Bajo “la lupa” de la FGR la Unidad de Investigación del caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga las actividades de la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UILCA) durante la gestión del fiscal Omar Gómez Trejo, así lo dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quien advierte que con esto de inicio a una “cacería de brujas” y búsqueda de “chivos expiatorios”.
En ese sentido el integrante del GIEI Francisco Cox, manifestó su preocupación el inicio de las pesquisas contra la Unidad que dirigía Gómez Trejo, mismas que comenzaron a partir de agosto del presente año.
Manifestó, “si bien es cierto existe todo el derecho de iniciar auditorías, llama la atención al GIEI estas, no obstante, que en tres años de funcionamiento de la UILCA no se haya hecho ninguna auditoría, sino que sólo después de la solicitud de las órdenes de aprehensión, de las 83 órdenes de aprehensión se inicia una auditoría ordinaria”.
Señaló que el grupo sigue de cerca las auditorías que se están realizando, “se espera que no se trate de instrumentos de intimidación o persecución de la unidad especializada y del equipo que trabajó para la formalización y para la recopilación de evidencia para esclarecer el hecho de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Apuntó, “quizás el hecho más grave de intervención o intromisión en las funciones de la UILCA se observa cuando se solicita la cancelación de las 83 órdenes de aprehensión -la mayoría al juzgado II de distrito del Estado de México-”.
Comentó que durante la audiencia de vinculación a proceso del extitular de la extinta Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam, los agentes del Ministerio Público Federal adscritos al caso desconocían el expediente.
Cabe recordar, que el caso de la FGR se basa en declaraciones de testigos oídas, las cuales fueron “trabadas”, por lo que un juez federal resolvió que existen elementos que hacen presumir que cuatro militares tuvieron algún nexo con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, además de responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el expediente judicalizado que arrojó el auto de formal prisión a los involucrados refiere que los testigos protegidos aseguraron que se enteraron o sabían que recibían protección tanto de policías, autoridades y militares.
En la resolución donde se procesó al general José Rodríguez Pérez por el probable delito de delincuencia organizada, así como al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada, el juez consideró que existía una colusión de estas personas con los criminales.
