Amenazaba Cuauhtémoc Ochoa salarios de los trabajadores
Cuauhtémoc Ochoa Fernández ha sido destituido de la Comisión de Hacienda del Senado luego de su intento por impulsar la polémica iniciativa de «cobranza delegada», una medida que buscaba embargar de manera automática los salarios de los trabajadores para el pago de deudas con entidades financieras privadas. Esta propuesta generó un fuerte rechazo social al ser considerada un atentado contra los derechos laborales y un mecanismo que facilitaba abusos financieros.
La iniciativa, promovida bajo su gestión, habría permitido que los empleadores descontaran directamente de la nómina de los trabajadores los pagos de créditos adquiridos con bancos y otras instituciones. Esto dejaba a los empleados en una situación de vulnerabilidad, pues podrían haber perdido el control sobre sus ingresos, quedando expuestos a cobros excesivos y sin posibilidad de negociación con las instituciones financieras.
El intento de imponer esta medida se sumó a una serie de escándalos que marcaron su administración en la Comisión de Hacienda. Ochoa Fernández ha sido señalado por su papel en la aprobación de reformas que facilitaron la ejecución de juicios masivos contra derechohabientes del Infonavit, permitiendo que despachos jurídicos se enriquecieran a costa del patrimonio de miles de familias. Además, su gestión ha estado envuelta en acusaciones de corrupción y omisiones en su declaración patrimonial, incluyendo la presunta ocultación de propiedades de lujo en el extranjero.
Aunque su destitución ha sido presentada como un reacomodo político, la realidad es que las consecuencias de sus decisiones aún afectan a miles de trabajadores que pudieron haber quedado en una situación financiera insostenible si la cobranza delegada hubiera sido aprobada. Organizaciones civiles y sectores laborales han exigido que se revisen las políticas impulsadas bajo su gestión y que se garantice que ninguna reforma futura atente contra los derechos salariales de los trabajadores.
La caída de Ochoa Fernández refleja el creciente rechazo social a políticas que favorecen a grupos de poder en detrimento de la clase trabajadora. Su destitución deja en evidencia la necesidad de mayor transparencia en el manejo de iniciativas que impactan directamente en la economía de los ciudadanos, así como una exigencia por rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas durante su paso por la Comisión de Hacienda.
