FGR ya no puede detener a Rosario Robles por delincuencia organizada
José Ángel Somera
El juzgado IV de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, concedió el juicio de garantías a la extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita recurso, la cual quedó sin efecto, debido a que el juez de Control que la libró no fundamentó ni motivó su resolución.
Asimismo, el juzgado de amparo instruyó al juez de Control que emita otra resolución de manera fundada y motivada acredite la necesidad de cautela, así como la “existencia” de los mencionados delitos y su probable intervención de María del Rosario Robles en los ilícitos referidos.
En su resolución el juzgado de amparo mencionó que el amparo es para efectos de vicios formales, por lo que no vincula a negar en automático la orden de aprehensión sino realizar un nuevo estudio de la solicitud de orden que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) con libertad de jurisdicción por la responsable.
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero ya promovió un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, quien tras el análisis del caso resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia.
La FGR obtuvo de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México la orden de captura contra la exfuncionaria federal el 31 de octubre de 2020, la cual nunca fue cumplimentada.
El juez del CEFERESO 1 consideró conceder la petición de la FGR debido a que acreditó la necesidad de cautela, con base a la capacidad económica de los indiciados en dicha causa peal, así como su facilidad de abandonar el país y sustraerse de la acción de justicia, … “a juicio de este juzgado, estas razones expresadas por el juez responsable son insuficientes para considerar que la resolución reclamada está suficientemente fundada y motivada en cuanto a la existencia de necesidad cautela”.
El juzgado de amparo indicó que tampoco es suficiente para librar una orden el monto del daño patrimonial del delito investigado, lo cual sería contrario al principio de presunción de inocencia, ya que implicaría que en todos los casos en los que se investiga un delito pecuniario exista necesidad de librar una orden de captura.
La FGR sostuvo que no solo existe peligro de que la exlíder nacional del PRD huya de la justicia, sino que también pueda “obstaculizar” la investigación, además de su “desmesurada capacidad económica” y por representar un riesgo para los testigos, por lo anterior el impartidor de justicia consideró que el máximo de la pena y la prohibición de sustitutivos no eran factores válidos para determinar la necesidad de cautela, pero luego se refirió únicamente a la capacidad económica como factor determinante para librar la orden, pero, no precisó qué constancias sometidas a su consideración por la FGR eran las que consideró para establecer esta capacidad económica de las personas indiciadas, en específico de la quejosa, es decir, con qué datos de prueba estimó acreditada la capacidad económica de la solicitante y por qué consideró que esta capacidad le permitiría abandonar el país o permanecer oculta.
La carpeta de investigación de la FGR estableció que durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2015, Rosario Robles estuvo a cargo de la desaparecida Sedesol, y del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018 de la Sedatu, lo que aprovechó para establecer los mecanismos de contratación ilícitos necesarias para realizar los actos que se conocen como “Estafa Maestra”, consistentes en llevar a cabo la adjudicación directa de contratos a entes públicos como son Universidades Públicas y Entidades de Radio y Televisión de los Estados.
También destaca las obligaciones contraídas por las Secretarías de Estado que representaba implicaban la subcontratación en un porcentaje mayor al 49%, mismas que se realizaron con empresas privadas que, en su mayor parte, son de las denominadas empresas “fachada”,
A finales de febrero una juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, exoneró a Robles Berlanga del presunto delito de uso indebido del servicio público, por ser supuestamente omisa de un presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.
