Plagada de acusaciones de corrupción, acoso e irregularidades en el IPN

La administración del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Arturo Reyes Sandoval se ha visto envuelta en una serie de escándalos y denuncias de corrupción, acoso laboral, entre otras irregularidades, incluso su comparecencia en la Cámara de Diputados y la denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR), ha quedado en el “limbo”, no se supo si en realidad prosperaron los llamados o si se inició la carpeta de investigación correspondiente a estos hechos.

En el recinto legislativo de San Lázaro en su momento algunas de las fracciones parlamentarias hicieron alianza solicitando la comparecencia del titular del IPN, para que diera una amplia explicación en torno a las acusaciones que circularon en los planteles de una de las instituciones educativas con más prestigio de México, América Latina, e incluso del mundo, especialmente la del desvío millonario de recursos públicos de la institución.

Por esos hechos ante la representación social de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR la diputada por Morena Inés Parra Juárez (Morena) presentó en julio una denuncia contra las autoridades del IPN por un quebranto al erario público de 273.7 millones de pesos.

En la denuncia la legisladora federal indicó que se registró en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2022  la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró una serie de pliegos de observaciones que no se han solucionado, ni solventado, “ya pasó el tiempo y sigue el quebranto sin resolverse, y lo peor no se tienen responsables sancionados, para efectivamente combatir a la corrupción se debe sancionar a todo funcionario público corrupto que haga mal uso de los dineros públicos, ya que es una afrenta a todos los mexicanos que pagamos impuestos”.

Solicitó a la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero que instruya a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que integre la carpeta de investigación de los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito, colusión de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito de servicio público y tráfico de influencias en agravio de la hacienda pública federal de aquel o aquellos funcionarios del IPN que resulten responsables de los probables delitos de corrupción denunciados.

Apuntó, “está ahora en las manos de la Fiscalía. Esperemos hagan bien su trabajo y presenten ante tribunales a los responsables de los hechos de corrupción suscitados en el Instituto Politécnico Nacional; corresponde a la Fiscalía identificar a los culpables y ponerlos a disposición del Tribunal de Justicia Administrativa”.

Comentó, este trabajo que realizamos en realidad corresponde a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, cuyo titular es el auditor Nemecio Arturo Ibáñez Aguirre, y la Unidad de Asuntos Jurídicos a cargo de Víctor Manuel Andrade Martínez.

Indicó, “a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y a la Unidad de Asuntos Jurídicos les incrementaron número de plazas en su última reforma al reglamento de la ASF del 2022. Las dos instancias están reprobadas por los nulos resultados que presentan, sus titulares son burócratas, inservibles para combatir la corrupción; son un grupúsculo de encubridores que está generando quebranto al pueblo de México”.

También, los diputados por el Partido Acción Nacional (PAN) Óscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa y César Augusto Rendón García, coincidieron en que debe haber transparencia e investigación de los hechos, los casos de acoso, fraude y corrupción que afectan a empresas contratistas del IPN son de una gravedad alarmante.

El diputado por Tamaulipas Almaraz Smer desglosó ejemplos concretos, como la afectación a las firmas Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI) y Banana Technologies Group, que han dejado en evidencia el sistema de «moche» que permea algunas transacciones.

Aseveró, detrás de estos actos de corrupción están nombres y cargos como Fausto Carlos Omar Ruiz Víquez Cuevas excoordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN, “es uno de los involucrados en esta trama de irregularidades. Su huida ante una orden de aprehensión por delitos contra la intimidad sexual agravado y acusaciones por corrupción deja en evidencia la urgencia de esclarecer estos asuntos”.

Recordó, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) bajo la dirección del doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, tomó medidas concretas, la solicitud ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) revela la preocupación por la vulnerabilidad de los estudiantes del IPN ante la interrupción de servicios esenciales.

Insistió, “el papel de la Justicia cobra relevancia. La proyección de una inhabilitación a las empresas afectadas por el IPN, sin el derecho de audiencia y en ausencia de firmas de funcionarios politécnicos, levanta interrogantes sobre la verdadera protección del interés nacional a partir del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)”.

Subrayó, la corrupción en el IPN es una alerta para que reaccione la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Leticia Ramírez Amaya, “el futuro educativo, científico y cultural de México está en juego. La claridad, la transparencia y la responsabilidad deben prevalecer en la respuesta de nuestras instituciones y autoridades”.

Más casos que evidencian las irregularidades en el Politécnico

De acuerdo a una investigación de la organización civil Tojil salió a relucir que Javier Tapia Santoyo jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Marco Antonio Ramírez Urbina coordinador de imagen institucional del Instituto, están involucrados en un esquema de triangulación de recursos públicos por 3 mil 300 millones de pesos a través de una red empresas fantasma.

En el documento denominado “El Clan Biomédica: negocios, corrupción y complicidades detrás de la mayor empresa fantasma del sector salud” se refiere que tras una denuncia de la Secretaría de la Función Pública y de la entonces jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro Sánchez, ambos funcionarios fueron sujetos a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de recursos en 2022.

En la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753, se encontró una conexión entre Javier Tapia Santoyo y Marco Antonio Ramírez Urbina con la empresa Interacción Biomédica SA de CV que el propio SAT la identificó desde 2017 como la empresa que facturó operaciones inexistentes en el sector salud.

Aunado a ello en 2018 Javier Tapia Santoyo era director de mantenimiento del hospital 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, se autorizaron tres contratos a la empresa Biomédica por adjudicación directa por un total de 11 millones 147 mil pesos.

Posteriormente, Javier Tapia fue ascendido como administrador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), también fueron adjudicados contratos a Biomédica y otras empresas “fantasma” de las cuales Tapia y Urbina también están relacionados como accionistas de manera directa o indirecta.

Otra mancha más a la casa de estudios guinda y blanco

En enero pasado empleados del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) «Carlos Vallejo Márquez» número 10 del IPN tomaron las instalaciones y las cerraron para denunciar acoso laboral y exigir la destitución de la subdirectora Administrativa Interina del plantel politécnico María Yolanda Rivera Carranza, que al final de cuentas terminó siendo destituida de su cargo.

Aquella ocasión personal de apoyo y asistencia a la educación del CECyT 10 colocaron mantas y cerraron las puertas del plantel de educación media superior ubicado en San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que estudiantes no pudieron ingresar.

En esa ocasión Alfredo López secretario General Delegacional, denunció malos tratos, hostigamiento y el ofrecimiento de prebendas de manera corrupta, “entendemos que estamos afectando a los estudiantes, pero esto depende de la autoridad, ellos tienen la última palabra. Nosotros estamos aquí parados con la mejor intención de negociar».