SCJN desestima proyecto contra la reforma judicial
Debido a que no alcanzaron los votos necesarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto que buscaba declarar parcialmente inválida la reforma judicial.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el proyecto contra la reforma judicial se desestime y no se estudie de fondo, pues consideraron que no se iban a alcanzar los ocho votos requeridos para declarar la invalidez parcial de la reforma, de esta forma, el Pleno de la Corte acabó con el análisis del proyecto y la reforma judicial queda firme tal cual se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon el proyecto de Luis González Alcántara Carrancá para invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Como se sabe, el proyecto de González Alcántara Carrancá planteaba invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados de Circuito, la remoción masiva de jueces y magistrados, el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones, la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina, el régime aplicable para los Poderes Judiciales Locales y la prohibición de suspender normas generales en juicio de amparo.
Pero tal como se mencionó, la invalidación propuesta era parcial, por lo que de haber sido aprobado el proyecto se habrían avalado las medidas de austeridad para futuros cargos, la extinción de fideicomisos, la creación del Tribunal de Disciplina, la creación de un Órgano de Administración, el establecimiento de plazos para resolver sentencias, así como la elección por voto popular de ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal de Disciplina y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
La postura del ministro Alberto Pérez Dayán fue clave para desechar el proyecto, ya que su voto era necesario para alcanzar la mayoría calificada. Sin embargo, afirmó que la acción de incostitucionalidad era improcedente.
Durante la discusión, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, argumentó que ningún consenso, por más amplio que sea, está facultado para pasar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y mucho menos para derogar los principios fundamentales que definen a México como una República representativa, democrática y federal que se fundamenta en la división de poderes y en la protección de los derechos humanos.
La ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo: “El Constituyente dotó a cada poder de autonomía, y autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo las cosas que le atañen de manera directa, como lo es el perfil de sus funcionarios, esto es parte del legado del Constituyente”.
La ministra Loretta Ortiz aseguró que estaban obligados a dar una interpretación conjunta de la norma constitucional y norma internacional. Del mismo modo, sentenció que en ningún momento están facultados para inaplicar la Constitución.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, cuando supo la postura de Pérez Dayán, arremetió contra las y los ministros que planeaban aprobar el proyecto únicamente con seis votos. No obstante, reconoció el cambio de postura de Pérez Dayán.
“Nuestro reconocimiento a Pérez Dayán, a nuestras tres compañeras: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres. Se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de consciencia, dificilísima para él en el entorno del linchamiento, violencia, arrogancia que la Corte y ese sector de la derecha tienen”, declaró.
Si bien era conocida la postura de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz contra el proyecto, durante la discusión se sumó Alberto Pérez Dayán al bloque. De acuerdo con su postura, no respaldó la idea de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenten con facultades para invalidar una reforma constitucional a través de una reforma de inconstitucionalidad.
“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, mencionó.
Debido a esto, solamente fueron siete los ministros y ministras que respaldaron el proyecto de Alcántara Carrancá, por lo que quedaron a un voto de lograr la mayoría calificada. En dicho contexto, la ministra presidenta Norma Piña propuso someter a votación la cantidad de votos para proceder con el proyecto, es decir 8 o 6, como dice el nuevo texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Pese a ello, el Pleno resolvió que la mayoría calificada necesaria para conseguir la procedencia es de 8 votos a favor, motivo por el cual la SCJN desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. De esa forma, el proceso electoral para jueces, magistrados y ministros en 2025 continúa en pie.
Se trata de un mandato popular, pero, además, no se puede permitir que ocho personas estén por encima del pueblo y de los poderes de la república, afirma.
El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que, no se detendrá el proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados, ya que es una posición irreductible.
Cabe recordar que el Pleno de la SCJN acordó discutir el 5 de noviembre la propuesta de Juan Luis González Alcántara, que busca invalidar las disposiciones constitucionales relativas a la elección de jueces y magistrados, pero continuar con la elección de los ministros.
Fernández Noroña consideró que la renovación del Poder Judicial, lo que incluye a jueces, ministros y magistrados, es un mandato popular, pero, además, no se puede permitir que ocho personas estén por encima del pueblo y de los poderes de la república, porque eso sería condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación.
“Ellos que hablan de una república de división de poderes son los que están rompiendo el equilibrio de poderes y pretenden plantear la supremacía del Poder Judicial; eso es inaceptable”, expresó el legislador.
Mencionó que los comités de evaluación para la elección de las personas juzgadoras emitirán este lunes la convocatoria, para que los interesados en participar en la elección que se llevará a cabo en junio de 2025 se inscriban al proceso.
También informó que el Senado de la República declarará improcedente la declinación de 227 magistrados y 110 jueces, porque sus cargos serán elegidos hasta el año 2027.
En este sentido, aseguró que los y las personas juzgadoras que renuncien o decidan no participar en el proceso electoral, se les respetará su retiro con fundamento en su salario actual.