indirecto “de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado” en casos en los que la colusión de agentes municipales, Estatales y federales con los grupos criminales representa un patrón específico. “Siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales”, reza el documento. Como ejemplo reciente, la FIDH recuerda el caso del Rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado identificado por colectivos de buscadores, y al que la Fiscalía de Jalisco inició un proceso de investigación plagado de omisiones y negligencias forenses.
