Muñoz Vázquez no puede ocultar su negro pasado, a la espera de los Tribunales
* Pesan sobre él acusaciones de tortura argumentado el combate a la corrupción en Aguascalientes con al menos 40 casos, la Fiscalía de la entidad pedía pruebas para investigar y consignar
* A su paso por la FGR se le relacionó con irregularidades en expedientes de alto impacto como el Chihuahua, Odebrech, Duarte de Ochoa
* Un abogado lo acusó de corrupto y protector del régimen peñista en particular por el caso Odebrecht
Felipe de Jesús MuñozVázquez exsubprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la extinta PGR entre marzo de 2015 y junio de 2019, continúa a la espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejercite acción penal en su contra por presuntos actos de tortura, en agravio de 19 personas, hecho por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019, así como una indagatoria donde no se le admitió una prueba pericial en materia de contabilidad.
Los antecedentes del caso refieren que en julio de 2022 el exfuncionario federal fue señalado por no actuar sólo en las torturas ejercidas entre 2010-2014, asimismo, se resaltó que Carlos Lozano de la Torre como su superior, también es responsable porque no actuó en consecuencia para sancionar, al contrario, encubrió, como lo hicieron otros entes gubernamentales y personas relacionadas en dichos actos.
En 2019 se emitió dicha recomendación de parte de la 17VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “hay impunidad porque nadie ha sido llamado a rendir cuentas”, mientras en conferencia de prensa Guillermo Fernández-Maldonado Castro, entonces representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), acompañado de algunas de las víctimas y sus familiares, manifestó que a partir de ese momento se les debía respetar su situación para no ser expuestos si ellos no lo desean, ya que además del sufrimiento físico y psicológico que sufrieron también se les trató mediáticamente como delincuentes sin serlo.
Detalló en uno de los salones del hotel Francia que el informe “Hasta Perder el Sentido”, se confirma que encontraron “hallazgos públicos y reconocemos la tortura, por eso hago un exhorto a que se respete la identidad de las víctimas porque es un tema delicado, son valientes las víctimas que decidieron hablar y permitir que ONU-DH documentara sus casos y en retribución se les debe regresar su dignidad como sobrevivientes de los actos de tortura a los que fueron sometidos”…
Insistió que la ONU-DH pretende contribuir con el informe “Hasta Perder el Sentido” a “quitar los obstáculos para emprender los desafíos para todas las personas de la función pública que brinden el apoyo que marcan los protocolos internaciones a las víctimas de tortura y un firme recordatorio de manifestar que con esos hechos se transgrede la dignidad, integridad física y mental con dolores y sufrimientos graves, en ocasiones irreversibles; por ello, debe de haber prohibición absoluta en todo el mundo porque no hay ninguna razón que justifique en México, y en este caso de Aguascalientes -donde Muñoz Vásquez fue procurador-, el acceso a la verdad y la justicia a los sobrevivientes de tortura”.
La CNDH en su recomendación documentó sólo a 19 víctimas, pero la ONU-DH lo realizó en 40 expedientes, de ellos los de 33 hombres y siete mujeres que fueron sometidos a todo tipo de vejaciones y maltratos en el periodo de 2010-2014 “ocurridos y sin ser atendidos debidamente dejando afectaciones serias y los responsables no han rendido cuentas ante la justicia. Las víctimas no han recibido la reparación integral y el tiempo transcurrido no resta relevancia a estos casos, lo que hace más preocupante que no hayan recibido la atención inmediata de las autoridades de Aguascalientes, especialmente cuando existe una recomendación y en todos los casos hubo impunidad y ninguno de los perpetradores ha sido llamado a rendir cuentas”.
Resaltó, “la mayoría sigue privada de su libertad ante la falta de atención de estos organismos. Las personas que sobreviven a esto todos los días padecen secuelas persistentes y agravadas por la falta de justicia, malos tratos que hacen las autoridades y que incurren en responsabilidad al no rendir cuentas cuando pueden hacerlo y evitarlo, pero no lo hicieron”.
La ONU en sus investigaciones encontró que en el periodo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez al frente de la Procuraduría de Aguascalientes, sin nombrarlo a él o a otros funcionarios de la dependencia, “facilitaron la tortura de manera sistemática para destacar la procuración de justicia incompatible con los derechos humanos ante el ejecutivo federal en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada con la acusación de corrupción y coaptación de elementos de las policías municipales y estatales, como parte de promover como necesaria la mano dura. Es claro que así no se combate la inseguridad ni abonan a que haya mayor confianza en las instituciones”.
Manifestó, “pero aún la falta de controles de rendición de cuentas de la Procuraduría de Aguascalientes con esto extendió un cheque en blanco al procurador Muñoz Vásquez para que lograra resultados en el combate a la delincuencia a cualquier costo, pasando por encima de todos los derechos y expresión de dignidad de las personas detenidas causándoles sufrimiento excesivo con el arraigo para ocultar la tortura”.
Detalló, “la tortura se hacía de forma sistemática a docenas de detenidos para obligarlos a confesar delitos que no cometieron y exhibirlos en medios de comunicación vulnerando el principio de presunción de inocencia, condición muy seria que Aguascalientes hasta últimas fechas mantiene. Y es una doble injusticia porque sufren graves abusos de parte de los funcionarios que torturaron por delitos que no cometieron las víctimas y por eso tienen derecho a que rindan cuenta ante la justicia y no fabriquen culpables”.
Refirió, aunado a ello los detenidos a pesar de ser torturados, la ONU pudo documentar que hubo “amenazas de ministerios públicos, jueces, defensores de oficio y magistrados en el contexto de inhibir lo que pretendían denunciar haber sufrido en los separos de la Procuraduría. Hubo una total falta de investigación independiente e imparcial que a la fecha sigue sin hacerse y no hay ningún responsable procesado y sancionado por torturar”.
Aseveró, “al no existir esa imparcialidad en la ahora Fiscalía, se exige iniciar nuevas investigaciones que sean efectivas e incorporen los estándares internacionales de derechos humanos y tengan justicia con el proceso de los responsables”.
Indicó, “como la violencia sexual también fue sistematizada se hicieron los análisis en perspectiva de género y también implica proveer atención ginecológica para que haya peritajes médicos y psicológicos, en donde no se reintegre ni revictimice a la persona. Otra falta fue que se permitiera algo tan deleznable como el intento de obstruir la recomendación de la CNDH para socavar su efecto por parte de un alto funcionario (Felipe de Jesús Muñoz Vázquez) a través de un juicio de amparo que tuvo consecuencias por dos años para impedir la publicación de la misma en la página web y la no investigación de los casos de tortura, por eso ahora el Poder Judicial de la Federación revirtió esto para que la recomendación (17VG/2019) tenga todos los efectos positivos”.
Pese a que Muñoz Vázquez no pudo ser funcionario en los tres niveles de gobierno siguió ocupando cargos en el ámbito federal hasta 2019 en medio de una denuncia en su contra por supuestos actos de corrupción, en septiembre de 2021 un Tribunal federal le negó un amparo promovido contra la carpeta de investigación que se le inició en la primera administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), antes fue titular de las Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), entre marzo de 2015 y junio de 2019.
El también exprocurador de Colima estuvo a cargo de decenas de investigaciones relevantes de la extinta PGR, contra integrantes de la delincuencia organizada, así como en el caso en contra del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
La carpeta de investigación iniciada en su contra quedó radicada en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR, la cual se extendió a los agentes del Ministerio Público Federal, María Genoveva Calderón Monterrosas y Juan Manuel Valencia Paredez.
Por lo anterior, Muñoz Vázquez promovió un amparo contra los acuerdos ministeriales del 2 y 16 de junio de ese año, en los que se resolvió no desahogar diversos actos de investigación, el exfuncionario federal buscaba que la FGR admitiera una prueba pericial en materia de contabilidad; sin embargo, el juzgado IV de Distrito de Amparo en materia penal desechó la demanda por improcedente.
Después Felipe de Jesús Muñoz presentó un recurso de queja, pero el II Tribunal Colegiado en Materia Penal lo declaró infundado, debido a que la determinación de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de no admitir la prueba pericial no provocó una afectación al quejoso en su derecho de defensa.
El fiscal Alejandro Gertz Manero en diversos momentos expuso que Felipe de Jesús Muñoz Vázquez presentó un juicio de amparo para revertir una recomendación de la CNDH en la que había sido señalado como presunto torturador de 19 personas, y que la otra investigación seguía su curso.
En el portal electrónico “Aristegui Noticias” se difundió que la salida de Felipe Muñoz de la FGR, significaba un duro revés para el expresidente Enrique Peña Nieto, y exdirector de Pemex Emilio Ricardo Lozoya Austin, de acuerdo al penalista Paulo DíezGargari.
En su cuenta de Twitter -hoy X- el jurista Díez Gargari resaltó que Felipe de Jesús Muñoz se va de la Fiscalía General de la República bajo investigación por “corrupción. Ya no le hará más daño a la República”.
El exsubprocurador federal fue señalado por omisiones en las investigaciones penales de casos vinculados con corrupción en el sexenio peñista como el de Chihuahua con César Horacio Duarte Jáquez, La Estafa Maestra, los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el papel que jugó Emilio Lozoya en esta trama.
