Vigente la orden de detención contra extitular de la SSC Jesús Orta Martínez
José Ángel Somera
El II Tribunal Colegiado en materia penal del segundo Circuito del Estado de México, rechazó los argumentos presentados por la defensa del extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México Jesús Orta Martínez, con los que buscaba dejar con “efectos inmediatos” un juicio de garantías que se le concedió junto a 12 exefectivos de la desaparecida Policía Federal (PF) para frenar la orden de aprehensión librada por un juez federal en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El órgano jurisdiccional del Alto Tribunal resolvió dejar infundado el recurso de queja presentado y determinaron que el amparo concedido a los quejosos no es “liso y llano”, sino que fue para “efectos”, para que un juez de Control subsanara los vicios formales al momento de ordenar la captura en su contra por los ilícitos referidos.
En el recurso jurídico presentado por los abogados de Orta Martínez, se basaron sus alegatos en las dos recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado Mexicano que ordenan regular el tema de la prisión preventiva oficiosa.
De esta manera los magistrados del citado Tribunal Colegiado expusieron que la Corte IDH ordenó al Estado Mexicano llevar a cabo como medidas de reparación integral, entre otras, el adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, y llegó a la conclusión que varios aspectos de tal figura resultan incompatibles con la Convención Americana.
Recordaron que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011, estableció que los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante ese tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, “también concluyó que cuando existe restricción expresa en la norma constitucional, ésta deberá prevalecer, … el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa”.
Los antecedentes del caso señalan que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez, después de comenzar una carpeta de investigación que se derivó a partir de una denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SS y PC), en ella se detectó un desvío de recursos de 2 mil 500 millones de pesos, por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Tras lo anterior, un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el CEFERESO 1 de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró la orden de captura el 7 de agosto de 2020, por los supuestos delitos antes mencionados.
Orta Martínez fungió como secretario general de la Policía Federal, así como los 12 exuniformados de la extinta PF, promovieron un amparo, el juez V de distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, les concedió la protección de la justicia federal, solo para que se dejara sin efecto la orden de captura, se convocara a una nueva audiencia y se escucharan los argumentos de ambas partes, así como que se valoraran datos de prueba y resolviera con libertad de jurisdicción. El año pasado se volvió a librar el mandamiento judicial en su contra, y los quejosos volvieron a obtener el amparo, y una vez más se ordenó al juez de Control una nueva audiencia para subsanar “vicios formales”.
Junto a Orta Martínez obtuvieron el recurso legal el exsuboficial en la PF Edgar Ulises Calderón Luna, quien tenía bajo su mando el manejo de recursos, Carlos Hipólito Rivera Codina adscrito a la División de Fuerzas Federales y en la Guardia Nacional (GN) fue director general de Servicios Especiales. El exdirector de Área en la División de Fuerzas Especiales de la PF Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, el subdirector de área en la Dirección de la Tesorería de la PF Osvaldo Martínez Hernández.
Así como Leopoldo Martínez Escamilla, Carmen Patricia Quiñónez Piña, José Manuel Correa Flores, Israel Luna Espinosa, Verónica Tlahuitzo Pérez, Jorge Carlos Ruiz Alavez, María Eldy Sosa Calderón y Everardo Guzmán Linares.
La Interpol emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la Policía Federal Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez. Frida Martínez era considerada muy cercana al exsecretario de Gobernación, senador y ahora expriista Miguel Ángel Osorio Chong, ocupó puestos estratégicos en el sexenio pasado.
