Increpan a Lenia Batres; supuesto foro por reformas desata inconformidades
En una reunión con vecinos de la Colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, recibió gritos y abucheos por mentir e intentar engañar a los ciudadanos, según le reclamaron un grupo de personas ahí presentes.
Lenia Batres fue confrontada por un grupo de personas identificadas como trabajadores del Poder Judicial, en el foro informativo previo a la discusión de una posible reforma judicial.
A través de su cuenta de X, Lenia Batres declaró que fue invitada al foro y se logró el objetivo de informar sobre la reforma judicial.
En el video que compartió en sus redes sociales, Lenia Batres afirmó que es necesaria una reforma judicial y que no es necesario ser «doctor en Derecho» para darse cuenta. «Necesitamos una reforma al poder judicial (…) entonces necesitamos mejorar todo el sistema», declaró.
Al lugar llegó un grupo de supuestos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el fin de externar su rechazo a la reforma, lo que propició el malestar de quienes apoyan la iniciativa.
Durante su exposición, Batres Guadarrama destacó la necesidad de concretar la reforma, ello con el fin de democratizar al PJF y contar con juzgadores que sean útiles a la sociedad.
“Urge que se democratice, creo que urge que ministras y ministros, más que estén en el limbo, sean funcionarios y funcionarias públicas útiles a la sociedad, que tengan sensibilidad. Sí, que tengan muchas credenciales, que estudiemos mucho, debemos estudiar, pero más importante que los estudios s que no perdamos la capacidad de indignarnos con la injusticia”.
“Nos toca, sí, claro que nos toca opinar. No a los que están dentro del Poder Judicial, nos toca a todos, es nuestro Poder Judicial, no es de uno, no es ellos, no es de los que están adentro y lograron y ‘ahora ya no se lo soltamos a nadie’. El Poder Judicial es un poder público que debe servirle a la sociedad mexicana. ¡Ese es el Poder Judicial que queremos!”, dijo en lo que más bien parecía una reunión de vecinos para ver a quien le tocaba pagar los refrescos, que un foro informativo.
La ministra señaló que la reforma es necesaria no sólo para elegir por voto popular a quienes imparten justicia, sino también para hacer que en el PJF se respete el límite salarial para funcionarios públicos y que se tenga sensibilidad social y mencionó que más de 2 mil 300 personas perciben más salario mayor al del presidente de la República.
La ministra trató de tomar la palabra, pese a la bulla que hacían los asistentes al foro; incluso, una parte de las personas empezaron a gritar «¡Respeto, respeto!» para dejar hablar a la ministra. Asimismo, los moderadores acusaron a las personas de tratar de romper la asamblea informativa.
«¡Por favor, compañeras y compañeros, hay que respetarnos!», fue uno de los mensajes para tratar de calmar los gritos en contra de la ministra, quien trató de dialogar con las personas.
Otro de los argumentos que expuso Lenia Batres a favor de una posible reforma judicial, durante el foro, es que los ministerios públicos «desechan los casos» y hasta declaró que hay personas que reciben un trato diferente al de los capos cuando éstos terminan ante las autoridades.
En otro orden de ideas, las fiscalías de todo el país llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a preservar en el mandato en la Constitución de aplicar la prisión preventiva oficiosa en delitos graves como secuestro, feminicidio, homicidio, desaparición forzada, entre otros, pues de lo contrario advirtieron que saldrían de prisión más de 60 mil personas procesadas por esos delitos y se mermaría la autonomía del Estado, su seguridad y la justicia penal del país.
El llamado se hizo durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por los 32 fiscalías generales de Justicia de los estados y la Fiscalía General de la República (FGR), que fue celebrada a puerta cerrada el pasado 21 de junio.
“Se determinó por unanimidad, que debe preservarse la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, en su aplicación puntual, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte”, informó este domingo la FGR, en el comunicado 321/24.
En la Corte, está en análisis un proyecto de sentencia que propone anular el segundo párrafo del Artículo 19 constitucional que ordena aplicar la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos.
“Resolver en contra de la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal lo que implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir de lo cual, se cuenta con un gran número de casos”, advierte la FGR.